Este es un espacio que propone reflexiones y debates sobre la inter-retro-conexión sociedad en la Naturaleza y la Naturaleza en la sociedad.

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lunes, 7 de marzo de 2022

¿COLOMBIA EN LA NUEVA RUTA DE LA SEDA?

 ¿Colombia en la nueva ruta de la seda? 

Por:
Hernando Uribe Castro
Doctor en Ciencias Ambientales

Llega a mi memoria un conjunto de recuerdos de mi paso por los estudios de bachillerato cuando en las clases de Ciencias Sociales, la profesora muy apasionaba por los temas históricos, nos explicaba la increíble hazaña detrás de la famosa ruta de la seda en el mundo antiguo. Con mapa colgado en la pared y algunas carteleras hechas con marcador y recortes de revista pegados en cartulina, ella nos explicaba los viajes de Marco Polo y la conexión comercial de la civilización China con Occidente. Mientras tanto, nosotros los estudiantes quedábamos estupefactos tratando de comprender esa representación histórica que ella nos exponía.

Desde ese momento hasta hoy, han pasado varias décadas, y ya no se habla de la ruta de la seda sino de la Nueva Ruta de la Seda, cuyo tramo no se limita a unos espacios continentales sino a toda una red de interconexión que enlaza distintos lugares en todos los continentes del planeta. Algunos denominan este fenómeno como la “Conexión China”, haciendo referencia no solo a esta nueva red global sino al poder que ha logrado consolidar este grande país asiático en la dinámica económica y la política global.

De ella participa una buena parte de los países del mundo, especialmente, aquellos que tienen territorios sobre costas con sus puertos marítimos o estratégicos puertos fluviales. En América Latina, casi todos los países están interesados en pertenecer a esta Conexión China con la firma del Memorándum de Entendimiento; lugares en donde llegan inversionistas chinos, con dinero chino, tecnología china y trabajadores chinos a realizar grandes obras en territorios locales. 

Pero, ¿Qué pasa en Colombia, especialmente con el Valle del Cauca? En nuestro país se han presentado algunas reticencias de políticos y empresarios en abrirse de puertas completas al llamativo modelo tecno-económico del gigante asiático, debido a la injerencia, pero sobre todo dependencia norteamericana. Colombia ha sido históricamente dependiente de la política económica internacional estadounidense, por lo que abrirse sin límite al mercado chino puede traerle problemas. No obstante, desde hace varias décadas, gobiernos colombianos habían logrado realizar convenios con China, tal como se puede observar en la página oficial de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.[i]

Uno de los acuerdos más recientes, se encuentra disponible también como documento público en la página del Ministerio de Comercio que consiste en un acuerdo bilateral.[ii] Lo interesante de éste último tratado de libre comercio denominado “Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones Entre el gobierno de la República Popular China y el gobierno de la República de Colombia”, es que deja ver, los campos en los que empresarios chinos pueden realizar sus inversiones.

Para los colectivos ambientalistas, uno de los puntos más preocupantes está relacionado con el Artículo 1, punto 1 que toca el tema de las Inversiones, numeral 3 en donde se expresa lo siguiente: “Concesiones otorgadas por ley o un acto administrativo o en virtud de un contrato conforme a la ley, incluyendo concesiones para explorar, cultivar, extraer o explotar recursos naturales.” (Mincomercio).

Es sabido que unos de los efectos más perturbadores de la ampliación de la red de relaciones internacionales de la ruta de la seda son los impactos y efectos ambientales-ecológicos a largo plazo en donde se instalan inversiones chinas, al modo como sucede con otras corporaciones globales sobre territorios latinoamericanos como canadienses, europeos o norteamericanos. Presencia internacional que producen conflictos ambientales a gran escala con comunidades y pueblos ancestrales del territorio nacional.

No olvidemos que Colombia está reportado en el Atlas EJOLT como uno de los países que más posee conflictos ambientales en todo el mundo, debido a los efectos de las políticas económicas neoliberales dinamizadas por agentes del capital y sobre todo por el modelo de gobierno corporativo que se asentó en la burocracia colombiana.[iii] Problemáticas y conflictos ambientales por extractivismos de minerales, deforestación, construcción de vías, hidroeléctricas, ampliación de la fronteras ganadera y de monocultivos, entre otros.

Es interesante el modo de proceder en la política inversionista China con respecto a los otros países considerados como nodos estratégicos de su ruta comercial. Primero los alistamientos y encuentros entre agentes de gobierno de parte y parte; luego las donaciones que solicitan determinados gobiernos al gobierno Chino; la concesión de estas donaciones que pueden ser varias en el tiempo, como sucede con el caso colombiano; después, la llegada de los inversionistas chinos con unos esquemas de negocio que los benefician enteramente; actos de corrupción con compra con dinero y prebendas a políticos y funcionarios encargados de autorizar el ingreso de inversionistas para agilizar, aprobar y legitimar estos convenios mediante la voz oficial de representantes del Estado, y cuyo argumento expresa los beneficios que traen estos acuerdos para todos los ciudadanos del país; luego la implementación y construcción de las obras, con efectos nocivos sobre comunidades, pueblos y ecosistemas; y finalmente, el control de gigante asiático sobre las dinámicas económicas, políticas y sociales del país donde se establece la inversión.

Una muestra de esto se tiene en la página del Ministerio de Relaciones que ya se referenció, y en donde se encuentran documentos oficiales y públicos como los convenios de Cooperación del 9 de mayo de 2011 y del 26 de noviembre 2013, en donde el gobierno Chino aprobó por solicitud del gobierno colombiano con donaciones por 20.000.000 y 50.000.000 de Yuanes de Renminbi respectivamente.[iv]

Los gremios colombianos y grupos políticos ven con buenos ojos estas formas de negociación. Por ejemplo, Asocaña, el gremio azucarero, expresa que: “Afortunadamente desde mayo de 2020 se dio una recuperación de los precios internacionales del azúcar y hoy estamos en niveles de precios previos a la crisis de la pandemia, similares a los de 2017. La fuerte demanda de azúcar desde China, el aumento de los precios del petróleo y la dependencia del mercado internacional de la oferta de Brasil y de India apoyaron los precios.”[v]

En cuanto a los empresarios del carbón, acompañados por entes como Analdex, consideran como estratégico la apertura de negocios con China, sobre todo cuando el carbón es uno de los minerales principales de la industria asiática, pero sobre todo por la apertura de los nuevos mercados en campos como la producción de autos eléctricos. Según datos de Analdex, la producción de carbón en 2021 tuvo como principal destino: Turquía (6.044,6 PMMTN), seguido por Chile (3.002,5) y luego por China (2.639,7 PMMTN[vi]).[vii]

En la visita más reciente del actual gobierno colombiano a la China en 2019, se establecieron varios de los nuevos convenios firmados entre las partes, en temas como: la cooperación económica y técnica; Acuerdos en materia sanitaria para productos colombianos; Planes de trabajo conjunto en materia de educación y cultura; Instrumentos para la promoción y financiamiento de exportaciones e inversiones; Acuerdos de cooperación en materia de infraestructura, transporte y comercio electrónico; El Tratado sobre el Traslado de Personas Condenadas; Acta de Donación Justicia; Canje de Notas Paneles Solares DPS; Canje de Notas Donación Computadores Educación; Plan de Trabajo Educativo 2019-2022; Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Comercio Electrónico; Instrumento entre ProColombia y Sinosure; Instrumento entre Bancóldex y Sinosure; Cierre Financiero MAR2; Programa Ejecutivo de Cooperación Cultural[viii]

En el caso concreto del Valle del Cauca, desde el 2016, y luego de una reunión de un comité de empresarios y políticos chinos con la gobernación de este departamento, se anunció con beneplácito que: “Las puertas del Valle del Cauca quedaron abiertas a la inversión China […] proyectos como el complejo de actividades económicas en Buenaventura y posibilidades de cooperación en el agro, infraestructura y telecomunicaciones”[ix]

Mientras el mundo político y sectores de los gremios económicos ven con maravillosos ojos la posibilidad de estos acuerdos, diferentes medios internacionales como la BBC y DW, están analizando los efectos de la dinámica comercial China sobre sus países socios. En reportaje la BBC expresa que: “«Las empresas chinas quieren los puertos con la idea de dominar toda la cadena de suministros" y así no depender logísticamente de otras compañías», «La influencia económica te da poder para tener más influencia política y luego usas esa influencia política para conseguir más ventajas económicas. Es un ciclo.» «El control de los puertos es parte de una guerra económica y estratégica en la que China usa su poder para conseguir más mercados y ponerle presión a la competencia.»[x] Por su parte Razón Publica en publicación del 9 de marzo de 2020, llamaba la atención en cuanto que  “Los chinos compraron una mina de oro, construirán el metro de Bogotá e invierten millones en comunicaciones y tecnología. Ahora se prepara un acuerdo que podría incomodar a Washington”.[xi]

DW dedicó dos interesantes documentales sobre la Nueva Ruta de la Seda, donde muestran el proceder del gobierno Chino y su esquema de negociación en políticas comerciales con sus países “socios”, lo que implica unas alertas a la sociedad civil y comunidades de los diferentes países en donde se abre paso la nueva vesrión de la Ruta de la Seda, con todo el hormigón, el acero, las autopistas, las vías férreas, los puertos que cortan y atraviesan bosques, selvas, desiertos, glaciares, montañas; que afectan a poblaciones locales con sus culturas y posibilidades de vida laboral y social.[xii] Los intereses de los inversionistas es abrir canales intercontinentales de vías, puertos y aeropuertos de gran fluidez y vértigo para transportar sus mercancías y flujos de capital desde el centro de producción la china. mercancías que fluyen por modernas vías de comunicación con la más alta tecnología.

Por lo visto y a nuestro entender, a los problemas socioambientales estructurales ya existentes en el Colombia, se vienen a sumar otros también estructurales, y que están relacionados con la fuerte injerencia China. Forbes lo está anunciando ya: “China ya es el mayor inversionista de Asia en Colombia. Así lo concluye un análisis de la agencia estatal ProColombia, en el que se evidencia que entre 2018 y 2021 han llegado 38 proyectos por más de US$2.048 millones a Antioquia, Bolívar, Meta, Valle del Cauca y Bogotá.”[xiii] Algunas de estas iniciativas se pueden observar en la página de ProColombia.[xiv] Se plantea que proyectos como los Tribugá, Mar2, entre otros están en la mira de los inversionistas asiáticos. Puertos que se construirán en regiones altamente biodiversos que conectarán con nuevas rutas hacia las principales ciudades colombianas.

A pesar de este escenario, pareciera que para la sociedad colombiana, la injerencia China en nuestro país no es tema de interés o preocupación. Incluso en las universidades estos temas parecen no cobrar, por el momento, mayor importancia, como efectivamente sucede con universidades en otros países como Brasil. La intervención comercial tanto de la Unión Europea como Norteamericana (canadiense y estadounidense) aún eclipsa el destacado papel que día a día gana el gigante asiático.

Nos quedan preguntas y por ahora solo propongo tres: ¿Qué sucederá con los ecosistemas estratégicos colombianos frente a los intereses inversionistas de este nuevo actor comercial? ¿Qué nuevos conflictos emergerán a raíz de la construcción de nuevos puertos, ampliación de zonas comerciales, turísticas y vías sobre territorios de biodiversidad que son apetecidos por los inversionistas del gigante asiático? ¿Por qué este fenómeno parece no llamar la atención de los académicos y estudiosos de la economía, la política y el ambiente en Colombia?

La alerta es que no se puede perder de vista aquel fragmento del “Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de la República Popular China y el gobierno de la República de Colombia”, que expresa: “Concesiones otorgadas por ley o un acto administrativo o en virtud de un contrato conforme a la ley, incluyendo concesiones para explotar, cultivar, extraer o explotar recursos naturales.” (Mincomercio).



[i] Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales. http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/BuscadorTratados.aspx?Estado=232&Tipo=B
[ii] Mincomercio. Bilateral agreement for the promotion and protection of investments between the. En línea: https://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/a-internacional-de-inversion/contenido/acuerdos-internacionales-de-inversion-suscritos/china/texto-final-del-acuerdo/texto-final-china.pdf.aspx
 [iii] Ejolt. Colombia: https://ejatlas.org/country/colombia
[iv] Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales. http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/BuscadorTratados.aspx?Estado=232&Tipo=B
[v] Asocaña. (2021). Informe anual 2020-2021. Asociación de Cultivadores de la Caña de Azúcar, Colombia, p. 5
[vi] PMMTN: peso miles de millones toneladas Netas.
[vii] Analdex. (2021). Informe exportaciones y cotización de carbón. Dirección de Asuntos Económicos. En línea:  https://www.analdex.org/2021/08/30/informe-exportaciones-y-cotizacion-de-carbon/
[viii] La República. (2019). El aguacate hass colombiano se podrá exportar a China. https://www.youtube.com/watch?v=i30ECyQkS0g&t=61s
[ix] Gobernación del Valle del Cauca. (2016). Gobierno del Valle abrió las puertas a la inversión China. Publicado el 24 de febrero de 2016. En línea: https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/32362/gobierno_del_valle_abrio_las_puertas_a_la_inversion_china/
[x] BBC. (2021) La estratégica red de puertos que China controla en el mundo y cómo está avanzando en América Latina. Publicado el 15 de octubre de 2021. En línea: https://www.bbc.com/mundo/noticias-58849114#:~:text=Su%20estrategia%20m%C3%A1s%20amplia%2C%20dice,depender%20log%C3%ADsticamente%20de%20otras%20compa%C3%B1%C3%ADas.
[xi] Razón Pública. (2020). La gran apuesta de China en Colombia. publicado el 9 de marzo de 2021. En línea: https://razonpublica.com/la-gran-apuesta-china-colombia/
[xii] Estos documental de la DW se titulan: “La nueva Ruta de la Seda, Parte: De China a Pakistán | DW Documental” https://www.youtube.com/watch?v=l322kC4NJ_Q y “La nueva Ruta de la Seda, Parte 2: De Kirguistán a Alemania | DW Documental” en línea: https://www.youtube.com/watch?v=QYyVjhAU9V4 
[xiii] Forbes (2022). China se posiciona como el mayor inversionista de Asia en Colombia. Publicado el 24 de febrero de 2022. https://forbes.co/2022/02/24/negocios/china-se-posiciona-como-el-mayor-inversionista-de-asia-en-colombia/
[xiv] ProColombia: https://procolombia.co/search?s=china#gsc.tab=0&gsc.q=china&gsc.page=1

 

 

viernes, 12 de abril de 2019

CORRUPCIÓN EN COLOMBIA


Corrupción en Colombia

Por:
Hernando Uribe Castro
Doctor en Ciencias Ambientales

La corrupción se expresa hoy como principio orientador de algunos sectores políticos en Colombia, que actúan en nombre de lo “democrático”. Como práctica, se extiende en los niveles de la administración del Estado (local, regional y nacional). Aparece acompaña de actos ilegales que se hacen pasar por “legales”, y en casos extremos, de hechos criminales que se legitiman con un discurso nacionalista: “todo es por el bien del país”.

Cada día se ven florecer nuevos casos de corrupción (en el discurso de los medios de comunicación, “escándalos políticos”) en las diferentes esferas de la institucionalidad. Pueden ser acciones individuales (por ejemplo, actos de corrupción de agentes de gobierno), o grupales (redes de autoridades) e incluso, en aquellos espacios que se suponen fueron construidos institucionalmente para el control y vigilancia[1]. Cada nuevo hallazgo parece superar en gravedad los casos anteriores. Los costos económicos, sociales, políticos -y sobre todo éticos-, de los estragos de la corrupción son muy altos para una sociedad considerada como una de las más ignorantes, inequitativas y desiguales del mundo.

Produce repudio que algunos sectores de ciudadanos acepten, sin discusión alguna, la idea de que las prácticas de corrupción son un mecanismo “necesario” para el buen y efectivo funcionamiento del Estado. Sectores que toleran y legitiman acciones corruptas. Que ofrecen su voto y eligen a “políticos” que son cuestionados ética y jurídicamente por su pasado, por los grupos a los que pertenecen y se adscriben, o por las personas de quienes se rodean y que los acompañan en los mandos del gobierno. Incluso, algunos sectores sociales perciben a estos agentes embriagados de corrupción, como excelentes ejemplos: audaces, vivos y creativos. Es frecuente escuchar expresiones como: “No importa que robe un poco con tal que haga algo por el país”.

La corrupción se fortalece en aquellos espacios donde: a) existen múltiples escalas de decisión y burocracia, b) la intervención de muchos agentes y delegados, c) poco control de los recursos económicos y d) los altos beneficios se ponen en juego. Algunos, para justificar sus acciones, “naturalizan” estas prácticas corruptas como si vinieran integrada al gen humano y desconocen que éstas son enseñadas, aprendidas y replicadas socialmente.

La corrupción, por tanto, no es un “algo” esencialista de la vida (en el sentido biológico) del ser humano, sino un proceso construido social y culturalmente que está ligado al campo del poder y del Estado y de la necesidad de quienes lo ejercen para acceder a bienes económicos y materiales para su propio beneficio o el de su grupo más cercano. La corrupción como práctica política se ha convertido en una limitante y un grave problema para la distribución de la justicia y la recomposición del tejido social humano.

En nuestros días observamos cómo las instituciones del Estado vienen desangrándose a montón por las redes de grupos especializados en desfalcar el Estado. Grupos que, enmascarados bajo el disfraz de lo “democrático” y del “bien común”, actúan como organizaciones criminales y delincuenciales. Son los grupos sociales más desfavorecidos, marginales y excluidos los que enfrentan las consecuencias de este atraco, esta violencia y esta represión que a veces se impone como acto legal.

Frente a ello, no queda más respuesta que unas respuestas socialmente poderosas cuyas bases reposan en la acción y la movilización de la sociedad civil. Sociedad civil que debe despojarse de su adormecimiento, para cumplir y ejercer un papel más destacado, preponderante, en la demanda, la exigencia y el juicio (que a todos los niveles desde el moral hasta jurídico) tendría que hacerse a los agentes y grupos corruptos. Participar en procesos de educación, en cultura política y participativa del ciudadano, es clave para que empiece esa transformación del entendimiento y la comprensión: cero tolerancia a la corrupción.

La corrupción no solo produce pérdida de bienes y capitales económicos, sino que produce violencia, muerte y pérdida de principios éticos. La sociedad civil tendría que comprender que la corrupción no es solo un fenómeno interno colombiano, sino que es una actividad que se practica también en las redes de la dinámica de la economía-mundo capitalista, que es el principal motor que condiciona la sociedad, el Estado y, por supuesto, el Mercado.




[1] Uno de los casos más conocidos en los últimos años, fue el de las acciones de corrupción del fiscal anticorrupción en Colombia.

viernes, 16 de febrero de 2018

LA MISERIA DE COLOMBIA

La miseria de Colombia

Por: Hernando Uribe Castro
Doctor en Ciencias Ambientales

La miseria estructural de Colombia no está en aquellos grupos comunitarios que enfrentan las dificultades producidas y reproducidas por un sistema de Estado que los marginó y los condujo sin remedio a condiciones de altas carencias, empobrecimientos y segregaciones, y sobre los que recae toda la estigmatización de la sociedad. Pienso que estos grupos humanos en estas condiciones son resultado de un proceso estructural que abarcó el modo como una elite vitalicia -familias que heredaron y se lograron hacer al ejercicio del poder dentro de la dinámica del proceso de la construcción histórica del Estado y de todos los beneficios que implicó la concentración y acumulación de recursos de toda una nación-, se ha mantenido como dinastía entre bastidores de la vida política y económica.

En esta clase vitalicia y dinástica radica la verdadera miseria de Colombia. Aquella que logró incrustarse como parte de engranaje del movimiento histórico de la construcción del Estado y que ha ocupado todos los órdenes de su estructura y de sus instituciones. Elite que, como agentes privados con intereses en el ejercicio público, delegó y aun delega entre sus propios miembros (de sangre o de transmisión por afinidad o compromiso de familia) las riendas del manejo institucional del Estado en todos los niveles de operación.

Esta elite miseria de Colombia es la que profundizó la práctica de la corrupción como principal práctica en el ejercicio político. Y la profundizó, la convalidó y la convirtió como algo natural o inherente a la condición humana. Naturalizar la práctica de la corrupción era garantizar su existencia como clase dirigente, dinástica y cicatera, controlando y tratando de controlar y contener toda la estructura funcional del Estado.

Lograron hacer de la corrupción, un “algo” que necesariamente debía estar presente en la estructura social, estructura mental y cognitiva de los individuos. Como un hecho consustancial a todas las ramas y poderes oficiales. No es raro entonces la desatada lucha política por el control de todos estos espacios producidos por el Estado y para el Estado.  Confrontaciones por acceder a estos espacios de la institucionalidad del Estado en crecimiento.  Al crecer la burocracia y los espacios que conforman el lugar de las tomas de decisión, mucho de ello, fue quedando por fuera del circuito de control y de dominación de estos agentes dinásticos. El campo del Estado evidencia la competencia por el monopolio del poder coercitivo del Estado y de la burocracia entre esta clase dinástica y los nuevos agentes políticos que fueron surgiendo por fuera del centro del poder hereditario.

Luchas agrestes por acceder a esas posiciones estratégicas (ministerios, senado, asambleas, concejos, gobernaciones, alcaldías, corregidores, etc,) que son partecitas del espacio institucional total del Estado desde donde pueden absorber a mordiscos, por el hecho de que se encuentran en la red de la delegación y de las decisiones, beneficios económicos, simbólicos y políticos. En últimas, las prácticas corruptas de la miseria del Estado fueron aprendidas, reproducidas y mantenidas por los nuevos agentes políticos que aprendieron que la única forma para hacerse a los espacios de control y delegación del Estado era precisamente la corrupción de todo del aparato burocrático estatal.

Elites que -al cumplir su doble rol de ser políticas y económicas- requerían, para concentrar y ejercer el poder, contener las prácticas de corrupción y así garantizar ese lugar privilegiado del mandato, la delegación y la capitalización de todas las ventajas económicas que ofrecía y ofrece. Por ello, era necesario producir, anexarse, aliarse o construir redes criminales y de la criminalidad. Producir tantos dispositivos de dominación violenta (física y simbólica) así como también sutil (a través del control de los medios de comunicación, la religión y la educación).

Dinastías mezquinas, familias hegemónicas cuyos apellidos se repiten y se repiten porque vienen de los bisabuelos, abuelos y padres que cumplieron su papel de políticos. Burocracias corruptas que hacen del Estado y de toda su institucionalidad, su principal fuente de vida, su mina de oro. Mientras que para la mayoría de la población, lo convierten en un espejismo, en una bruma. Pero es esa población -con su mano de obra y el sudor de su frente-, y la riqueza de todo su territorio, la principal materia prima de las ganancias que produce toda la institucionalidad de ese Estado que desde principio fue y sigue siendo capturado y cooptado por esas dinastías, esas familias hegemónicas con sus redes criminales.

Dinastias y familias hegemónicas, elites del poder económico y político, que se han autodelegado el papel de velar por los valores morales y éticos de toda la sociedad colombiana. 




viernes, 9 de octubre de 2015

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "TODOS POR UN NUEVO PAÍS"

El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” *

Por:
Hernando Uribe Castro
Magíster en sociología
Estudiante del doctorado en Ciencias Ambientales
Prof. Universidad Autónoma de Occidente

Uno de los indicadores que mejor puede dar cuenta del tipo de Estado que se construye por parte de los agentes interesados, es precisamente el Plan Nacional de Desarrollo, que es el mecanismo mediante el cual se plasma la gestión del Estado acorde al mandamiento constitucional y a los intereses de los agentes políticos y económicos.

El Plan Nacional de Desarrollo también se convierte, de este modo, en un instrumento para la acción del Estado, proceso mediante el cual, agentes y funcionarios administradores (públicos y privados) hacen posible de esa idea de Estado (como abstracción, como idea) a algo concreto y real. Se entenderá por acción de Estado, al modo como lo define Pierre Bourdieu (2014), como aquellas “acciones políticas con pretensión de causar efecto en el mundo social (…) acciones autorizadas, dotadas de una autoridad que gradualmente, por medio de una serie de delegaciones en cadena, remite a un último lugar, como lo es el dios de Aristóteles, el Estado” (2014:25).

Esas acciones de Estado son llevadas a cabo por agentes, de carne y hueso, que disponen de los medios y los mecanismos de autoridad -poder o dominación física y simbólica- para realizarlas y hacerlas realizables, para delegarlas y hacerlas delegables, para comisionarlas, para imponerlas -al hablar en nombre de lo público-, por lo que son constructores continuos del espacio burocrático que a su vez los construye a ellos.

Tres elementos integran la acción de Estado: lo oficial, lo público y lo universal. (Bourdieu, 2014): Una dimensión oficial en el sentido de que son acciones realizadas por agentes legitimados oficialmente por ser representantes, comisionados o encargados por ocupar un puesto público en la estructura burocrática y administrativa, cobijados bajo legitimidad y en nombre del Estado, como por ejemplo, el Presidente de la República; una dimensión pública en el sentido de que son acciones que se hacen ver como de interés público y que son, además, conocidas y aceptadas por todos; y, finalmente, una dimensión universal porque es de interés general a toda la sociedad, algo así, como una decisión que compete a todos, al universo de la población colombiana.

Con lo anterior claro, entonces se puede comprender el sentido que el gobierno nacional del presidente Juan Manuel Santos -como agentes centrales de la administración del Estado-nación-, pretende dar con el Plan Nacional de Desarrollo bajo el título “Todos por un nuevo país” como propuesta que integra las tres dimensiones de la acción de Estado: lo oficial, lo público y lo universal. Un nuevo país en el sentido de un contexto de transición hacia una sociedad en posconflicto.

Un contexto que implica transformaciones importantes, por una parte, en los diferentes campos que componen el Estado: jurídico, administrativo y legal, es decir en su sentido amplio, el campo burocrático o de la administración del Estado; y, por otra parte, en las transformaciones que requiere la sociedad para este nuevo contexto, en su sentido físico y simbólico cultural.

El nuevo Plan de Desarrollo desplegará las estrategias de gestión encaminadas tanto a: los procesos de financiación del posconflicto que ya han sido anunciados por el propio presidente -haciendo uso de los recursos obtenidos por las actividades extractivas, como la minería-; los procesos de orden y control, como reestructuración de las fuerzas del orden público, transformación de las entidades del control fiscal, estadístico e informacional; los procesos de legitimación en la sociedad a través de las transformaciones simbólicas y culturales requeridas, tales como educación, comunicaciones y ritos de Estado. No es extraña, entonces, la propuesta del gobierno de lograr la jornada única de estudio para todo el sistema educativo en Colombia.

Pero las preguntas más importantes son  ¿qué es lo que se legitima con este Plan Nacional de Desarrollo? ¿Quiénes están detrás del nuevo proyecto de país? ¿Hacia dónde se encaminan los esfuerzos del posconflicto?

Indudablemente, el nuevo proyecto de país requiere de una Colombia en posconflicto no solo para atraer las inversiones extranjeras sino también para legitimar la explotación de los recursos de la naturaleza. El escenario de posconflicto alienta la implementación de las políticas, ahora presentadas bajo el discurso de la tercera vía.

El documento titulado Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, expresa que:

“Finalmente, el sector minero energético jugará un papel clave en garantizar el desarrollo económico sostenido e inclusivo. Su tarea será, por un lado, asegurar que la economía tenga fuentes de energía competitivas que le permitan a la economía crecer y generar empleo, mientras que al dar acceso a energía y combustibles contribuirá de forma directa en la reducción de la pobreza. Por otro lado, el sector generará importantes recursos para financiar las inversiones que van a requerir la construcción de la paz, la educación y las políticas sociales en la lucha contra de la desigualdad.” (BPND 2014-2018, 60)

Asistimos a la entrega del territorio a las firmas extranjeras, el ingreso de capitales y la extracción de modo más eficiente estos recursos. El resultado, finalmente, es hacer del territorio nacional espacio de la economía globalizada, focalizando el desarrollo en algunos sectores y dejando otros al margen. Esto fue claramente planteado por el gobierno del presidente Santos en el Plan de Desarrollo Nacional anterior “Prosperidad para todos”.

“Todos por un nuevo país” (para el período 2014-2018) es la continuidad de “Prosperidad para todos” (implementado en parte en el periodo 2010 – 2014). Un ejemplo claro es la tendencia que desde el periodo anterior se tiene con la reprimarización de la economía colombiana focalizada en el sector minero.

“El sector minero energético continuará, como lo ha venido haciendo, consolidándose como uno de los motores de desarrollo del país a través de su aporte al crecimiento económico, al empleo rural a la inversión privada y de la generación de recursos para la inversión social del Estado. Este sector se destaca por su capacidad para generar recursos con los que se financia una parte importante del presupuesto del Gobierno Nacional y de las entidades territoriales. Así las cosas, la ejecución oportuna de crecientes inversiones en el sector hará posible la financiación de los programas de gobierno orientados a la construcción de un país en paz, con mayor equidad y mejor educado.” (BPND 2014-2018, p. 175)

El lema “Todos por un nuevo país” contiene en la frase misma, la expresión de una dominación simbólica en el sentido de que el mensaje pretende dar la idea de que todos están incluidos, de que es una decisión de todos, es decir, universal.

Frase que legitima y universaliza las intenciones particulares de unos agentes, ahora transformadas (maquilladas y teatralizadas) como interés colectivos de la nación. Frase que se pretende y se muestra falsamente incluyente y desinteresada de todo interés particular.

Un proyecto legitimador del orden de la economía global sobre el territorio local.


Referencias Bibliográficas

Bourdieu, Pierre. Sobre el Estado. Cursos del collége de France (1989-1992). Barcelona: Editorial Anagrama, 2014.

Presidencia de la República de Colombia. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos por un nuevo país. Paz, equidad y Educación. Departamento Nacional de Planeación. 2014.

* Documento publicado en el Boletín Ethos Regional, No. 12 del CIER

viernes, 19 de junio de 2015

EL MINISTRO DEL MEDIOAMBIENTE: ¿POLITICO O AMBIENTALISTA?

El Ministro del Medioambiente: ¿político o ambientalista?

Por Hernando Uribe Castro
Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER
Profesor de la Universidad Autónoma de Occidente
Estudiante del Doctorado en Ciencias Ambientales, Universidad del Valle

Para quienes hemos tenido algo de formación ambiental, nos damos cuenta perfectamente lo difícil que es comprender la dimensión sistémica y compleja de la dinámica de la naturaleza y sus ecosistemas, y sobre todo, si estos han sido intervenidos por la humanidad, que no solo ha hecho uso de ellos para su sobrevivencia, sino que además se dio la tarea de producir un ataque enérgico contra los ecosistemas en busca de rentabilidad, acumulación y todo tipo de exterminación en pro del “beneficio”, “desarrollo” y “progreso”.

En Colombia, este ataque enérgico contra la naturaleza ha sido liderado por el mismo Estado, los empresarios, los grupos legales e ilegales y por las corporaciones globales que ven en el territorio nacional, elementos de la naturaleza, convertidos en recursos que generan importantes ganancias.

El Estado no solo ha permitido esta intervención sobre la extracción de la naturaleza sino que además la impulsa y la promueve. Invita a las corporaciones globales extractivas a que vengan al país a producir crecimiento a costa del deterioro ambiental que afecta a las comunidades locales y sus entornos de vida.

En este Estado, desde donde se promueve este tipo de actuación a través de los Planes de Desarrollo, actúan seres humanos de carne y hueso que toman estas decisiones. Seres humanos que como agentes del Estado actúan como tal para impulsar estos intereses privados. Agentes, algunos de ellos provenientes del sector privado, se insertan en el gobierno, construyen y utilizan el marco jurídico para legitimar sus decisiones y legitimarse a ellos mismos como Estado.

Por ello no es raro que en Colombia sucedan casos como el que un Ministro del Medioambiente sea un abogado, con posgrado en Gerencia de Recursos Humanos, en Mercadeo y en Dirección de Empresas. Nada que ver con el ambiente.

El actual Ministro del Medioambiente en Colombia es Gabriel Vallejo López “abogado de la Universidad Externado de Colombia con posgrado en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad de los Andes, postgrado en Mercadeo de EAFIT-CESA de Colombia y tiene un MBA en Dirección de Empresas en el Instituto de Empresa de Madrid, España. Realizó estudios de coaching en Ola Coach, de España, además de un curso de Alta Dirección en el Ipade, de México” (tomado de la Presidencia de la Republica de Colombia).

Según la Presidencia de la República, este Ministro ha sido Gerente del Servicio al Cliente de la Compañía Mundial de Seguros, Gerente de Mercadeo de la cadena Hoteles Royal, Vicepresidente de Recursos Humanos de Noel, Gerente General de Canal Capital de Bogotá, Director General de HSM Group México, Vicepresidente Comercial para Latinoamérica de HSM Group, Gerente General de Medios Especializados de Casa Editorial El Tiempo y Vicepresidente de Media 24.

Después de toda esta presentación se pregunta uno, ¿y dónde está la formación ambiental del Ministro? Esto implica que no solo el Ministro no está preparado para afrontar los complejos problemas ambientales sino que además hace de su Ministerio algo reducido, algo pequeño, algo sin importancia. Y sobre todo en un contexto de camino hacia el posconflicto, donde los temas ambientales deben estar al orden del día.

Bien lo afirma Manuel Rodriguez Becerra cuando en reciente entrevista que se le realizó sobre la crisis ambiental en el país, expresa con respecto al Ministro del Medioambiente:

“No sé si entienda totalmente porque él no es un experto en eso, pero además el Ministerio de Medio Ambiente es tan pequeño y limitado… Esto tiene que ver con políticas ambientales, mineras, agrícolas y con el desorden enorme de este país, donde hay una cantidad de sectores que están por fuera del control del Estado a través de grupos criminales, informales, de la nueva riqueza, legal o ilegalmente hecha. En cierto sentido estamos viviendo el posconflicto. Hay una cantidad de empresas de mediano tamaño que están drenando humedales para sembrar palma de aceite. Eso está pasando en el Magdalena Medio, en la Orinoquia. Secan humedales, tumban morichales, cortan matas de monte. En algún momento, después de que hagamos la paz, habrá que hacer una especie de pacto nacional, a ver cómo contenemos esto, que es clave para el desarrollo futuro del país.” (El Tiempo, 16 de junio de 2015).

Y esto no solo sucede con el medioambiente, puesto que también se ve en la educación, la salud y todos los sectores sensibles en los que se nombran agentes del Estado cuya formación nada tiene que ver con sus espacios de actuación.



viernes, 11 de julio de 2014

AMBIENTE Y CONFLICTO EN COLOMBIA

Ambiente y conflicto en Colombia

Por: Hernando Uribe Castro
Magíster en Sociología, Estudiante del doctorado en Ciencias Ambientales

El conflicto armado en Colombia es multidimensional y con repercusiones en el ambiente.  De esto no hay duda, puesto que las acciones armadas no se dan en el aire sino en territorios concretos, con huellas y efectos en el sistema viviente. Por ejemplo, las actividades de erradicación de los cultivos ilícitos por aspersión de químicos sobre los suelos llevadas a cabo por el gobierno nacional por más de una década, han contaminado el agua, la tierra, las plantas, los animales y las personas. De igual modo afectan los bombardeos, la toma de pueblos, la avanzada paramilitar, los derrames de petróleo, los campos de cultivos de uso ilícito, la quema de bosques, el desarrollo de actividades extractivas con las que se financian los grupos ilegales y organizaciones criminales, así como las confrontaciones directas en el territorio entre actores armados.  Incluso la corrupción de agentes en instituciones del Estado por acción u omisión.

El que los tecnócratas y agentes no determinen los costos de los daños ambientales a través de las fumigaciones o por medio de bombardeos, ataques y confrontaciones armadas en zonas estratégicas, no significa que la vida y el ambiente, ahí existentes, no se afecten. Llama la atención que hasta el presente momento no se ha hecho una evaluación del costo por desastre ambiental ocasionado por la guerra, y de modo, especial por programas como Plan Colombia puesto en marcha desde el año 2000, cuyo eje central era la erradicación de los cultivos ilícitos y la lucha contra el narcotráfico.

Por ejemplo, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas ha señalado que 128 mil hectáreas anuales se han fumigado en todo el territorio nacional, destacándose el año 2006, con 170 mil hectáreas). Detrás de las aspersiones se encuentran firmas como DynCorp de Estados Unidos. Las fumigaciones han provocado protestas de muchas comunidades, como las de Tarasá en Antioquia, que ven la afectación tanto en la salud humana como en el suelo, deforestado y con altos niveles de contaminación de las fuentes de agua y de los cultivos.

La experiencia colombiana ha demostrado que la guerra se valora primero en términos económicos, y luego sociales. Pero hasta ahora no existe una valoración ambiental del daño causado. Fuentes de agua destruidas, extracción minera que arrasa con cuencas hidrográficas, confrontaciones entre bandos que desplazan las comunidades de sus habitas ancestrales y que son guardianas de los ecosistemas. Desplazar una comunidad indígena o campesina de su lugar, es desplazar también ese saber ambiental y ese conocimiento que existe en ellos. El territorio rural está quedando deshabitado y presa fácil de intereses privados, a veces promotores de la guerra, para monopolizar y tener control sobre amplios territorios, como aconteció en Urabá. Una guerra que al desplazar poblaciones promovió el ingreso de multinacionales para desarrollar actividades extractivas de minerales y recursos, dejando la zona deforestada. El tapón selvático del Darién en el territorio Colombiano, ya no es un tapón natural., puesto que hoy es una zona desértica.

Considero que en un contexto como el colombiano de conflicto armado, y sobre todo en un momento crucial como el de la agenda de negociación, se hace necesario comprender el ambiente de modo distinto. El que en el proceso de negociación se plantee el problema ambiental, ya es un paso muy significativo. En el punto 3 sobre “solución al problema de drogas ilícitas” en el marco de Acuerdo general entre el gobierno nacional y la guerrilla, se expresa que se requiere una recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos, así como el cierre a la frontera agrícola la recuperación de ecosistemas y el desarrollo sostenible. Estos elementos son importantes y se requiere importantes reflexiones y debates.

Frente a una guerra que fortalece el modelo económico extractivo se debe reivindicar el valor del ambiente como un sistema que integra la naturaleza y la sociedad. Implica un camino hacia la plena conciencia de que los problemas del conflicto armado siendo económicos y sociales, lo son también ambientales.


domingo, 8 de junio de 2014

LA GRANJA DE MAMÁ LULÚ: LA VIDA COMO TOTALIDAD



La Granja de Mamá Lulú: la vida como totalidad

Por Hernando Uribe Castro
Magíster en sociología, estudiante del doctorado en Ciencias Ambientales

Nada más esperanzador, motivante y emocionante que conocer el caso concreto de una familia campesina en Quimbaya (Quindío - Colombia) que se ha dado en la tarea de construir, en el largo plazo, una granja diferente en la que se desarrollan estrategias alternativas de vida frente a las impuestas por el capitalismo. Una familia cuya experiencia sería para los universitarios e intelectuales un excelente ejemplo de aplicación real de los conocimientos transdisciplinarios.

La Granja de Mamá Lulú es un lugar en donde la complejidad y lo sistémico emergen como parte de una filosofía de pensamiento puesto en práctica. Pueden verse, sentirse, respirarse y tocarse. Aquí, se hace realidad el sentido sistémico de entender y hacer posible la vida. Un proyecto de autosuficiencia familiar que, a partir del ensayo y error a lo largo de los años, es liderado por el señor Hernando Hincapié. En este proyecto se integra las distintas generaciones entre los abuelos, padres, hijos y nietos en un mismo objetivo, y que por más de tres décadas trabajan en conjunto desde una concepción filosófica y estética de la ecología profunda.

Foto: Hernando Uribe Castro. Granja de Mamá Lulú. Mayo 2014

Es un hermoso modelo de granja auotopoiésica, y por tanto, un lugar distinto a todo su entorno veredal que en el pasado fue monopolizado por cultivos de café. En ella habitan no solo los integrantes de la familia sino también toda una diversidad de plantas, animales y microrganismos que además de tener la posibilidad de existir, encuentran protección y nicho de vida.

Como expresión autopoiesica, la granja se integra como sistema en un proceso de auto-organización donde se interrelacionan quienes la habitan y los elementos de la naturaleza. En ella se produce alimento orgánico, agua y aire para todos. No se utilizan químicos para fumigación, porque para ello, el conocimiento que tienen de la misma naturaleza les ha dado la solución para el control y protección natural de plantas, suelos y animales. No produce deshechos porque como sistema todo se convierte en nutrientes y alimento para otros en la cadena de vida. Incluso, los desechos orgánicos humanos y de los animales son integrados y tratados para convertirlos en nutrientes para abono y para nueva vida.

Alimento para todos. Foto: Hernando Uribe Castro. Granja de Mamá Lulú. Mayo 2014
 
En la granja existe la vivienda de tres pisos en forma piramidal escalonada con 4 extremos en perfecta dirección cardinal, el recinto de alcarrazas, pozos sépticos, lavadero, cocina restaurante, la torre de suministro de agua, el tanque de reserva de bioabono, el biodigestor, el procesamiento del café y el cacao, las porquerizas, las conejeras, el taller de materiales, el corral de piscos, los estanques piscícolas, la maloka de los cusumbos y un sendero aterrazado que baja hasta la fuente manantial en medio del bosque recuperado. Todo ello en perfecto equilibrio con la diversidad de plantas y animales. Un entorno donde se implementan tecnologías humanas (ancestrales y modernas) y los propios sistemas naturales para la producción y el consumo de todos los seres vivientes en ese lugar.

Humedal construido. Foto: Hernando Uribe Castro. Granja de Mamá Lulú. Mayo de 2014
 
La estética del lugar y su diseño es una bella expresión arquitectónica campesina en donde predomina la guadua. El terreno que pertenece ahora a la dinámica del bosque recuperado se estructura al modo de terrazas y sus linderos son protegidos por una barrera natural con distintas plantas que ayudan a purificar el aire y la invasión de tóxicos suspendidos en el aire provenientes del exterior.

El lugar integra el diálogo de saberes entre el conocimiento popular ancestral y la ciencia para la comprensión de los sistemas socioecológicos; por tanto, la granja es una inspiración, por un lado, la educación ambiental como escenario de enseñanzas y aprendizajes de lo que es la vida como totalidad, y por otro lado, un modelo de gobernanza del territorio y la democratización del derecho a la diversidad de la vida.

Bosque Recuperado. Foto: Hernando Uribe Castro. Granja de Mamá Lulú. Mayo de 2014
 
Finalmente, aparece el Estado. Se supone que estos proyectos autosuficientes y sostenibles deben convertirse en ejemplo de vida para todo la sociedad y que el Estado debería estar apoyando, promocionando e incentivando estas experiencias. No obstante, es precisamente el mismo Estado quien ha puesto los obstáculos a este hermoso proyecto familiar. Cámara y comercio, impuestos, ministerio de turismo y todo tipo de burocracia ataca la granja.

Visitar la granja es recargarse de nuevas esperanzas. Es recuperar la credibilidad en que es posible un cambio social en la medida en que se transforme el modo de concebir el mundo en el sistema. Implica una reestructuración mental y de comportamiento. Se debe cambiar la concepción antropocéntrica por una que logre integrar la vida en su conjunto, biocéntrico. Reconocer la totalidad de la vida (plantas, animales, microorganismo y megaorganismos) como parte del sistema cósmico.

Por el derecho a la diversidad de la vida, la autosufiencia y la sostenibilidad.