Este es un espacio que propone reflexiones y debates sobre la inter-retro-conexión sociedad en la Naturaleza y la Naturaleza en la sociedad.

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martes, 25 de marzo de 2014

CASANARE: EXPRESIÓN DE UN MODELO DEPREDADOR EN EL TERRITORIO NACIONAL

Casanare: expresión de un modelo depredador en el territorio nacional

Por Hernando Uribe Castro
Magister en Sociología

Nada más triste y desesperanzador que el observar, cómo la irresponsabilidad del Estado colombiano, sus agentes de control ambiental, de las corporaciones privadas petroleras y de la elite ganadera, afectaron las condiciones de los ciclos naturales de territorios como en el Casanare.

Según los medios nacionales, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, expresaba: “Que no llueva no es culpa de las petroleras (…) Colombia es vulnerable al tema de la sequía. Lo que tenemos es un cambio global del clima en el planeta”.[1] La elite de poder es astuta al usar “la crisis ambiental global” como discurso para ocultar, tapar, velar y explicar sus perversas acciones depredadoras, extractivas y criminales con el ambiente del territorio nacional.

Respuesta ilusa, descabellada, irresponsable, negligente, ignorante y que insulta a los colombianos. Una respuesta como esta da cuenta de lo poco que le importa a las corporaciones y agentes privados la necesidad de comprender el funcionamiento de los socioescosistemas del territorio nacional. Expresar que la culpa es del calentamiento global es despojarse de toda la responsabilidad que cae a espaldas de este gremio, de los petroleros, ganaderos y del gobierno nacional.

Cuando los territorios son despojados de su cobertura vegetal, cuando se secan las fuentes de la producción de agua por la explotación y extracción de recursos, así como la tala indiscrimada de bosques para la ganaderías, las condiciones micro climáticas de inmediato son impactadas y se transforman. Estas acciones interrumpen el ciclo natural de los territorios y por ello aparecen las consecuencias nefastas para la naturaleza y las comunidades.

Lo terrible de este asunto es que, como en otros lugares del país como en el Valle del Cauca con la caña de azúcar, las corporaciones autónomas regionales encargadas de las cuestiones ambientales de las regiones se quedan paralizadas. De hecho, es claro que para que la situación en el Casanare sucediera y alcanzara los niveles que presenta hoy en día, ha tenido que haber pasado mucho tiempo de explotación incesante y de irrespeto incontrolado con los elementos de la naturaleza como el agua, el aire, el suelo y el subsuelo por parte de las firmas e inversionistas privados. ¿Dónde estaba el Estado? ¿Qué hicieron las Corporaciones Abmientales para detener estos procesos depredadores?

Tal como lo he señalado en innumerables ocasiones, estamos presenciando un modelo extractivista de los  territorios locales. Esta relación entre los lugares locales y la hegemonía global es mediada por el Estado para garantizar el marco normativo a través del cual se legitima la presencia de multinacionales explotando la naturaleza. Un marco normativo, político y económico que sirve y legitima la posibilidad de hacer uso ilimitado de los recursos y del control de la sociedad. Firmas globales que tienen el poder económico, político y armado de someter, exigir y doblegar al Estado colombiano, administrado por gobiernos que están dispuestos a entregar lo que sea a cambio de prebendas económicas, status y privilegios de familia.







[1] ¿Quién es culpable de la mortandad de animales por sequía en Casanare? El Tiempo http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/sequia-en-casanare_13721415-4

lunes, 10 de marzo de 2014

Naturaleza, conflicto y posconflicto

Naturaleza, conflicto y posconflicto

                                                                       Por                                                                      
Hernando Uribe Castro

Desde una perspectiva sistémica, el conflicto armado en Colombia es también un conflicto socioambiental. De esto no hay duda, puesto que las acciones armadas no se dan en el aire sino en territorios concretos, con huellas y efectos en los seres vivos y en la naturaleza. Por ejemplo, las actividades de erradicación de los cultivos ilícitos mediante la aspersión de químicos sobre los suelos, contaminan el agua, la tierra, las plantas, los animales y las personas. De igual modo afectan los bombardeos, las tomas de pueblos y las confrontaciones entre actores armados.

El que los tecnócratas no determinen los costos de los daños ambientales a través de las fumigaciones o por medio de bombardeos a zonas estratégicas, no significa que la vida y el ambiente, ahí existentes, no se afecten. Llama la atención que hasta el presente momento no se ha hecho una evaluación del costo por desastre ambiental ocasionado por la guerra, y de modo, especial por programas como Plan Colombia puesto en marcha desde el año 2000, cuyo eje central era la erradicación de los cultivos ilícitos.

Por ejemplo, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas ha señalado que 128 mil hectáreas anuales se han fumigado en todo el territorio nacional, destacándose el año 2006, con 170 mil hectáreas). Detrás de las aspersiones se encuentran firmas como DynCorp de Estados Unidos. Las fumigaciones han provocado protestas de muchas comunidades, como las de Tarasá en Antioquia, que ven la afectación tanto en la salud humana como en el suelo, deforestado y con altos niveles de contaminación de las fuentes de agua y de los cultivos.

La experiencia colombiana ha demostrado que la guerra se valora primero en términos económicos, y luego sociales. Pero hasta ahora no existe una valoración ambiental del daño causado. Fuentes de agua destruidas, extracción minera que arrasa con cuencas hidrográficas, confrontaciones entre bandos que desplazan las comunidades de sus habitas ancestrales y que son guardianas de los ecosistemas. Desplazar una comunidad indígena o campesina de su lugar, es desplazar también ese saber ambiental y ese conocimiento que existe en ellos. Y lo tenaz es que quedando deshabitadas las tierras, son fácil presa de intereses privados, a veces promotores de la guerra, para monopolizar y tener control sobre amplios territorios, como aconteció en Urabá. Una guerra que al  desplazar poblaciones promovió el ingreso de multinacionales para desarrollar actividades extractivas de minerales.

Considero que en un contexto como el colombiano de conflicto armado, y sobre todo en un posible camino hacia el posconflicto, se hace necesario comprender el ambiente de modo distinto.

Frente a una guerra que fortalece el modelo económico extractivo se debe reivindicar el valor del ambiente como un sistema que integra la naturaleza y la sociedad. Implica un camino hacia la plena conciencia de que los problemas del conflicto armado siendo económicos y sociales, lo son también ambientales.

¿Es posconflicto cuando el territorio tiene presencia de inversores privados que sacan todo el provecho posible a la naturaleza como materia prima arruinando los ecosistemas? ¿Impulsando las actividades extractivistas y, en algunos casos, motivando y atizando el fuego de la guerra para promover el fenómeno del desplazamiento de comunidades para liberar la tierra de sus dueños legítimos?


Que el posconflicto no se constituya en un discurso ideológico de este gobierno, promovido desde las corporaciones globales, y al que falsamente le juegan los actores armados, para legitimar el modelo de desarrollo existente que extermina la grandeza de este territorio, tanto en su biodiversidad natural como en su diversidad cultural. 

domingo, 9 de febrero de 2014

VIVIENDAS GRATIS: UNA SOLUCIÓN QUE REPRODUCE CONFLICTOS



Viviendas gratis, una solución que reproduce conflictos *

Por: Hernando Uribe Castro
Magíster en sociología, profesor de la Facultad de Humanidades
Universidad Autónoma de Occidente.

     Cuando desde el gobierno nacional se plantean soluciones a problemas sociales, a veces filtradas por prácticas politiqueras e intereses clientelistas, y sin ningún tipo de control y acompañamiento de las comunidades, los resultados pueden ser desastrosos. Porque la solución emerge de arriba abajo, sin ningún tipo de interlocución con los beneficiarios, dando cuenta de que ciertos Programas que se asumen como respuesta a problemas públicos, no son más que una representación desdibujada o parcial del problema que intenta responder, por parte de una tecnocracia que poco o nada sabe de las realidades y necesidades de los grupos sociales afectados. Ejemplo de ello, son el Programa de las “100 mil viviendas gratis” y el Programa “Vivienda Salario Mínimo” que permiten demostrar lo antes referido. Dentro de las distintas vertientes de análisis que puede existir al respecto, plantearé la relacionada con los conflictos sociales que han empezado a emerger entre los potenciales beneficiarios y los residentes de las zonas:
  1. Conflictos entre residentes que reclaman que, entregar vivienda gratis a familias pobres en áreas vecinas, afectará el avalúo comercial de sus viviendas. Esto produce conflicto en términos de convivencia social, así como conflictos jurídicos.[1] Familias que han pagado altos costos por una vivienda, ahora tendrán como vecino otra familia que ubicada en el mismo sector, recibe su vivienda gratis. Esto podría reproducir sentimientos de rechazo y estigmatización hacia las familias pobres – representación social de quién en últimas es un potencial beneficiario de un Programa público-[2]
  2. Las condiciones físicas de la vivienda se diseñan por fuera de las características socio demográficas de las familias que las habitarán; lo usual es que una vez entregados los proyectos, éstos sean habitados por familias numerosas  que además de suplir una necesidad básica de abrigo, también requieren desarrollar actividades comerciales para el sustento y manutención de sus familias- por supuesto en este tipo de cuestiones el Estado brilla por su ausencia- . Cuestiones como las anteriores, usualmente no son tenidas en cuenta por el gobierno a la hora de diseñar, ejecutar y hacer realidad el sueño de miles de colombianos de tener vivienda propia. Ya se conocen casos concretos de programas que no tuvieron acompañamiento y los resultados han sido complejos como ha sucedido con el sector de Potrero Grande donde existen altas tasas de criminalidad y violencia. 
  3.  Algunos beneficiarios de las viviendas gratis, o porque realmente no eran los beneficiaros potenciales – no fueron filtrados adecuadamente- o porque debieron salir de la zona de ubicación de las vivienda por problemas de seguridad, deciden arrendar las vivienda, desdibujando por completo el sentido de la respuesta del Estado a un problema público. Esto significa que están fallando los controles para entregar a quienes verdaderamente necesitan las viviendas y los procesos de acompañamiento que implica construir comunidad. Lo anterior puede ser un indicativo de que existen prácticas politiqueras y clientelistas, así como de oportunistas que se aprovechan de la debilidad del control del Estado.[3] 
  4. Una feria de vivienda que, como proceso urbanizador, ha sido motivado de modo irresponsable por el gobierno, entidades privadas, cajas de compensación y empresas urbanizadoras que, en busca de excedentes de capital por medio del mercado del suelo urbano, han desatado la más vil masacre de ecosistemas de humedal, bosques y la ampliación del perímetro urbano. Los escenarios donde se construyen las viviendas gratis regularmente son escenarios de confrontación social y condiciones ambientales no apropiadas por riesgo a un posible desastre como lo es la zona de laderas, el oriente y suroriente de Cali en sectores próximos a lo que fue el basuro de Navarro.

Sin duda, estos son algunos de los muchos otros conflictos que, se prevé, estallarán en los próximos meses, sobre todo en periodo de campaña electoral. Estos programas de vivienda promovidos por el gobierno no son política pública. Una política pública integra en su proceso de construcción a la comunidad, la sociedad civil y la academia, en la perspectiva de lograr respuestas estructurales, concertadas y lo más posible acertadas a problemas estructurales como los que vivimos en nuestro país. Estos programas fueron elaborados desde escritorios por parte de tecnócratas que creen que la realidad está en un plano y en papel. Por ello, amerita que el Estado en sus distintos niveles territoriales trabaje articuladamente de mano con las comunidades, en la agencia de políticas públicas efectivas, que más allá de un periodo de gobierno, permitan atender el fenómeno de manera estructural. Es decir, lo que se debe apostar es a políticas públicas de Estado que garanticen en el mediano y largo plazo respuestas efectivas, más allá de los mismos repertorios de las administraciones.

·         Columna de opinión publicada por el periódico EL PAIS, 9 de febrero en 2014


[1] “Polémica por ubicación de casas gratuitas en Cali se irá a 'batalla' jurídica.” El País, Noviembre 5 de 2012.

[2]  “¿Cuál es el costo social de las viviendas gratuitas en Cali?. El País, 27 agosto de 2012.

[3] “Sí hubo ‘colados’ en programa de viviendas gratis del Gobierno en Pradera.” El País, Abril 21 de 2013.




jueves, 30 de enero de 2014

CALI Y EL MERCADO DE VIVIENDA

Cali y el mercado de vivienda

Por
Hernando Uribe Castro
Magíster en Sociología

En Cali ocurre un fenómeno silencioso, sutil pero muy visible, por lo menos, en su paisaje urbano. Este fenómeno es la proliferación de conjuntos cerrados, edificios de apartamentos y urbanizaciones recientemente construidas en sectores como el sur, el oriente y algunos lugares del occidente sobre la cordillera. La gran mayoría de ellos para un público de estratos socioeconómicos y medios y altos.

Me di en la tarea de averiguar costos y modos de financiación. Costos promedios de apartamentos con valores entre $70 millones (para estratos bajos) 150 millones (para estratos medios y hasta más de $300 millones (para estratos altos). Para la compra de un apartamento de aproximadamente $150 millones se requiere un salario mínimo de algo más de $5 millones de pesos colombianos. Lo interesante es que casi todos los proyectos ya están vendidos. Urbanizaciones, conjuntos y edificios de apartamento localizados en sectores estratégicos próximos a otros escenarios que también están en proliferación en esta ciudad como los centros comerciales donde los fines de semana sus parqueaderos no dan abasto con tanto visitante, a tal punto que el negocio ahora de estos lugares es el cobro de parqueo por hora.

Según datos de Camacol, Cali es la tercera ciudad en Colombia en participación en volumen del mercado. Según la presidente de esta entidad “Otro dato para destacar es que para final de este año se habrá iniciado 220.000 viviendas, mientras que el promedio de otros años ha sido de 190.000 unidades.” (EL PAIS, DICIEMBRE 5 DE 2013).

¿220.000 viviendas? Me pregunto, ¿Cuántas personas en esta ciudad tienen la posibilidad de comprar un apartamento de $100 millones sobre todo cuando Cali se ha destacado por ser una de las ciudades con mayor número de población desocupada y desempleada? Pero también por ser una de las ciudades del mundo con mayor criminalidad. Los estudios indican que uno de los sectores económicos que más produce empleo es la industria, pero en esta ciudad desde la década de los años ochenta la industria entró en crisis. Existe proliferación de actividades comerciales informales, legales e ilegales, así como también una importante población migrante que desde otros países envían remesas a sus familias en esta ciudad. ¿Pero explica estos hechos la proliferación increíble del mercado de vivienda a costos tan altos? ¿También explica el que el gobierno genere instrumentos como subsidios a la tasa que impulsan la compra de vivienda?


Creo que tanto las empresas constructoras, inversionistas, dueños de tierra urbana y entidades financieras se están viendo beneficiadas, porque la ciudad y su crecimiento les permite la reproducción de sus excedentes de capital. La ciudad y sus pobladores aglomerados son hoy, los mejores aliados del capitalismo.