TRANSITAR LA "AUTOPISTA" SIMÓN BOLÍVAR EN CALI: UNA TRAMPA MORTAL

LA AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR DE CALI: UNA TRAMPA MORTAL  

Por

Hernando Uribe Castro

Magíster en Sociología

Nada es más peligroso en la ciudad de Cali que transitar como peatón, ciclista, motociclista y conductor sobre la “autopista” Simón Bolívar que atraviesa la ciudad de norte a sur, sobre su lado oriental. La Simón Bolívar no sólo es una avenida que presenta grandes problemas estructurales, (no tiene zonas bermas y la señalización es nula), sino que se ha convertido en una frontera mental que divide  a Cali en dos partes: la tradicional y la Cali pobre, al oriente.

Para los peatones esta es una avenida que no posee un espacio público de calidad, en términos de andenes para todos los públicos, zonas iluminadas, señalización peatonal, seguridad y fácil movilidad. Una persona en condición de discapacidad tiene problemas para desplazarse por estos sectores, debido a la cantidad de trampas mortales que existen. Existen zonas que son imposibles de transitar en horas de la noche. Los peatones se exponen al peligro y a la alta contaminación de los vehículos. El sistema de transporte público que se moviliza por este sector todavía presenta grandes deficiencias en el servicio.

Para los ciclistas existe una ciclo ruta que fue construida en algunos sectores. Pero ésta, además de no contar con los requerimientos técnicos, su falta de mantenimiento, sufre un visible deterioro. Hoy, la ciclo ruta es una trampa mortal, no solo porque no cuenta con el diseño apropiado para garantizar la vida de sus usuarios, sino porque sobre ella se cometen delitos por falta de control y vigilancia. Los ciclistas prefieren exponer su vida haciendo uso de los carriles de los autos y no de los dispuestos para ellos en la ciclo ruta.

Para la comunidad, y de modo especial para los conductores de autos, la autopista Simón Bolívar es una de las peores avenidas de la ciudad. No posee señalización en el asfalto, de tal modo que indique claramente cuántos carriles existen, por dónde se debe de transitar, cuál es el paso obligado de peatones; además, existe un millar de huecos en toda su extensión y no hay claridad en la señalización de las normas de tránsito. Sobre ella transitan desde vehículos de carga pesada hasta ciclistas y sobre ella se desplazan centenares de motociclistas a altas velocidades. Sumado a ello se tiene la poca luminosidad, los excesivos semáforos, la falta de pasos para los peatones de un lado a otro. En la avenida Simón Bolívar se puede encontrar un puente peatonal con un semáforo debajo de él. También una señalización que expresa 30 km/hora y dos metros más adelante otra señalización que exige 60 Km/h y un metro más adelante un semáforo.

La cuestión es que estos hechos se vienen denunciando desde hace muchos años sin ningún tipo de respuesta por parte de  las autoridades responsables. Se han hecho y se siguen realizando grandes inversiones en obras y mejoras que además de las demoras, su calidad es desastrosa pues en poco tiempo presentan deterioro. La avenida, según las cifras, advierte una alta accidentalidad y se continúan perdiendo vidas.

Si bien, la Simón Bolívar es considerada una de las tres vías más importantes de Cali, el concepto de autopista utilizado por las autoridades no aplica para esta ciudad pues estas no cumplen con ninguno de los requerimientos técnicos que posee una verdadera autopista, como las que existen en Ecuador y otros países latinoamericanos.

IMAGENES DE MINERÍA EN MARMATO, CALDAS

Efectos de Minería sobre la cuenca hidrográfica en Marmato, Caldas

 Foto: Hernando Uribe Castro, diciembre de 2013

Efectos de minería en Marmato, Caldas

Foto: Hernando Uribe Castro, diciembre de 2013 

Agua de color gris en una quebrada por actividad minera en Marmato

Foto: Hernando Uribe Castro, diciembre de 2013

Obras sobre una quebrada de extracción minera

 Foto: Hernando Uribe Castro, diciembre de 2013

Calle de Marmato, Caldas

Foto: Hernando Uribe Castro, diciembre de 2013

PENSAR, SENTIR Y VIVIR LOS ESPACIOS.

MINERIA: RIQUEZA DE POCOS Y MISERIA DE MUCHOS

Minería: riqueza de pocos y miseria de muchos

Por

Hernando Uribe Castro

Magíster en Sociología, estudiante del Doctorado en Ciencias Ambientales

Después de visitar el municipio de Marmato en el Departamento de Caldas, queda, de modo mucho más claro y nítido, los efectos de la minería en el territorio, la sociedad y la naturaleza: arrasamiento de las cuencas hidrográficas, extinción de la flora y la fauna para dar paso a un paisaje rocoso, desértico. También, miseria y pobreza en la comunidad.

Efectos de la minería artesanal en el paisaje de Marmato. 

 Foto: Hernando Uribe Castro, 2013.

Ni la gran minería multinacional (legal o ilegal), así como tampoco la minería artesanal, son actividades convenientes para mantener el equilibrio sobre los ecosistemas, la protección del ambiente y la cultura. Me queda claro que la gran minería debe erradicarse de Colombia, como también me queda claro que por más artesanal que sea la actividad minera desarrollada en un lugar, sus repercusiones sobre los elementos de la naturaleza y la sociedad son desastrosos.

La extracción de oro acaba con el elemento agua, vital para la vida humana. Una vez aniquilada el agua de los ecosistemas, ni los mineros, ni la población podrán beberse el oro para su sustento vital. Se privilegia el oro como eje central de la vida y se extermina el agua, pues la actividad minera exige del manejo de químicos (cianuro y mercurio, entre otros) con efectos irreversibles para la salud de las personas. Así, la avaricia de unos pocos, más las necesidades otros, imponen el oro sobre la propia vida.

Las condiciones de vida que se palpan en algunos municipios mineros como Marmato, no son acordes con la llamada “riqueza minera” del cerro donde se ubica. Se evidencia un pueblo con inequidad en la distribución y oportunidades, trabajo sexual desde temprana edad, condiciones ambientales caóticas, entre otros aspectos. El gran problema con ello es que ni los mismos habitantes logran responder de modo claro a la pregunta: ¿ha generado la extracción de oro progreso a su municipio? La población no relaciona sus condiciones de vida con la extracción de este metal y explican el hecho bajo la ideología aquella que expresa que, desde antes de la llegada de los españoles, los indígenas ya sacaban el oro. Marmato posee una tradición histórica importante, incluso es considerado como Patrimonio Histórico Nacional.

Sumado a ello, la multinacional Gran Colombia Gold ha pretendido hacerse dueña de todo el cerro donde se ubica el municipio para realizar minería a cielo abierto, que implicaría quitar el municipio de donde está y ubicarlo en otro lugar, así como también, exterminar por completo todos los ecosistemas. Frente a esto, la población se ha organizado en el Comité Pro-Defensa de Marmato, como resistencia a estas intenciones de la multinacional. La situación se mantiene tensa con la multinacional, pues incierta es la situación.

No a la gran, media o mínima minería en Colombia. Así como los diferentes gobiernos desarrollaron estrategias para buscar posibilidades y alternativas para que las personas se dedicaran a otras actividades diferentes a los cultivos ilícitos, así mismo se debería de pensar en alternativas a la actividad minera. Pero esto no es posible en un país donde gobiernan las multinacionales con gobiernos ventrílocuos que estan vendiendo, y a veces regalando, por pedazos el territorio de las comunidades, que imponen locomotoras sin carriles y sin frenos. Un país donde las necesidades de las personas son tantas, que éstas les impiden ver los estragos de sus propias acciones.

La extracción del oro acaba con la naturaleza, la gente, las oportunidades, la tranquilidad, el tejido social y la justicia. El oro impone el conflicto desmedido, atrae a las multinacionales, explota a los trabajadores, acaba con la juventud y la posibilidad de un mundo mejor. Arrasa con la naturaleza y la cultura. En fin, acaba con los sueños y las ilusiones de un mundo diferente.

LUCHAS POR EL AGUA EN EL VALLE DEL CAUCA

Luchas por el agua en el Valle del Cauca

Por

Hernando Uribe Castro

Magíster en Sociología

El Valle del Cauca es un departamento que contó con una riqueza hídrica destacada tanto en la zona pacífica, sus vertientes y en la zona plana. Además de los numerosos ríos y de las importantes zonas lluviosas, posee fuentes de agua subterránea. A pesar de esta riqueza hídrica, las comunidades se encuentran desabastecidas y reclaman su derecho a ella. ¿Qué está pasando en el Valle del Cauca con el agua de las comunidades?

                                                                                               

Las comunidades ante este problema de acceso, abastecimiento y calidad tanto del agua como de los servicios prestados por las autoridades, han llevado a cabo movilizaciones en diferentes lugares y en diferentes momentos. Por ejemplo, desde hace muchos años, en Buenaventura, las comunidades están denunciando los problemas relacionados con el abastecimiento de agua potable, a través de protestas de vecinos que marchan y bloquean las principales vías[1] como la “Marcha por el agua” realizada en 2011 y las más recientes hechas por los habitantes del barrio Bellavista en este mismo municipio.[2] También se han presentado  protestas urbanas en Yumbo por aguas contaminadas, las marchas hasta la alcaldía de Cali por los habitantes de las zonas de laderas[3] en 2012 en Siloé, así como las del corregimiento de Villagorgona en Candelaria[4].

La explicación desde un punto de vista sistémico expresaría que tanto el modelo de desarrollo económico, como el proceso de industrialización, la expansión cañera, la falta de planeación eficiente del Estado y los usos indebidos del suelo en zonas de ladera, del valle y del pacífico, han incidido para que exista una crisis ecosistémica del agua en esta parte país. Crisis por desabastecimiento, desecamiento, envenenamiento, monopolio, extracción y control, y negligencia política e irresponsabilidad empresarial. Todo ello se manifiesta tanto en la contaminación de ríos por vertimientos industriales (río Cauca), de actividades primarias como minería y pesca con pólvora (río Dagua), al igual que  actividades de construcción (río Meléndez); desecación de los ecosistemas de humedal, monopolio y uso excesivo de aguas superficiales y subterráneas para el riego en cultivos de caña de azúcar, incremento de la ganadería y de aquellas actividades nocivas en zonas de reserva natural que son productoras de agua, así como la falta de políticas claras que, acorde a las condiciones culturales y propias de las comunidades, aprovechen mejor el servicio de agua para abastecer las necesidades humanas de los pueblos que habitan esta parte del país.

Los intereses privados de gremios económicos ganaderos, industriales, agroindustriales, comerciales y financieros, frente a sus necesidades de acumulación de capital, de enriquecimiento y de poder, parece importarles poco todos aquellos efectos del desabastecimiento del agua y de las necesidades humanas que dependan de ello. Muchas veces, son los intereses privados que tienen el poder de controlar algunos agentes del Estado para sacar los mejores beneficios para su favorecimiento.

Sólo por citar un dato histórico, entre 1957 y 1986 (es decir, hace ya casi 30 años), periodo del mayor auge cañero en el siglo XX, el Valle del Cauca había perdido el 72% de sus humedales y el 66% de sus bosques El hecho ha sido tan grave que en los últimos años, tan solo quedan 8 relictos de bosque y humedal, y todos ellos con tendencia a desaparecer para siempre.[5] La misma entidad ambiental CVC, ha reconocido que

“El alto río Cauca, a su paso por el departamento del Valle del Cauca, conforma lo que se denomina el Complejo Hidrológico del Valle Geográfico. Debido a su formación meándrica y a la dinámica del río, se forman, a lo largo de su recorrido, depósitos en forma de herradura que reciben el nombre de madreviejas. En la década del 50 existían 15.286 hectáreas de humedales lénticos en el departamento del Valle del Cauca, a finales de los años sesenta, el 88% de ellos había desaparecido, principalmente por la adecuación del espacio para la expansión de los monocultivos de la caña de azúcar, desconociendo los atributos, productos y funciones que cumplen estos ecosistemas. Los principales problemas o amenazas que enfrentan los humedales, son: desecación y drenaje, contaminación, disposición de residuos sólidos y escombros y colmatación, además de otros impactos negativos ocasionados por la construcción de obras civiles. En la actualidad, hay 49 humedales lénticos, remanentes del complejo hidrológico del Alto río Cauca, con aproximadamente 2.500 ha y 2.000 ha de la laguna de Sonso.”[6]

El extractivismo minero tradicional y agroindustrial, así como el neoextractivismo minero (liderado por grandes corporaciones globales y por fuerzas ilegales), el rentismo de tierra y el clientelismo politiquero, han sido modelos impuestos en el Valle del Cauca con repercusiones muy graves e indeseadas para el equilibrio socioecológico de la región. Pero detrás de todos estos modelos están las personas de carne y hueso como políticos, empresarios locales y extranjeros, grupos familiares y elites locales, terratenientes y grupos ilegales que se pueden identificar con toda claridad.

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[1] “Mantienen controles en Buenaventura ante protestas por servicio de agua.” El País, 23 de enero  de 2011.

[2] “Protestas en Buenaventura por mal servicio de agua”. Observatorio Pacífico y Territorio. http://www.pacificocolombia.org/

[3] Protestas en Siloé por deficiencias en servicio de agua. El Pueblo, 17 de septiembre de 2013.

[4] “Decretan emergencia sanitaria en Villagorgona por falta de agua potable”, EL PAIS, noviembre 18 de 2013.

[5] Perafán, Aceneth. “Valle del Cauca. Un estudio en torno a su sociedad y medio ambiente”. Cali: Universidad del Valle, 2012, p.p. 365-372

[6] CVC. ¿Qué son los humedales?, Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Página visitada el 25 de noviembre de 2013.  http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/tematicas/biodiversidad/humedales

ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN EN COLOMBIA

Acumulación por desposesión en Colombia

Por

Hernando Uribe Castro

Magíster en Sociología, estudiante del Doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle y profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente.

Para los agentes del capitalismo impulsores del modelo extractivista en América Latina y Colombia, los elementos de la naturaleza como el agua, la tierra, el subsuelo, el aire y el oxígeno, son recursos que poseen una valoración económica al ser convertidos en materia prima. Pero estos mismos agentes no realizan una valoración en términos de lo que significa hacer uso de estos elementos de la naturaleza y de los impactos que puedan ocasionar al cambio climático y a la variabilidad climática en los territorios locales. Existe, así, una paradoja en la relación capital y naturaleza.

En Colombia, esta paradoja se evidencia de manera muy clara, cuando se plantea la necesidad de conservar y proteger los espacios biodiversos, pero al mismo tiempo, los planes de desarrollo nacional, como lo ha sido en Colombia el Plan “Prosperidad para todos” del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, impulsan megaproyectos extractivos con impactos en las condiciones ambientales y sociales de muchos lugares del país con agricultura extensiva como la caña de azúcar, represas y proyectos hidroeléctricos (Urra 1, Anchicayá, Sogamoso, Quimbo, Pescadero Ituango, Salvajina), extracción de minería como lomitas en el Cesar (carbón), minería de oro en Marmato y Zaragoza, entre otros de los muchos casos existentes a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Proyectos que vinculan al Estado que actúa como promotor y fiscalizador aportando dineros del presupuesto nacional y las Corporaciones globales con intereses privados, de la que también se benefician las organizaciones globales del sistema financiero. Repercusiones que van a expresarse en las condiciones de miseria y pobreza para millones de colombianos así como la destrucción del todo el ecosistema natural. Estas son las borrosas fronteras del Estado y los grupos privados.

Aquí es importante el concepto la acumulación por desposesión propuesto por David Harvey en su libro “El nuevo imperialismo” (2003) : “la mercantilización y privatización de las tierras y la expulsión por fuerza de las poblaciones campesinas; la conversión de varios tipos de derecho de propiedad (comunal, colectiva, estatal etc.) en derechos de propiedad privada exclusivos; la supresión del acceso a bienes comunales; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas (indígenas) de producción y consumo; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de bienes (incluido los recursos naturales); la monetización del intercambio y los impuestos, en particular sobre la tierra; la trata de esclavos; y la usura, la deuda nacional y más recientemente el sistema de crédito.”

En Colombia esto se traduce en la ola de privatizaciones y todo tipo de megaobras como hidroeléctricas, embalses, autopistas, sobre los territorios locales y comunitarios, ahora convertidos en enclaves por parte de las empresas y corporaciones para su explotación, con impactos severos por las condiciones de despojo de comunidades y las dinámicas del desplazamiento promovidas, no solo por el conflicto armado, sino también promovido en nombre del “desarrollo”.

Frente a esta situación, existen reacciones sociales, en forma de protesta y movilización social motivada por organizaciones sociales, algunas de ellas, vinculadas a movimientos sociales. Protestas muy recientes contra la privatización de la educación, la salud, los servicios básicos (energía, acueducto, alcantarillado, entre otros), así como su oposición a la crisis de la seguridad alimentaria, a las hidroeléctricas, la extranjerización de tierras y a la monopolización de la tierra y la producción. Todas estas protestas realizadas por los campesinos, grupos indígenas, comunidades afrodescendientes, estudiantes, empleados del servicio de salud y profesores oficiales entre otros actores sociales, muchas veces son criminalizadas. Algunos líderes sociales han sido asesinados y otros amenazados o desterrados. 

La sociedad civil, la academia y la comunidad en general tenemos una obligación no solo de ser interlocutores ante el gobierno sino de seguir pensando alternativas y expresando nuestra inconformidad con estos gobiernos cuyas decisiones atentan contra el buen vivir de la gente y su ambiente.

      

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Columna de opinión publicada por EL PUEBLO, el 3 de noviembre de 2013

EN DEFENSA DE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE NAVARRO EN CALI

EN DEFENSA DE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE NAVARRO EN CALI

Por:

Hernando Uribe Castro

Magíster en Sociología, Doctorante en Ciencias Ambientales

El corregimiento de Navarro es producto del proceso histórico que presenció la ciudad de Cali a lo largo de los dos últimos siglos, en tanto, fue lugar nodal durante la época en que existía la Navegación a través del río Cauca. Esta comunidad, además de contar con una historia que es poco conocida por la sociedad caleña, ha sido confundida de modo permanente con el grupo de trabajadores recicladores que por mucho tiempo permanecieron sobre el Basuro de Navarro.

Hoy, la comunidad campesina que hace parte del corregimiento de Navarro afronta varias dificultades que fueron promovidas por las mismas agencias del Estado y por los intereses privados. El corregimiento ha sido afectado por: inundaciones del río Cauca debido a la expansión cañera al otro lado del río; también, por los grandes efectos contaminantes que la ciudad le ha dado al río a través del canal CVC interceptor sur que lleva grandes cargas de agua residual extremadamente contaminada y las deposita en el cauce, así como por la inseguridad promovida por el crimen organizado, entre otros aspectos. Pero sin duda, una de las mayores amenazas, es precisamente, el proceso de urbanización que poco a poco se aproxima a este lugar.

Un proceso urbanizador que ha sido motivado de modo irresponsable por las agencias del Estado local y nacional, así como por entidades privadas, cajas de compensación y empresas urbanizadoras que, en busca de excedentes de capital por medio del mercado del suelo urbano, han desatado la más vil masacre de ecosistemas de humedal y la ampliación del perímetro urbano. Una muestra de estos propósitos está en el llamado Proyecto Ecociudad Navarro que se proyecta construir sobre las áreas vecinas al basuro y los pocos humedales naturales que quedan. Los intelectuales y estudiosos de la Universidad del Valle así como otros profesionales de la región, han demostrado que sobre estas áreas orientales de Cali es altamente riesgoso desarrollar procesos urbanizadores. Los estudios de sismicidad, de suelo, de ecología y ambiente, son claros en señalar estos asuntos.

Una ampliación sin control del perímetro urbano y de los procesos de desarrollo que convierten la tierra urbana en mercancía para la producción de riqueza prevé la transformación de la población de este corregimiento ancestral con vocación campesina, agrícola y arenera, a una población urbanizada. Lo que significa de otro modo, la muerte de lo poco que queda del campesinado en el Valle del Cauca.

Insisto que las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad caleña, la academia, y la propia comunidad de Navarro deben apostar por la defensa de la comunidad campesina, que ve cómo la irresponsabilidad de unos gobiernos neoliberalizados y de unos grupos privados interesados solo en la reproducción de sus riquezas, son indolentes ante su situación, y promueven su destrucción en nombre de la democracia, el progreso y el desarrollo.