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viernes, 11 de julio de 2014

AMBIENTE Y CONFLICTO EN COLOMBIA

Ambiente y conflicto en Colombia

Por: Hernando Uribe Castro
Magíster en Sociología, Estudiante del doctorado en Ciencias Ambientales

El conflicto armado en Colombia es multidimensional y con repercusiones en el ambiente.  De esto no hay duda, puesto que las acciones armadas no se dan en el aire sino en territorios concretos, con huellas y efectos en el sistema viviente. Por ejemplo, las actividades de erradicación de los cultivos ilícitos por aspersión de químicos sobre los suelos llevadas a cabo por el gobierno nacional por más de una década, han contaminado el agua, la tierra, las plantas, los animales y las personas. De igual modo afectan los bombardeos, la toma de pueblos, la avanzada paramilitar, los derrames de petróleo, los campos de cultivos de uso ilícito, la quema de bosques, el desarrollo de actividades extractivas con las que se financian los grupos ilegales y organizaciones criminales, así como las confrontaciones directas en el territorio entre actores armados.  Incluso la corrupción de agentes en instituciones del Estado por acción u omisión.

El que los tecnócratas y agentes no determinen los costos de los daños ambientales a través de las fumigaciones o por medio de bombardeos, ataques y confrontaciones armadas en zonas estratégicas, no significa que la vida y el ambiente, ahí existentes, no se afecten. Llama la atención que hasta el presente momento no se ha hecho una evaluación del costo por desastre ambiental ocasionado por la guerra, y de modo, especial por programas como Plan Colombia puesto en marcha desde el año 2000, cuyo eje central era la erradicación de los cultivos ilícitos y la lucha contra el narcotráfico.

Por ejemplo, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas ha señalado que 128 mil hectáreas anuales se han fumigado en todo el territorio nacional, destacándose el año 2006, con 170 mil hectáreas). Detrás de las aspersiones se encuentran firmas como DynCorp de Estados Unidos. Las fumigaciones han provocado protestas de muchas comunidades, como las de Tarasá en Antioquia, que ven la afectación tanto en la salud humana como en el suelo, deforestado y con altos niveles de contaminación de las fuentes de agua y de los cultivos.

La experiencia colombiana ha demostrado que la guerra se valora primero en términos económicos, y luego sociales. Pero hasta ahora no existe una valoración ambiental del daño causado. Fuentes de agua destruidas, extracción minera que arrasa con cuencas hidrográficas, confrontaciones entre bandos que desplazan las comunidades de sus habitas ancestrales y que son guardianas de los ecosistemas. Desplazar una comunidad indígena o campesina de su lugar, es desplazar también ese saber ambiental y ese conocimiento que existe en ellos. El territorio rural está quedando deshabitado y presa fácil de intereses privados, a veces promotores de la guerra, para monopolizar y tener control sobre amplios territorios, como aconteció en Urabá. Una guerra que al desplazar poblaciones promovió el ingreso de multinacionales para desarrollar actividades extractivas de minerales y recursos, dejando la zona deforestada. El tapón selvático del Darién en el territorio Colombiano, ya no es un tapón natural., puesto que hoy es una zona desértica.

Considero que en un contexto como el colombiano de conflicto armado, y sobre todo en un momento crucial como el de la agenda de negociación, se hace necesario comprender el ambiente de modo distinto. El que en el proceso de negociación se plantee el problema ambiental, ya es un paso muy significativo. En el punto 3 sobre “solución al problema de drogas ilícitas” en el marco de Acuerdo general entre el gobierno nacional y la guerrilla, se expresa que se requiere una recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos, así como el cierre a la frontera agrícola la recuperación de ecosistemas y el desarrollo sostenible. Estos elementos son importantes y se requiere importantes reflexiones y debates.

Frente a una guerra que fortalece el modelo económico extractivo se debe reivindicar el valor del ambiente como un sistema que integra la naturaleza y la sociedad. Implica un camino hacia la plena conciencia de que los problemas del conflicto armado siendo económicos y sociales, lo son también ambientales.


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