Acumulación
por desposesión en Colombia
Por
Hernando
Uribe Castro
Magíster
en Sociología, estudiante del Doctorado en Ciencias Ambientales de la
Universidad del Valle y profesor de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Autónoma de Occidente.
Para los agentes del capitalismo impulsores del
modelo extractivista en América Latina y Colombia, los elementos de la
naturaleza como el agua, la tierra, el subsuelo, el aire y el oxígeno, son
recursos que poseen una valoración económica al ser convertidos en materia
prima. Pero estos mismos agentes no realizan una valoración en términos de lo
que significa hacer uso de estos elementos de la naturaleza y de los impactos
que puedan ocasionar al cambio climático y a la variabilidad climática en los
territorios locales. Existe, así, una paradoja en la relación capital y
naturaleza.
En Colombia, esta paradoja se evidencia de manera
muy clara, cuando se plantea la necesidad de conservar y proteger los espacios
biodiversos, pero al mismo tiempo, los planes de desarrollo nacional, como lo
ha sido en Colombia el Plan “Prosperidad para todos” del gobierno del
presidente Juan Manuel Santos, impulsan megaproyectos extractivos con impactos
en las condiciones ambientales y sociales de muchos lugares del país con
agricultura extensiva como la caña de azúcar, represas y proyectos hidroeléctricos
(Urra 1, Anchicayá, Sogamoso, Quimbo, Pescadero Ituango, Salvajina), extracción
de minería como lomitas en el Cesar (carbón), minería de oro en Marmato y
Zaragoza, entre otros de los muchos casos existentes a lo largo y ancho de todo
el territorio nacional. Proyectos que vinculan al Estado que actúa como
promotor y fiscalizador aportando dineros del presupuesto nacional y las
Corporaciones globales con intereses privados, de la que también se benefician
las organizaciones globales del sistema financiero. Repercusiones que van a
expresarse en las condiciones de miseria y pobreza para millones de colombianos
así como la destrucción del todo el ecosistema natural. Estas son las borrosas
fronteras del Estado y los grupos privados.
Aquí es importante el concepto la acumulación por
desposesión propuesto por David Harvey en su libro “El nuevo imperialismo”
(2003) : “la mercantilización y privatización de las tierras y la expulsión por
fuerza de las poblaciones campesinas; la conversión de varios tipos de derecho
de propiedad (comunal, colectiva, estatal etc.) en derechos de propiedad
privada exclusivos; la supresión del acceso a bienes comunales; la
mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas
(indígenas) de producción y consumo; los procesos coloniales, neocoloniales e
imperiales de apropiación de bienes (incluido los recursos naturales); la monetización
del intercambio y los impuestos, en particular sobre la tierra; la trata de
esclavos; y la usura, la deuda nacional y más recientemente el sistema de
crédito.”
En Colombia esto se traduce en la ola de
privatizaciones y todo tipo de megaobras como hidroeléctricas, embalses, autopistas,
sobre los territorios locales y comunitarios, ahora convertidos en enclaves por
parte de las empresas y corporaciones para su explotación, con impactos severos
por las condiciones de despojo de comunidades y las dinámicas del
desplazamiento promovidas, no solo por el conflicto armado, sino también
promovido en nombre del “desarrollo”.
Frente a esta situación, existen reacciones
sociales, en forma de protesta y movilización social motivada por
organizaciones sociales, algunas de ellas, vinculadas a movimientos sociales. Protestas
muy recientes contra la privatización de la educación, la salud, los servicios
básicos (energía, acueducto, alcantarillado, entre otros), así como su
oposición a la crisis de la seguridad alimentaria, a las hidroeléctricas, la
extranjerización de tierras y a la monopolización de la tierra y la producción.
Todas estas protestas realizadas por los campesinos, grupos indígenas,
comunidades afrodescendientes, estudiantes, empleados del servicio de salud y profesores
oficiales entre otros actores sociales, muchas veces son criminalizadas. Algunos
líderes sociales han sido asesinados y otros amenazados o desterrados.
La sociedad civil, la academia y la comunidad en
general tenemos una obligación no solo de ser interlocutores ante el gobierno
sino de seguir pensando alternativas y expresando nuestra inconformidad con
estos gobiernos cuyas decisiones atentan contra el buen vivir de la gente y su
ambiente.
Columna de opinión publicada por EL PUEBLO, el 3 de noviembre de 2013
