Prácticas de corrupción
Por:
Hernando Uribe Castro
Doctor en Ciencias Ambientales
La corrupción se expresa hoy como principio
orientador en los sectores políticos que tienen a su cargo ese microcosmos social
que es la administración del Estado, y en el que los agentes que actúan y lo
dinamizan, lo hacen bajo las argucias del principio “Democrático”.
Como práctica, la corrupción y sus diferentes repertorios se extiende en todos los niveles de la administración local, regional y nacional, acompañada de actos ilegales que se hacen pasar por “legales”, y en casos extremos, de hechos criminales que se legitiman con discursos nacionalista: “todo es por el bien del país”.
Día a día, surgen denuncias ciudadanas que ponen en evidencia estos actos de crueldad, suciedad política y criminalidad. Florecen nuevos casos de corrupción -que se suman a los ya existentes en las diferentes esferas de la institucionalidad-. Pueden ser acciones de corrupción individual (por ejemplo, actos de corrupción de agentes de gobierno), o grupal (redes de autoridades), e incluso, pueden ocurrir en aquellos espacios que se suponen, fueron construidos institucionalmente para el control y la vigilancia del manejo público, como sucedió en un país latinoamericano [1]
No basta con el asombro para percibir que cada nuevo hallazgo de corrupción parece superar en gravedad los casos anteriores. Los costos económicos, sociales, políticos -y sobre todo éticos-, de los estragos de la corrupción son muy altos para una sociedad considerada como una de las más ignorantes, inequitativas y desiguales del mundo. A pesar de ser tan grandes y visibles para todos, con regularidad, son los medios internacionales los que dan a conocer estos asuntos mucho más de lo que lo hacen los medios nacionales. Y si por alguna razón, los casos son presentados por los medios nacionales, estos tienden a banalizarlos y restarles toda la importancia mediante la manipulación mediática.
La dificultad con la corrupción es que no solo se profundiza por el actuar de los agentes de Estado y de todas sus redes que se entretejen, sino también por todos aquellos sectores de ciudadanos que admiten, sin discusión alguna, la idea de que las prácticas corruptas son un mecanismo “necesario” para el buen y efectivo funcionamiento del Estado. Sectores que toleran y legitiman acciones corruptas.
Ciudadanos que ofrecen su voto y eligen a “políticos” que son cuestionados éticamente y jurídicamente por su pasado, por los grupos a los que pertenecen y se adscriben, o por las personas de quienes se rodean y que los acompañan en los mandos del gobierno. Incluso, algunos sectores de la sociedad perciben a estos agentes embriagados de corrupción, como excelentes ejemplos de éxito: audaces, vivos y creativos. Es frecuente escuchar expresiones como: “No importa que robe un poco con tal que haga algo por el país”.
La corrupción al estar presente en ese
microcosmo social que es el campo de la administración del Estado se fortalece cuando,
por ejemplo: a) existen múltiples escalas de decisión y burocracia
institucional; b) donde es tan amplia, grande y marcada la fragmentación del
Estado, que no existen medios de control para poder intervenir en cada uno de
los rincones del entramado institucional; c) donde existe hacinamiento de personal en las
oficinas del Estado como agentes y/o delegados; c) donde existe poco control institucional
y dificultades para llevar a cabo las respectivas veedurías ciudadanas frente
al gasto público y los recursos económicos; d) y donde hacer una denuncia ante
las instituciones del control o ante la justicia puede producir un alto riesgo para la vida de
quien hace la denuncia.
Estos son sólo algunos aspectos que caracterizan esa “magia social” que es la corrupción institucional y que se impone como si fuera una verdad, una ley social, siempre manifiesta y necesaria. Y es aún más riesgoso, cuando un grupo criminal disfrazado de partido político usa todo tipo de armas -incluyendo las armas de corrupción- para instalarse en el poder absoluto de la institucionalidad del Estado. Esto es, sin duda alguna, un gran peligro para el interés público y la sociedad.
No es extraño entonces que algunos agentes “naturalizan” estas prácticas corruptas para justificar sus acciones como si vinieran integrada al gen humano. Desconocen que éstas son enseñadas, aprendidas y replicadas socialmente. Saben a quién incluir y a quién excluir, diseñan tetras, usan un lenguaje y demarcan las relaciones de fuerza y los principios de división. Quién es comprable y quién no. No permiten intromisión alguna de alguien que desee transformar o desenmascarar. Tratan de controlar los medios, la justicia y las instituciones. Confrontan a muerte a sus detractores u opositores. Conocen muy bien su clientela.
La corrupción, por tanto, no es un “algo” esencialista
de la vida (en el sentido biológico) del ser humano, sino un proceso construido
social y culturalmente que está ligado al campo del poder y de la
administración del Estado y de la necesidad de quienes lo ejercen para acceder
a bienes económicos y materiales para su propio beneficio o el de su grupo más cercano.
Esto induce a una profunda revisión no solo del Estado sino de quiénes hacen el
Estado y de quienes lo administran tras bastidores.
La corrupción como práctica política institucionalizada se ha convertido en una limitante y en uno de los más graves problemas para la distribución y el accionar de la justicia y la recomposición del tejido social humano. En un problema de tamaño mayor que se trata de ocultar mostrándolo al ojo ciudadano, mientras las instituciones y la economía familiar vienen desangrándose a montón por las redes de grupos especializados en desfalcar la sociedad. Grupos que, enmascarados bajo el disfraz de lo “Democrático” y del “Bien Común”, en verdad pueden considerarse como organizaciones delincuenciales.
Son los grupos sociales más desfavorecidos, marginales y excluidos los que enfrentan las consecuencias de este atraco, esta violencia y esta represión que a veces se impone como acto legal. La eficacia en el ejercicio de la corrupción tiene que ver con la eficacia del “atolondramiento” que se le produce a los individuos de la sociedad con el esparcimiento de la mentira; con la reproducción del miedo; con la difusión de la violencia y el crimen; con el creciente espejismo del control social mediante decretos y normas hasta para poder respirar; y con la cantidad de impuestos de altos costos con los cuales se amenaza con poner la soga en el cuello de cada individuo.
Frente a ello, no queda más respuesta que
respuestas socialmente fortalecidas y poderosas cuyas bases reposan en la
acción y la movilización de la sociedad civil, las organizaciones sociales
(mujeres, lgbti, ambientalistas, comunitarias, juventud, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, entre
otros) que exigen un cambio estructural. La sociedad civil urge despojarse de
su ceguera colectiva, para cumplir y ejercer un papel más destacado,
preponderante en la demanda, la exigencia y el juicio (que llegue a todos los
niveles hasta tocar los escenarios jurídicos).
Participar en procesos de re-educación, incitar hacia una cultura política y participativa del ciudadano, es clave para que se fortalezca esa transformación del entendimiento y la comprensión: cero tolerancias a la corrupción. Más pensamiento crítico, reflexivo y aporte académico-intelectual capaces de discutir y proponer colectivamente acciones que contribuyan a construir unas renovadas acciones de hacer política.
La corrupción no solo produce la pérdida de bienes y de capitales económicos, sino que reproduce la violencia, la muerte y la crisis de los principios éticos. La sociedad civil tendría que comprender que la corrupción no es solo un fenómeno interno, sino que es una actividad que se practica también en las redes de la dinámica de la economía-mundo capitalista, que es el principal motor que condiciona la sociedad, el Estado y, por supuesto, el Mercado.
[1]
Uno de los casos más conocidos en todo el mundo en los últimos años, fue el de las prácticas de corrupción realizadas por el fiscal anticorrupción en Colombia que hoy se encuentra tras las rejas y enfrentando la justicia. Este es uno de los casos que ha hecho que éste país se reconozca como uno de los más corruptos en el mundo.
