Desalojados y reubicados del jarillón en Cali
Por:
Hernando Uribe Castro, Magíster en Sociología
Estudiante del Doctorado en Ciencias Ambientales, Univalle
Profesor Universidad Autónoma de Occidente
Profesor Universidad Autónoma de Occidente
Lo primero que deseo
señalar es que el fenómeno de ocupación del dique (jarillón) del río Cauca es
muy complejo. Porque es un fenómeno, que si bien, inicia hacia finales de la
década de los años setenta, sus verdaderas raíces provienen de los planes
“modernizadores” llevados a cabo por la élite política local, por allá, en las
décadas de los años cuarenta y cincuenta, cuando la élite, los inversionistas extranjeros y los propietarios con poder (terratenientes) pensaron esta región
como un territorio diseñado del que se podría sacar mucho beneficio por sus ventajas geográficas comparativas y competitivas.
Promovieron un
proyecto de diseño regional con inversiones del Estado y extranjeras, a partir
de obras como diques para recuperar áreas de las inundaciones, embalses,
canales, todo ello para favorecer la expansión de la caña de azúcar y, sobre todo, el negocio
de la tierra, con repercusiones graves para los ecosistemas y las comunidades asentadas sobre la zona plana.
A esto se sumó las
ineficientes políticas urbanas que siempre fueron desbordas por el crecimiento
de la ciudad y que nunca pudieron atinarle a los verdaderos problemas que se debían resolver.
También porque los
encargados de la diferentes administraciones municipales a lo largo de la
historia de la ciudad le dieron la espalda a este fenómeno y no lo evitaron
desde un principio, porque para ellos, esta población repercutía en importantes
número de votantes para acceder a los cargos públicos. Entre más comunidades pobres, mejor para ellos porque las podían dominar, controlar y, sobre todo, ilusionar a cambio de votos.
Por ello, este fenómeno de ocupación se debe entenderse en el contexto de
producción de la producción de la ciudad Cali y toda la dinámica regional que
sobre ella recae. Por ejemplo, durante los años sesenta y setenta la característica fue el caso de las olas migratorias y de desplazamiento de población de regiones próximas y lejanas por violencia, eventos
naturales, desplazamiento por el conflicto armado, búsqueda de oportunidades que conllevaron a que emergiera lo que hoy se conoce como el Distrito de Aguablanca y los asentamientos sobre las zonas de
ladera.
Hoy Cali, es una
expresión clara de lo que en geografía y sociología urbana se conoce como la segregación socioespacial.
Entonces, con este
antecedente, la ocupación del dique es un
fenómeno urbano de tal magnitud cuya solución no podría plantearse únicamente desde una
perspectiva técnica-instrumental, como precisamente percibo, se está llevando a cabo por los tecnócratas que de
vez en cuando salen a dar declaraciones espantosas en nombre del Estado y
señalando sin distinción que todos pobladores del jarillón son unos “invasores”.
El dique no es una línea de ocupación homogénea. En él, habitan comunidades que aparecieron en distintas épocas y bajo condiciones diversas, con intereses diversos y diferentes motivaciones. No es lo mismo “Nuevo Amanecer” a “Floralia” o a “Navarro”. Tampoco lo era en su momento “Villa moscas” con “Los Samanes del Cauca”. Cada asentamiento es muy particular y cada asentamiento tiene su propia estructuración. Una solución que pretende como tábula rasa, arrasar con todo, sería una solución fallida como ejercicio de una violencia del Estado.
En casos como Los Samanes del Cauca, fue la misma agencia del Estado quién ubico las primeras familias ahí con contratos y pago de arriendo. ¿Cómo es posible entonces que ahora se diga que son invasores? Los mismos agentes del Estado produjeron la ocupación.
El fenómeno de ocupación del jarillón requiere, por
tanto, de una solución integral e integradora que involucra e involucre muchas
dimensiones, que percibo, no se han tenido en cuenta por parte de la Administración.
Pienso entonces, que el proceso de desocupación del jarillón no es solo de
desalojar las familias (5 más personas por hogar) y reubicarlas en viviendas de 35mts2. Esa es la salida más patética, facilista e
irresponsable, cuando se ha negado la multidmensionalidad de lo que
verdaderamente implica una solución.
Tratar a estas comunidades como "invasoras" es expresión
dañina que estigmatiza la dignidad de las persona asentadas (que son seres
humanos), generaliza una idea confusa de lo que ha sido la historia de la
ciudad y construye una representación en la opinión pública errónea y que ahora
recae sobre estas comunidades como seres “indeseables” que afean y afectan la
ciudad. Lo que quiero decir es que el discurso aquel que señala a estas
familias como “invasoras” es un discurso verdaderamente falso.
En los casos que he
estudiado -y lo expreso con total responsabilidad, convecinimiento y conocimiento de causa porque he estado en las zonas, conozco las personas y se lo que son -, las comunidades siempre han manifestado que están dispuestas a
colaborar con las soluciones que plantee el Estado, siempre y cuando, se hagan dentro de los espacios legítimos de participación, de respeto y defensa de los
derechos, así como de concertación, escucha y construcción colectiva con la
comunidad.
Incluso, algunas comunidades tienen como propuestas de solución modelos de viviendas agroecológicas, planes y proyectos a la espera que las administración municipal les escuche para dárselos a conocer. Las comunidades no se han negado a colaborar con una solución efectiva de esta situación.
Creo que el fenómeno
de ocupación y desocupación del dique deja ver de modo claro los problemas de
un Estado colombiano, cuyas agencias y agentes, a veces inoperantes para
resolver de modo inteligente los problemas de la sociedad, terminan
reproduciendo no solo la violencia física y simbólica, sino acrecentando el
problema. El caso de Potrero Grande es un excelente ejemplo.
En jarillón,
expresión clara del abandono de parte de las administraciones municipales que
eran las responsables junto con otras agencias del Estado, encontramos
campesinos, microempresas, negocios, zoológicos, granjas, viveros, residencias,
empresas de plástico y todo lo que Usted se pueda imaginar. Incluso en el Corregimiento de Navarro,
la escuela, la policía y el centro de salud, que son instituciones del Estado, que fueron construidas por el Estado, están ubicadas sobre la línea del jarillón, precisamente, sobre la zona de inundación del
río. ¿Son la escuela, la policía y el centro de salud invasores también?
Finalmente, deseo expresar que es patético escuchar y leer lo que muchas personas dicen sobre estas comunidades tratándolas de la peor forma como por ejemplo: "invasores", "chusma forastera", "plagas bíblicas", "malviventes" entre otras denominaciones y señalamientos lamentables; y lo hacen desde sus lugares confortables siendo ignorantes, patéticos, total desconocedores e ingenuos de lo que ha sido la historia de la ciudad en la que viven. Dicen por decir, sin criterio y de modo irresponsable. Son personas que terminan repitiendo lo que repiten los medios, porque no son capaces de crear su propio criterio. Terminan siendo como muñecos de ventrílocuo de circo.
