Corrupción
en Colombia
Por:
Hernando Uribe Castro
Doctor en Ciencias Ambientales
Por:
Hernando Uribe Castro
Doctor en Ciencias Ambientales
La corrupción se expresa hoy como principio
orientador de algunos sectores políticos en Colombia, que actúan en nombre de
lo “democrático”. Como práctica, se extiende en los niveles de la
administración del Estado (local, regional y nacional). Aparece acompaña de
actos ilegales que se hacen pasar por “legales”, y en casos extremos, de hechos
criminales que se legitiman con un discurso nacionalista: “todo es por el bien
del país”.
Cada día se ven florecer nuevos
casos de corrupción (en el discurso de los medios de comunicación, “escándalos
políticos”) en las diferentes esferas de la institucionalidad. Pueden ser acciones
individuales (por ejemplo, actos de corrupción de agentes de gobierno), o grupales
(redes de autoridades) e incluso, en aquellos espacios que se suponen fueron construidos
institucionalmente para el control y vigilancia[1].
Cada nuevo hallazgo parece superar en gravedad los casos anteriores. Los costos
económicos, sociales, políticos -y sobre todo éticos-, de los estragos de la
corrupción son muy altos para una sociedad considerada como una de las más
ignorantes, inequitativas y desiguales del mundo.
Produce repudio que algunos sectores
de ciudadanos acepten, sin discusión alguna, la idea de que las prácticas de
corrupción son un mecanismo “necesario” para el buen y efectivo funcionamiento
del Estado. Sectores que toleran y legitiman acciones corruptas. Que ofrecen su
voto y eligen a “políticos” que son cuestionados ética y jurídicamente por
su pasado, por los grupos a los que pertenecen y se adscriben, o por las
personas de quienes se rodean y que los acompañan en los mandos del gobierno.
Incluso, algunos sectores sociales perciben a estos agentes embriagados de
corrupción, como excelentes ejemplos: audaces, vivos y creativos. Es frecuente escuchar
expresiones como: “No importa que robe un poco con tal que haga algo por el país”.
La corrupción se fortalece en aquellos espacios donde: a) existen múltiples escalas de decisión y burocracia, b) la intervención de muchos agentes y delegados, c) poco control de los recursos económicos y d) los altos beneficios se ponen en juego. Algunos, para justificar sus acciones, “naturalizan” estas prácticas corruptas como si vinieran integrada al gen humano y desconocen que éstas son enseñadas, aprendidas y replicadas socialmente.
La corrupción, por tanto, no es un “algo” esencialista de la vida (en el sentido biológico) del ser humano, sino un proceso construido social y culturalmente que está ligado al campo del poder y del Estado y de la necesidad de quienes lo ejercen para acceder a bienes económicos y materiales para su propio beneficio o el de su grupo más cercano. La corrupción como práctica política se ha convertido en una limitante y un grave problema para la distribución de la justicia y la recomposición del tejido social humano.
En nuestros días observamos cómo
las instituciones del Estado vienen desangrándose a montón por las redes de
grupos especializados en desfalcar el Estado. Grupos que, enmascarados bajo el
disfraz de lo “democrático” y del “bien común”, actúan como organizaciones
criminales y delincuenciales. Son los grupos sociales más desfavorecidos,
marginales y excluidos los que enfrentan las consecuencias de este atraco, esta
violencia y esta represión que a veces se impone como acto legal.
Frente a ello, no queda más respuesta que unas respuestas socialmente poderosas cuyas bases reposan en la acción y la movilización de la sociedad civil. Sociedad civil que debe despojarse de su adormecimiento, para cumplir y ejercer un papel más destacado, preponderante, en la demanda, la exigencia y el juicio (que a todos los niveles desde el moral hasta jurídico) tendría que hacerse a los agentes y grupos corruptos. Participar en procesos de educación, en cultura política y participativa del ciudadano, es clave para que empiece esa transformación del entendimiento y la comprensión: cero tolerancia a la corrupción.
La corrupción no solo produce
pérdida de bienes y capitales económicos, sino que produce violencia, muerte y
pérdida de principios éticos. La sociedad civil tendría que comprender que la
corrupción no es solo un fenómeno interno colombiano, sino que es una actividad
que se practica también en las redes de la dinámica de la economía-mundo
capitalista, que es el principal motor que condiciona la sociedad, el Estado y,
por supuesto, el Mercado.
[1]
Uno de los casos más conocidos en los últimos años, fue el de las acciones de
corrupción del fiscal anticorrupción en Colombia.
