COMUNICADO
CIER
FRENTE
AL DESASTRE AMBIENTAL
El
Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región del Pacífico Colombiana
-CIER- considera indispensable hacer pública una opinión sobre uno de los aspectos
que se tocó en la instalación de la Mesa de Negociaciones entre el Gobierno
Nacional y las Farc, que tiene que ver con la explotación económica del medio
ambiente y su impacto sobre la sostenibilidad y bienestar de la sociedad
colombiana.
Este
tema ha sido planteado desde hace un tiempo por prestigiosos columnistas
nacionales, provenientes del medio académico. También se hizo explícito en el
Informe Nacional de Desarrollo Humano “Razones para la Esperanza” (Pnud, 2011),
e igualmente ha sido denunciado con coraje por la Contralora General de la
República. El tema fue retomado en la presentación de las Farc y se resume en
la idea, de unos y de otros, según la cual “Colombia
está al borde de un desastre ambiental”.
En
el Plan de Desarrollo, el Gobierno no sopesó los impactos sociales y
ambientales que podía tener la llamada locomotora minero-energética, que está
jalonado el crecimiento del producto, en medio de una creciente desigualdad. Es
importante tener en cuenta que la locomotora viene funcionando, acogida a una
modalidad de desarrollo cuestionable que se puede caracterizar como un enclave
minero contemporáneo. En pocas palabras, se ha autorizado legalmente la
extracción de minerales por empresas multinacionales, con una alta rentabilidad
para éstas, pero con reducidas regalías para la nación, exportando los
minerales sin valor agregado alguno en el país, generando un empleo reducido,
en medio de una población en situación de pobreza y con un impacto negativo
irreversible sobre el medio ambiente.
La Contraloría General de la República ha llamado la
atención, recientemente, sobre el caso de la renovación del contrato de
Cerromatoso. Denuncia que la explotación del ferroníquel no cuenta con una
licencia ambiental y que aquella otorgada en 1982 se queda corta ante los
requerimientos ambientales mucho más exigentes hoy en día. Firmar un nuevo
contrato, sin estas exigencias, puede llevar a un acto ilegal. La situación
particular de Cerromatoso, con un
contrato que no llena los requisitos legales, en cuanto al pago de regalías y
los requisitos ambientales, se puede generalizar para las contrataciones que se
están haciendo a lo largo y ancho de la geografía nacional, con diversas
compañías, muchas de ellas multinacionales, con la explotación del carbón, del
oro, del petróleo, del coltán, entre otros.
Esta situación remite a la debilidad estatal para controlar y
regular en beneficio colectivo la explotación de los recursos naturales. Con la creación del Ministerio del
Medio Ambiente y la reorganización del Sistema Nacional Ambiental, SINA (Ley 99
de 1993), Colombia no sólo ratificó su
respaldo a la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), sino que creó una
serie de instituciones y procedimientos tendientes a proteger, conservar y
aprovechar de maneras sostenible los recursos y las ventajas comparativas
ambientales que un país biodiverso ofrece. Pero,
lo que ha venido sucediendo en el país, especialmente en lo corrido del
presente siglo, es el desmonte progresivo de la institucionalidad ambiental, dejando
el manejo y aprovechamiento del medio ambiente como un asunto marginal, sin
tener en cuenta su impacto social territorial, con tal de favorecer la
explotación y exportación del mineral. Incluso, en zonas biodiversas, como en
el Chocó Biogeográfico, en donde existen experiencias de titulación colectiva
(Ley 70 de 1993), se han puesto en práctica concesiones sin mayor control
estatal ambiental.
En
estos momentos Colombia asiste al boom
de la minería, en especial del oro, con graves consecuencias socio-ambientales
y en medio de la presencia de actores armados, también de la guerrilla, al
igual que otras bandas criminales que tienen intereses económicos en el
negocio, en medio del conflicto armado. El panorama de la bonanza minera es
complejo y muchos la califican como
‘bonanza maldita’.
Ante
las difíciles y complejas realidades que la minería muestra y de manera más
general, ante las nefastas consecuencias ambientales y sociales de un modelo de
enclave extractivo que viene imponiéndose, el CIER propone a la
opinión pública en general, al Gobierno, a los miembros de la mesa de
negociación de Paz, con referencia específica al tema de la tierra y del
territorio, así como al medio académico, los siguientes puntos en relación con
la explotación minera en Colombia:
1. La afirmación que en Colombia existen
territorios que deben estar excluidos de cualquier explotación minera. Se trata
de territorios, como los páramos, los bosques de la amazonía, los bosques
primarios andinos y del Pacífico que se deben preservar para beneficio de la
humanidad.
2. El reconocimiento que la actividad y la explotación minera es posible en un país
como Colombia, pero bajo claro control estatal y dentro de parámetros de
beneficio económico, social y de sostenibilidad ambiental.
3. La aceptación de la existencia de
varias modalidades de explotación minera, siempre y cuando sean ambientalmente
sostenibles. Pueden presentarse casos puntuales y justificables de gran
minería. Pero no es aceptable su funcionamiento bajo el modelo regresivo de un
enclave minero. La retribución a la nación y a la sociedad local debe ser justa
y equitativa de parte de las grandes empresas. El daño ambiental debe ser
subsanable y no contradictorio con la sostenibilidad ambiental regional y
nacional.
4. Un llamado de atención sobre la
legitimación implícita de la minería de enclave que conlleva la diferenciación
entre minería legal e ilegal. El estado ha sido débil en el control de los más
poderosos, para los que se ha legislado. En perspectiva, la institucionalidad
estatal debe cubrir toda la actividad minera. Sin embargo, hoy en día se busca
sacar del negocio a medianos y pequeños mineros que no tienen las licencias
necesarias. Es indispensable legalizarlos, controlando también los efectos
sociales y ambientales de su actividad. En algunos casos, la actividad no se
podrá desarrollar. En otros, por el contrario se puede proceder, seguramente
con mayores beneficios que los que puede proveer la actividad minera
alternativa de una gran explotación empresarial.
5. Responder a la necesidad de
fortalecer todo el sistema institucional encargado del control ambiental y
territorial en Colombia, en particular desmontar la redes clientelares de las
CAR.
6. Atención, escucha, respeto y
reparación para las comunidades tanto por parte del Estado así como por parte
de corporaciones nacionales y globales, que agencian procesos extractivos que
dejan evidentes y fuertes impactos socio ambientales.
7. Un llamado a la sociedad civil y en
especial a las organizaciones ambientales y las instituciones académicas e
investigativas de todo el país, para que sean vigilantes y veedores de los
proyectos de exploración y explotación.
En
el marco de lo afirmado anteriormente, el CIER no considera que la actividad
minera deba excluirse de la política estatal de desarrollo per se, así como de los acuerdos que con ella se hagan en el
contexto nacional. Pero, los territorios escogidos para la minería deben ser
aptos para el desarrollo de dicha actividad, según criterios técnicos y
ambientales. La actividad sólo se puede desarrollar siempre y cuando se
aseguren procesos de mitigación y prevención de desastres y, ante todo, se
tenga en cuenta el beneficio para la población circundante y para la nación.
Dirección y
Colaboradores CIER
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Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana
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