Este es un espacio que propone reflexiones y debates sobre la inter-retro-conexión sociedad en la Naturaleza y la Naturaleza en la sociedad.

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lunes, 29 de abril de 2013

PROTESTA SOCIAL Y SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO EN CALI


PROTESTA SOCIAL Y SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO EN CALI[1]

Hernando Uribe Castro
Magíster en Sociología
Miembro del Centro Interdisciplinario de la Región Pacífico Colombiana, CIER
Universidad Autónoma de Occidente

La mañana del miércoles 20 de marzo marcharon por la vía al mar hacia la Alcaldía, 250 habitantes de la Comuna 1 en Cali. Lo hacían con pancartas y mensajes que expresaban la inconformidad por la falta de atención e incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Alcalde, con la comunidad y por el grave problema de movilidad y de conexión entre sus barrios con el resto de la ciudad, a raíz del funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo, MÍO. Pero esta protesta es sólo una de las otras tantas que se han presentado desde que el sistema entró en operación: las primeras manifestaciones fueron promovidas por los transportadores de servicio público en agosto de 2012. La protesta del 8 de febrero en las estaciones de San Pascual y San Bosco por la falta de buses hacia el oriente y norte de Cali; las tomas de estaciones del 13 de febrero donde 50 personas bloquearon la estación Andrés Sanín por la ineficiencia en el servicio. Las tomas de vías del 28 de febrero del 2013 por el mal servicio del transporte y por la cancelación de rutas de la empresa Coomoepal, en la que participaron colectivos cívicos, algunos estudiantes del colegio Santa Librada, vecinos y comerciantes.

Estas protestas y sus diferentes repertorios contra el MÍO, evidencia la inconformidad de una sociedad con un sistema que fue impuesto sin tener en cuenta las características particulares de la ciudad y de su población. Si bien, un sector de usuarios expresa aspectos positivos como el cambio estético de algunos lugares, limpieza y comodidad, otras comunidades expresan efectos negativos en términos de: a) incrementó en el tiempo de movilidad y de transbordos para ir de un lugar a otro; b) incrementó en el presupuesto familiar por pago de más pasajes; c) población que, excluidos de la red de transporte, hacen uso del transporte pirata; d) un sistema que no garantiza seguridad, buen trato y confort; e) una cultura ciudadana distante para el usuario. La respuesta más común de las autoridades a estas manifestaciones se expresa en acciones represivas con el Smad, lo que hace que la comunidad exclame: "somos usuarios, no agitadores".

La primera década del siglo XXI se caracteriza por el negociazo que, inversionistas privados en alianza con alcaldes, hicieron con la implementación de este mismo sistema en diferentes ciudades (Bogotá, Medellín, Manizales y Barranquilla, otras), haciendo creer que ese era la solución al problema de movilidad de las ciudades colombianas. ¿Acaso cada ciudad no es particular en términos de su configuración urbana y de sus necesidades de movilidad, para que, de un momento a otro, todas tengan la misma solución de transporte?

Sin entrar a señalar los aspectos técnicos que especialistas en el tema han expresado, es evidente que además de los problemas de planeación del sistema, primó más el interés de los inversionistas por producir ganancias, que por brindar solución a los problemas de movilidad de la ciudad.  El argumento más poderoso que demuestra esto es la falta de participación comunitaria en el proceso de diseño, implementación y, en general, en su puesta en marcha. No hubo un proceso de apropiación cultural dado que el sistema masivo necesariamente implica un cambio de la vida urbana cotidiana. Y a todo ello se suman, las implicaciones económicas y de tiempo para el usuario e incluso, para el subsistema productivo de una ciudad cuyos trabajadores se movilizan en bus.  

Evidencia este fenómeno, la neoliberalización de la ciudad como forma de reproducción de una sociedad dominada por las leyes y demandas del mercado y unos grupos que, aliados con gobernantes locales, ven en la ciudad el mejor lugar para incrementar sus capitales.





[1] Publicado por semanario El Pueblo. 27 de abril de 2013.

jueves, 25 de abril de 2013

El “NO” DEL CONGRESO AL MATRIMONIO IGUALITARIO PODRÍA FORTALECER EL MOVIMIENTO LGTBI


El “NO” DEL CONGRESO AL MATRIMONIO IGUALITARIO
PODRÍA FORTALECER EL MOVIMIENTO LGTBI

Por:
Hernando Uribe Castro
Magíster en Sociología

Los resultados de la votación del congreso el 24 de abril de 2013, con respecto al matrimonio igualitario en Colombia, (51 voto por el NO y 17 por el SI) develan que por más fuertes que sean los argumentos para defender la propuesta, esto no será suficiente si todavía quienes ocupan muchas de las curules de este recinto siguen desempeñándose a través de prácticas corruptas y clientelares.

Congresistas que actúan bajo su conveniencia de intereses particulares y no del bien común, así como tampoco con sentido democrático. El mejor ejemplo lo ofrece la denuncia que hace el periódico El Espectador con respecto al pacto firmado por Roy Barreras con una comunidad religiosa a cambio de votos: “El 'pacto cristiano' que enreda a Roy Barreras” (11-abril 2013). También el periódico El País informaba que:

El abogado Saúl Billar radicó en el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra del presidente del Congreso, senador Roy Barreras, por haber firmado un ‘pacto’ con la comunidad cristiana para no promover el matrimonio igualitario. La demanda se interpone por haber incurrido supuestamente en violación al conflicto de intereses y tráfico de influencias al haber firmado un compromiso con la comunidad cristiana que incluía, entre otros, la inclusión de algunos de sus integrantes en la Unidad de Trabajo Legislativo de Barreras.[1]

Probablemente este caso de pactos y acuerdos no fue el único que se dio por estos días. Lo que muestra este hecho es que, al parecer, los congresistas no toman decisiones pensadas desde las necesidades colectivas y del contexto democrático nacional, sino que se toman decisiones desde los intereses y creencias particulares legislando como si todavía el marco constitucional fuera la Constitución Política de 1886. Además porque este tipo de actuaciones va en contravía de su lugar como funcionario público al servicios de los intereses del conjunto de la sociedad.

Esto es grave porque sobre aspectos que trascienden a la sociedad, (como el aborto y la eutanasia) sobrepesan aspectos como la objeción de conciencias altamente clientelizadas y mercantilizadas. Se negocian conciencias. Un congreso que reproduce la falsa democracia.

Lo interesante de este caso, es que la negación que hace el congreso hoy, activa de inmediato las formas creativas, la búsqueda de más argumentos y las acciones de una comunidad que no solo está reconociendo el terreno que debe enfrentar, sino que también se ha dado cuenta del valor central que tiene para sí mismos el participar de otro modo en las elecciones populares de funcionarios públicos en todos los niveles del Estado. De la necesidad de participar en las veedurías ciudadanas y de la innegable necesidad de estar más al tanto de los acontecimientos y transformaciones políticos del país y del mundo. Esto conlleva a una profunda reflexión de la comunidad LGBTI con respecto a su participación y acción política.

Esta negación que hace el Congreso hoy, representará el fortalecimiento del movimiento LGBTI porque le exige ingresar en un proceso de autoanálisis y autorreflexión, que les permitirá reconocer a la comunidad homosexual también los errores cometidos para no volverlos a repetir. A que en adelante realicen un verdadero análisis de sus decisiones en términos de participación de modo más crítico y reflexivo en las elecciones populares y de la necesidad de hacer presencia más en los escenarios de participación. Gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales se han caracterizado por ser un colectivo inteligente, creativo, artístico, con la capacidad de generar importantes transformaciones para una sociedad más pacífica, más honesta, más integrada, más respetuosa y tolerante.

La creatividad de los homosexuales, y en general del LGBTI, se hará sentir en todo el territorio nacional y cobrarán factura a quienes dieron el NO en el Congreso en el proceso democrático nacional.  Este camino que seguirá su recorrido fortalecerá el movimiento en términos de unión, de red, de acercamiento a otros sectores sensibles e interesados en el tema, aquellos sectores, que están reclamando un cambio estructural en la política y en la forma de hacer política en Colombia. Como lo he expresado en otras oportunidades, Bourdieu consideraba que “Lo esencial era decir: no se mantengan aislados. Dado que por razones sociológicas, los homosexuales (al menos sus líderes) poseen un capital cultural considerable, podrían jugar un papel en el trabajo de subversión simbólica indispensable para el progreso social.” (Bourdieu, 1998)[2].

La Universidad, las organizaciones de derechos humanos tienen mucho que hacer también en este proceso de lograr una verdadera democracia y romper con las estructuras corruptas y politiqueras que desconocen que Colombia está cambiando y que hoy es más diversa.

Hernando Uribe Castro
Magíster en Sociología
Docente y Coordinador Grupo de Investigación en Conflictos y Organizaciones
Departamento de Ciencias Sociales - Facultad de Humanidades
Universidad Autónoma de Occidente
Tel. 3188000 Ext. 11458

Cali, 25 de abril de 2013.


[1] “Demandan investidura de Roy Barreras por pacto cristiano en Cali”. El País, abril 16 de 2013.

 [2] Entrevista realizada por Catherine Portevin y Jean Philippe. Tomado de la revista francesa Telerama (12 de agosto, 1998). En. Pierre Bourdieu BLOG.


martes, 9 de abril de 2013

MODELO EXTRACTIVISTA EN AMÉRICA LATINA


MODELO EXTRACTIVISTA EN AMÉRICA LATINA

Por:
Hernando Uribe Calvo
Magíster en Sociología

Una de las características del capitalismo global es precisamente la búsqueda incesante de riquezas mineras y posibilidades energéticas por parte de corporaciones globales que deambulan sin control por territorios latinoamericanos, africanos y asiáticos. En América Latina, por ejemplo, las comunidades vienen denunciando los efectos que este modelo extractivo tiene para su sociedad, para su futuro y para el medio ambiente.

Lo interesante de este asunto es que se pensaría que estos casos se presentan en aquellos países donde el neoliberalismo se ha aplicado de manera radical como en Colombia o Chile, pero resulta interesante que estos hechos también se están presentando en aquellos países con gobiernos progresistas, o gobiernos denominados así mismos como socialistas del siglo XXI.

Uno de estos países que transita los caminos del llamado  socialismo del siglo XXI es Ecuador. Allí, en esa nación, la Empresa Nacional Minera cuadruplica la explotación de oro bajo el lema “Minería responsable”. Según la RED OLCA, diferentes grupos de pobladores vienen rechazando la mega minería del proyecto Río Blanco en provincias de Ayabaca y Huancabamba en la región de Piura, Perú, y de la parroquia de San Andrés de Ecuador. Según los pobladores desde que llegó la minería los índices de violencia aumentaron.[1]

En 2012 el gobierno de Rafael Correa abrió licitaciones para explotación de 16 bloques petroleros sobre 200 mil hectáreas en el sureste de la Amazonía ecuatoriana, donde según el gobierno, no hay áreas protegidas. Este hecho despertó el rechazo de las comunidades indígenas que han realizado importantes manifestaciones en Quito, confrontando A la fuerza pública. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) expresó que "no creemos que la política petrolera sea la salida para el desarrollo. Al contrario, está demostrado que implica la destrucción de la Amazonía"[2].

En enero de 2013 las comunidades negras y pueblos indígenas de la zona norte de Esmeraldas realizaron un Manifiesto por el desastre del medio ambiente a causa del envenenamiento de los ríos y ataques a la vida. Exclaman: “Como pueblos indígenas y afroecuatoriano, reafirmamos nuestro derecho a los territorios ancestrales y pedimos que el Estado nos proteja…

Actualmente, comunidades desarrollan estrategias de defensa a través de medios legales o por las vías de hecho. Por ejemplo, indígenas ecuatorianos se encuentran en proceso de demanda a la CHEVRON por daños a sus comunidades y ambientes por 19000 millones de dólares a una empresa que gana 26000 millones de dólares al año.[3]

Como lo expresa Eduardo Gudynas (2011, p. 36)El empuje extractivista es tan intenso que, por ejemplo, la administración de Correa busca que Ecuador ingrese a la mega­minería a cielo abierto, y en Uruguay, un país tradicionalmente agrícola ganadero, el presidente Mujica defiende como una de sus principales metas comenzar la megaminería de hierro.”[4] ¿No es paradójico esto? ¿A qué juegan estos gobiernos? ¿Cuáles son sus verdaderos intereses? Pareciera que hay un afán de estos gobiernos por acceder a más y más recursos, así como atraer inversionistas privados para hacer convenidos con el Estado, bajo el discurso de querer mejorar las condiciones sociales. Pasan de un neoliberalismo a ultranza, a presentarse como progresistas, pero con graves consecuencias para el medio ambiente y las comunidades ancestrales y campesinas.

Mucho será el trabajo de resistencia, denuncia y de defensa que las comunidades y la sociedad civil en general tienen frente a los embates y retos que viene imponiendo, que impone y que impondrá el modelo extractivista del capitalismo en tierras latinoamericanas. Grandes retos también para la academia.

huribe@uao.edu.co



[1] RED OLCA, Comunidades de Ecuador y Perú rechazan proyecto Río Blanco y exigen consulta previa, 24 de noviembre de 2012. http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102597
[2] RED OLCA, Rechazo indígena a licitación petrolera a gran escala en la Amazonia. http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102624
[3] RED OLCA, Indígenas ecuatorianos llevan demanda contra Chevron a Argentina y Colombia. http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102488
[4] Gudynas, Eduardo. Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa. En, Más allá del Desarrollo, Quito: Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala, 2011.

martes, 19 de marzo de 2013

ENTRE CAINES Y ABELES


Por 
Germán Ayala Osorio, Hernando Uribe Castro y Elizabeth Gómez Etayo. Profesores de la Universidad Autónoma de Occidente.

¿Qué pretenden los canales privados de la televisión colombiana con las novelas y seriados que transmiten? Sin duda, canales privados y productores de noticias y de entretenimiento como CARACOL y RCN televisión, legitiman  un orden establecido a través de la producción y emisión de series como “El cartel de los sapos”, “Sin Tetas no hay Paraíso”, “Pablo Escobar, El Patrón del Mal”, “Corazones Blindados”, “Pandillas, guerra y paz”, y con la más reciente producción, Tres Caínes” (2013).

En nuestra sociedad, los medios de comunicación se han convertido en un agente más del proceso de socialización de la mayor parte de la población, así como también son los movilizadores de una gran masa de opinión pública y sobre todo, hoy más que nunca, son los especializados en la transmisión cultural. Esta realidad debería pesar en su responsabilidad con los contenidos, las ideologías y el sentido que transmiten, pues las palabras que producen los medios, de modo directo o indirecto, tienen importantes efectos sobre las creencias, puntos de vista y las formas simbólicas de percibir el mundo de millones de colombianos.

Desde hace varios años los colombianos estamos expuestos a un conjunto de producciones de los canales privados que reconstruyen una cierta versión del país y sobre las cuales debemos alertar. Programas que reproducen violencias simbólicas, descontextualizan los hechos históricos e imponen una falsa verdad bajo la excusa de contar la historia, o la ficción y que terminan polarizando de forma tendenciosa a la opinión pública.

Hoy en día es claro que los medios dominan la vida política e inciden en contextos científicos, culturales, artísticos, deportivos y hasta intelectuales, pues ellos tienen los instrumentos y los medios para seleccionar de estos campos lo que conviene y no conviene, lo que les representa ganancias o peligros, lo que une o lo que polariza. Es la televisión la que impone los temas y decide qué y quién es importante o no.

¿Realmente la televisión presenta lo que la gente quiere ver? Tal como argumentan los productores y libretistas, o será más bien que la gente termina aceptando y consumiendo lo que los canales de televisión proponen para ver. La televisión, mucho  más que las actuales redes sociales que circulan por internet, continúa siendo el medio masivo por excelencia. Tiene la capacidad de llegar hasta el último rincón de la geografía nacional y sobre todo, seduce a toda persona independiente de su edad, género, orientación sexual, etnia, credo religioso o político.

Teniendo en cuenta este contexto y como docentes universitarios interesados en formar una masa crítica, nos hemos dado a la tarea de que nuestros estudiantes reflexionen sobre cuáles son los alcances socioculturales y los fines político-económicos de algunos programas de la televisión colombiana. Los seriados mencionados en el primer párrafo son excelentes ejemplos para hacer un verdadero análisis de los efectos de la  televisión colombiana, y el actual seriado que tanta polémica está causando, Tres Caínes, es un excelente caso para ser analizado, dado que, por fortuna, existimos quienes aún no desenchufamos el cerebro cuando prendemos la televisión.

Como actores sociales, políticos y económicos de la sociedad civil es perfectamente legítimo que estos canales defiendan, valoren y propendan por el mantenimiento de unas condiciones contextuales, generadas por los sistemas político y económico que les benefician, en tanto hacen parte de la industria cultural y del entretenimiento. Canales de televisión, bancos, equipos deportivos, empresas y otras unidades de negocio hacen parte de emporios corporativos. Eso no está en discusión, pero lo que sí resulta cuestionable es su responsabilidad social y política en la contribución de una sociedad más democrática, máxime en momentos que pretende, de nuevo, acercarse a los caminos de la paz; así como su efectivo rol de generador de violencia simbólica, con la que millones de colombianos terminan identificándose, con monumentales vacíos históricos y pobres referentes éticos de las complejas realidades del país. De esta forma, termina diluyéndose la función social de estos dos canales.  

¿Por qué RCN habría de hacer eso? Sabemos que ningún producto comunicativo es ingenuo, como también, que el equipo de producción tiene amplia formación para dilucidar los efectos que tal o cual producto puede causar en el público televidente, de tal forma que lo que en apariencia puede no tener la intención de hacer apología a la violencia, al narcotráfico, a la guerra y en general, a promover valores antidemocráticos, termina azuzando la polarización de la opinión pública en un contexto de bajísima cultura política como el que tenemos en Colombia.

En este sentido, los seriados en mención, especialmente los Tres Caínes, terminan siendo una apología a la violencia,  exhibida de la forma más cruda y cruel, si pensamos en las miles de víctimas que consumen este programa. ¿Pensarían los productores de estos programas en los casi cuatro millones de desplazados que asisten a sus seriados? ¿Qué estarán pensando los padres y madres de familia de los actuales estudiantes de sociología y antropología, cuando en el seriado más exitoso de la televisión colombiana se dice que tales carreras son nidos de guerrilleros?

Estas series televisivas se construyen bajo dicotomías moralizantes culturalmente aceptadas, que azuzan la polarización nacional entre los buenos y los malos, las víctimas y los bandidos, lo correcto y lo incorrecto, lo legal y lo ilegal, entre otras, pero en contextos donde la venganza termina ocupando el lugar de la justicia, perdiendo, ésta última, su sentido y lugar social. Dichas dicotomías, puestas fuera de contexto histórico y político, contribuyen a la siembra de pérfidos valores sociales en una sociedad como la nuestra con una baja cultura política.

A lo anterior se suma que tenemos un sistema educativo precario e insuficiente que no está formando sujetos pensantes, sino ejecutores de funciones y al final, las masas terminan consumiendo aquellos productos de CARACOL y RCN como dogmas de fe y lo que es peor, aceptando como referentes éticos y morales las acciones y actuaciones de sicarios, paramilitares, militares y mafiosos, que confluyen en el inconveniente imaginario del violento, el agresor, el poderoso, el que viola las normas, el que ejecuta justicia por cuenta propia, el Gran Macho. El que viola, el que mata, el que pisotea, el que abusa, el que hace justicia por cuenta propia, dejando en el ambiente una total confusión entre justicia y venganza. En un país con un 97% de impunidad como el nuestro, este tipo de programas orientan a la gente para que resuelva pleitos, que son de resorte estatal, por cuenta propia. Es decir, promueve principios propios de un para-estatismo y mañana, nuevos grupos de justicia privada.

Vamos directamente a algunas  escenas  del seriado “Los tres Caínes” donde uno de los hermanos Castaño le dice al otro: hay que acabar con todo lo que sea de izquierda.  ¿Cómo recibirá esa sentencia las audiencias, el público televidente? ¿La compartirá? ¿La dilucidará? Mucho nos tememos que no, sobre todo cuando estos mensajes llegan a jóvenes carentes de información histórica y de contexto, y que no son capaces de diferenciar entre los hechos del pasado y los del presente.

No existe en la cultura política colombiana factores que promuevan el discernimiento. Lo más seguro es que los públicos televidentes asuman dicha sentencia de manera literal, textual, como un imperativo moral para alcanzar la paz y la convivencia. Y ¿Qué significa ser de izquierda en Colombia? Distinta sería la realidad si estuviéramos en Europa o Norteamérica, pero en el país del ‘Sagrado Corazón’ no ha podido florecer con éxito una izquierda importante que no sea armada. Aquí todavía es rarísimo hablar de que existe, como en el llamado primer mundo, una izquierda democrática. Por lo pronto, en Colombia, izquierda, sindicalismo y crítica al orden social establecido, son sinónimo de terrorismo, guerrilla y odio hacia la Patria. Todo lo contrario de lo que es.

Así, las frases del Clan Castaño estigmatizan a quien piense diferente al orden social establecido. Pues aquí se ha negado la disidencia y decir, como lo hacen Los Caínes-Castaño en otra escena, que se debe acabar con todos los que piensan es sugerir que pensar es peligroso,  dejando a los pensadores en una especie de lista de muerte, como si tuvieran que cuidarse de una especie de ‘cruzada ideológica’  con la anuencia de una sociedad intolerante, excluyente, violenta y un Estado débil y precario.

Da la sensación de que vivimos en los tiempos de la Inquisición.  Y hasta ahora, nada se ha dicho en los Tres Caínes sobre la otra cara de la moneda, esto es, sobre el discurso intolerante de la derecha y de la ultraderecha, cuyos intereses defendieron los hermanos Castaño. Gustavo Bolívar nos pide que dejemos avanzar el seriado. Mientras eso pasa, seguiremos discutiendo alrededor del por qué no se inició con la presentación de las víctimas ¡Por las víctimas! ¿Por qué, una vez más, nos toca ver a los victimarios? Como si no fuera suficiente con verlos en los noticieros.

Por ahora, debemos decir que el seriado empezó mal, destacando a los victimarios y no a las víctimas. Si la intención hubiera sido la de contribuir a la comprensión de la guerra en Colombia, las ciudades colombianas están llenas, a más no poder, de seres anónimos que la guerra, los paramilitares, la guerrilla y el propio Estado, sacaron de sus tierras. Y ellos están esperando su oportunidad de oro para hablar, para ser escuchados y sobretodo, para ser reconocidos. Insistimos, ¿Qué sentirán esas víctimas viendo de nuevo la cara de sus verdugos? Bolívar, en lugar de deconstruir la historia de los victimarios, representada en Caín, ¿por qué no hiciste una historia de los abeles? ¡De las víctimas!

Así entonces, nos ratificamos en que la frase hay que acabar con todo lo que sea de izquierda, puede ser recibida por las audiencias como un valor político en tanto quienes matan guerrilleros y gente de izquierda, estarían ayudando a construir un mejor país, una mejor democracia: “los héroes existen”. ¡Qué confusión! Mensaje que, sin duda alguna, puede permear a la población joven que con pocos elementos analíticos, históricos y reflexivos, entregados por una Escuela en crisis y familias disonantes, reciben el influjo de una industria del entretenimiento que no sólo busca ganancias, sino mantener unas condiciones contextuales ilegítimas, pero perfectamente racionales y convenientes desde la perspectiva de quienes ostentan el poder político. ¿Dónde está el Estado y  la Comisión Nacional de Televisión?

martes, 26 de febrero de 2013

CRISIS AMBIENTAL, MINA DE ORO PARA LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA


CRISIS AMBIENTAL, MINA DE ORO PARA LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA[1]

Por
Hernando Uribe Castro
Investigador CIER – Magíster en Sociología

Existe una relación entre crisis ambiental y corrupción. Los efectos tanto del periodo de lluvias intensas como el periodo de mucho calor en Colombia, nos invita a pensar dos cosas: primero, que tanto las fuertes lluvias como el intenso calor están afectando de manera clara el sistema de cuencas hidrográficas en donde está la población urbana y rural, pero que además, esto efectos también son producidos por el modelo de desarrollo económico y político que se instaló sobre estos lugares. Un modelo extractivo que acaba con bosques, cobertura vegetal protectora del suelo y que impulsa la expansión ganadera, la minería, la tala y quema de bosques, el desplazamiento de personas, entre otros.
           
Segundo, que esta crisis socio ambiental, producida por las actividades humanas, conlleva a un incremento en la producción de desastres como inundaciones en el campo y la ciudad, afectación de infraestructuras (carreteras, vías), así como también incendios forestales, sequía, envenenamiento del agua, la tierra y el aire. Frente a esto, el gobierno colombiano responde activando las alarmas por emergencia y  hace anuncios de importantes ayudas para atender estos eventos. El problema es que a la crisis socio ambiental se le suma una catástrofe que es perversa porque es intencionada y está arraigada en las prácticas políticas: la corrupción.

Ya lo anunciaba el periódico El País del viernes 11 de febrero: “Se hicieron ‘agua’ los dineros de ola invernal en el Valle del Cauca: El Valle del Cauca es el departamento que registra el mayor número de irregularidades por obras del programa Colombia Humanitaria que aún no inician o presentan grandes retrasos”. Solo un seguimiento atento a los medios periodísticos daría cuenta de los muchos anuncios de apoyos, recursos y dineros que se anuncian pero no tienen seguimiento. No se sabe si efectivamente esos recursos se concretan o llegan a quienes lo necesitan realmente. Por ejemplo, en el municipio de Roldanillo tumbaron un puente para hacer otro similar con el único propósito de contratar.[2]

El Informe Mundial de Corrupción 2011 señala que en los países donde precisamente existían dineros que se giraban a la atención de los problemas por riesgos por desastres naturales o medioambientales, se evidenciaba incremento de la corrupción[3]. Hoy en día los presupuestos nacionales incluyen recursos para atender desastres y eventos de calamidad, pero como estos eventos son procesos de largo plazo, los controles administrativos casi que son imposibles y muchos grupos de poder, líderes y gamonales, se están beneficiando de esta crisis socio ambiental. 

Debe el Gobierno de Santos, en representación del Estado, activar todos los dispositivos y equipamientos para atender, favorecer y defender a los ciudadanos que se encuentran dispersos a lo largo y ancho del territorio nacional afectados por las crisis socio ambientales, pero también llamar la atención de los organismos de control, Procuraduría y Contraloría, para vigilar la función pública, en especial lo que tiene que ver con la efectiva y eficiente administración de cuantiosos recursos fiscales, que deslegitiman al Estado y naturalizan la corrupción.

 






[1] Este artículo fue publicado por El Pueblo, sábado 23 de febrero de 2013.
[2] “Informe: los puentes ‘voladores’ que no han logrado convencer en Roldanillo.  El Valle del Cauca es el departamento que registra el mayor número de irregularidades por obras del programa Colombia Humanitaria que aún no inician o presentan grandes retrasos.” El País, 8 de febrero de 2013.
[3] Informe Mundial de Corrupción “Cambio Climático”. Estados Unidos: Transparency International, 2011.


lunes, 18 de febrero de 2013

LA INSEGURIDAD CIUDADANA NO SOLO ESTA EN LAS CALLES


LA INSEGURIDAD CIUDADANA NO SOLO ESTA EN LAS CALLES

Por
Hernando Uribe Castro
Magíster en Sociología

Es necesario aclarar que la seguridad de los ciudadanos se ha enfocado a los problemas de la calle y del espacio público, como si la inseguridad fuera provocada solo por ladrones, bandas criminales y desadaptados. Para eso, las autoridades y los gobiernos enfocan esfuerzos y una gran cantidad de recursos para  el aumento de autoridad armada como militares, policías, tecnologías para la vigilancia y políticas de seguridad.

Pero se olvida que la inseguridad de los ciudadanos también está en algunos de los espacios públicos de las instituciones del Estado, donde la criminalidad, la corrupción, el clientelismo y la politiquería atentan contra la integridad de todos y todas.

Ejemplos sobran, tales como: la corrupción dada en el sistema de salud colombiano que produjo no solo la mercantilización de la salud, sino también, y de modo directo, la pésima e ineficiente atención de muchas personas que perdieron la vida esperando atención en una sala de espera de un hospital o clínica; agencias del Estado que debían realizar las obras necesarias para evitar que temporadas de invierno y/o sequía no afectaran la población de la forma como lo habían hecho, pero que al final de cada evento, fueron evidentes los estragos, el desastre y la muerte de muchas personas por la ineficiencia y la corrupción; inseguridad educativa; la parapolítica como expresión de esa inseguridad que vivió el país en tiempos recientes, así como las organizaciones criminales aliadas con políticos y gamonales regionales que hacían presencia en los espacios de decisión y de inteligencia más importantes del país; la inseguridad que produce un sistema financiero que clienteliza a toda una población. Las agencias del Estado encargadas del control del mismo Estado parecen insuficientes frente a tantos casos de delitos cometidos contra la misma nación por sus mismos agentes. Todo tipo de funcionario público operando en las instituciones del Estado desde la corrupción y la criminalidad.

Esa es la otra inseguridad que viven los colombianos. En este sentido, es necesario repensar la sociedad colombiana desde otros ángulos. Exigir la seguridad producida tanto por las instituciones del Estado en ellas mismas, así como la seguridad en el espacio público tanto urbano como rural. Limpiar las instituciones del Estado de criminales y corruptos es necesario para transformar la institucionalidad del país y para lograr la garantía de la responsabilidad  del Estado con sus ciudadanos.

Parece que en Colombia se administra la inseguridad y no la seguridad pues algunos funcionarios públicos enfocados a procurar el bienestar y la integridad de los colombianos son quienes en realidad están fomentando todo tipo de daños y perjuicios, que, en vez de prometer un camino hacia al bien común, donde tomen medidas profundas y maticen de raíz, terminan aportando soluciones a problemas más triviales, que ante el público, parecen ser más efectivas como la captura de un gran delincuente, o un  plan antirrobos, o la investigación de grupos criminales.

Lo que es extraño, es que, por más capturas que hagan, por más inversión que se promueva y por más discurso que demuestre que lo que se está haciendo, los hechos evidencian que todo ha sido, es, y sigue por el mismo camino, y que los colombianos tanto en los espacios institucionales como en el escenario público y de la vida cotidiana siguen experimentando la reproducción de la inseguridad.

18 de febrero de 2013



jueves, 14 de febrero de 2013

PRODUCCIÓN SOCIOESPACIAL DEL MIEDO URBANO EN CALI


PRODUCCIÓN SOCIOESPACIAL DEL MIEDO URBANO EN CALI[1]

Por
Hernando Uribe Castro
Magíster en sociología

Las ciudades colombianas se han convertido en escenarios que materializan las diferentes estrategias de sus pobladores para enfrentar los múltiples sentimientos de miedo que se producen al vivir en estos contextos de sociedad: estrategias que van desde los diseños de viviendas, urbanísticos, industriales y comerciales, hasta los diferentes mecanismos de control sobre los mismos espacios y escenarios públicos. Estas expresiones se pueden comprender como formas de resistencia para aminorar, manejar, mitigar y disminuir el miedo urbano.

Hoy en día, los sistemas modernos de seguridad y vigilancia se encuentran en las grandes organizaciones así como también se pueden apreciar en algunos barrios, conjuntos cerrados o sectores populares. Las rejas y las cámaras de seguridad instaladas en muros, postes de alumbrado, puertas, ventanas, terrazas, ascensores, balcones y gradas, con sistemas de alto voltaje, son herramientas que se utilizan para enfrentar y apaciguar el miedo.

En calles, plazas y parques existen algunos anuncios hechos por las autoridades o por la misma comunidad con contenidos preventivos y/o amenazantes para que la población se abstenga de cometer actos delictivos.

Foto. Anuncio sobre la Avenida 6ª en Cali.
Foto: Hernando Uribe Castro, 2012.

En esta sociedad de control cada individuo es sospechoso(a). A espaldas de cada ciudadana(os) existen mecanismos de vigilancia que no pierden detalle alguno de los movimientos. Los espacios públicos y privados (como en centros comerciales, teatros, museos, galerías, supermercados, estadios, gimnasios) son vigilados las 24 horas del día, donde se disponen carteles que expresan con cierto eufemismo: siéntase tranquilo, este lugar está siendo monitoreado.

La ciudad y sus autoridades se esmeran por demostrar que se trabaja por la seguridad de los habitantes, de los turistas y de las instituciones públicas y privadas. Para ello incrementan de manera permanente el número de policías y sistemas de alta tecnología en seguridad, y todo tipo de equipamiento relacionado con ello. Esto hechos generan importantes inversiones y ganancias para las industrias del control del miedo. Así se tienen espacios vigilantes y vigilados, que controlan y son controlados.

En la ciudad marca, el miedo es un importante aliado para la reproducción de los excedentes de capital, en tanto obliga a realizar grandes inversiones para aminorarlo e imponer el sentido de seguridad. Así como también se ha incorporado como un aspecto más de la configuración del espacio público y sus lugares, y como mecanismo de control de la vida pública y democrática.

Detrás de los discursos políticos parece potenciarse la idea de la necesidad de deslizar el ciudadano del espacio público -es decir del espacio del encuentro-, hacia los lugares del consumo, el que dice dar seguridad, tranquilidad, comodidad y gusto, aquel espacio, el privado, el del centro comercial. Se asiste, entonces, a la reproducción socioespacial del miedo como mecanismo de control social del comportamiento urbano, así como también de reproducción de excedentes de capital.








[1] Artículo publicado en el Boletín Ethos Regional del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER, número 5, octubre – diciembre de 2012.