Este es un espacio que propone reflexiones y debates sobre la inter-retro-conexión sociedad en la Naturaleza y la Naturaleza en la sociedad.

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lunes, 15 de diciembre de 2014

AMBIENTE Y CONFLICTO ARMADO INTERNO EN COLOMBIA, UNA APUESTA INTERDISCIPLINAR

AMBIENTE Y CONFLICTO ARMADO INTERNO, UNA APUESTA INTERDISCIPLINAR

Por:
Germán Ayala Osorio[1],  Hernando Uribe Castro[2] y Carmen Jimena Holguín[3]

Resumen

Esta ponencia tiene por objetivo abordar los asuntos de las implicaciones del conflicto armado interno en el ambiente[4], como una apuesta interdisciplinar. El interés por este tema surge en el marco del Proyecto Académico que se encuentra en construcción y ejecución en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente.

Un proyecto académico que tiene como foco central los Estudios Territoriales y Culturales, a partir de cuatro ejes: a) las identidades: los sujetos del territorio; b) las afectaciones socioambientales; c) inclusión y equidad; finalmente, d) la construcción de paz: negociaciones, posconflicto y paz.

En este sentido, la ponencia apunta al abordaje y al encuentro de dos de los ejes (las Afectaciones socioambientales y la Construcción de paz). Para ello, entonces, se reflexiona en torno a esa relación conflictiva que se da entre el medio ambiente y las dinámicas de un conflicto armado, especialmente porque éste deviene degradado en cuanto al respeto de las mínimas reglas de la guerra. Es claro, como se ha venido advirtiendo en las últimas décadas, que si no se respetan los derechos humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario, menos aún los actores armados van a considerar la variable ambiental en sus actividades bélicas y de sobrevivencia en territorios inhóspitos como las selvas húmedas tropicales.

Esa compleja relación entre medio ambiente y guerra suele invisibilizarse en las discusiones políticas e ideológicas, mientras que a través de los tratamientos periodístico-noticiosos suele aparecer reducida a hechos como “la voladura del oleoducto Caño Limón- Coveñas, y el consecuente derrame de petróleo”.

De este modo, el documento se encuentra estructurado en tres partes: en la primera se hace una reflexión del porqué es importante para la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma y de la Universidad en general, abordar los asuntos del conflicto armado y sus múltiples dimensiones, entre ellas la socio ambiental.

En la segunda parte, se ubica el contexto actual del tránsito hacia el posconflicto y el papel que debe jugar ahí el componente socio ambiental. Se parte de la idea de que en lo acontecido en Colombia en los últimos cincuenta años no se ha llevado a cabo una valoración de las implicaciones ambientales del conflicto, y que esta valoración debe ser tenida en cuenta a la hora de establecer el camino hacia el posconflicto[5]. Un posconflicto sin el tratamiento de las implicaciones socio ambientales será posiblemente fallido e incompleto, porque no permitiría restablecer las relaciones socio ambientales que la población históricamente ha desarrollado con los elementos de la naturaleza en el territorio. 

En la tercera parte se hace un llamado a la relación compleja entre conflicto, cambio climático y corrupción política en las regiones. Aquí se expresa que, tanto las implicaciones ambientales del conflicto armado como las producidas por el cambio climático, son productores de corrupción en cuanto al manejo de jugosos recursos que se destinan no tanto para atender los perjuicios, afectaciones y/o perturbaciones que dejan las dinámicas del conflicto armado interno, o del modelo de desarrollo, cuando se construyen obras que atentan contra los ecosistemas y comunidades, sino para atender las calamidades ya acontecidas por inundaciones por temporadas de lluvia o efectos de las olas de calor.

Se trata de un tratamiento sistémico no sólo de los componentes epistemológicos y teóricos necesarios para comprender la complejidad de esta relación, ambiente y conflicto armado, sino también que ese talante sistémico debe estar en los aspectos metodológicos, en las maneras como se puede avanzar en investigaciones que giren en torno a dicha relación y desde una perspectiva interdisciplinar. Al fin y al cabo no existe una oposición entre la teoría y la metodología, sino que estos funcionan como parte de un todo interrelacionado e interconectado. Finalmente se presenta bajo el acápite “El ambiente en el posconflicto: una atención necesaria, las reflexiones finales de este ejercicio, a modo de conclusión.

1.    Ambiente y conflicto armado interno

La construcción colectiva del nuevo proyecto académico y de investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente demandó la construcción de estados del arte para los cuatro ejes que componen los Estudios culturales y territoriales, que es la apuesta académica e investigativa de dicha Unidad Académica, pensada como una Escuela de Pensamiento.

En el eje de Construcción de Paz, por ejemplo, se revisó la bibliografía y el contexto local, regional y nacional asociado a las dinámicas del conflicto armado interno y las posibilidades de avanzar en la construcción de escenarios de paz, convivencia y posconflicto. Por su parte el eje afectaciones socio ambientales se concentró en la revisión de elementos del contexto de producción de los conflictos socio ambientales, las implicaciones políticas ambientales desde el Estado, los Planes estratégicos en la región del pacífico y por último algunos estudios de caso. Lo mismo ocurrió para el resto de los ejes que componen el proyecto académico.

Lo interdisciplinar atraviesa de manera definitiva el proyecto académico e investigativo de la Facultad de Humanidades, lo que implica que los ejes deban cruzarse de manera efectiva a través de la disposición mental de los profesores-investigadores y el reconocimiento de hechos y fenómenos que de manera natural exigen la mirada interdisciplinar.

Ejemplo de ese cruce de ejes, desde una perspectiva interdisciplinar, pretende ser el ejercicio de análisis que a continuación se presenta entre los ejes Construcción de paz y Afectaciones socio ambientales. Frente a lo cual cabe destacar:

Eso sí, hay que advertir que en general, la discusión de la dinámica social en el agro colombiano (y en especial de las economías de frontera), así como la misma ‘violentología’, ha carecido de una perspectiva interdisciplinaria; el análisis de los procesos en los aspectos social y político ha podido enmascarar determinantes explicativas importantes en el ámbito de la ecología humana”[6].

Por ello, resulta clave la tarea aquí sugerida, de establecer una mirada interdisciplinar en aras de comprender de una mejor manera la relación entre medio ambiente y conflicto armado interno.

El largo y degradado conflicto armado interno colombiano tiene implicaciones no sólo  políticas, económicas, sociales y culturales, sino ambientales. Se sabe que los actores armados (Estado, guerrillas y paramilitares) asumieron discursos ambientales en determinados momentos históricos, con claro énfasis en la conservación y el respeto de frágiles ecosistemas. Pero también es cierto que mientras asumían posturas pro medio ambiente, atentaban, atentaron y aún lo hacen,  contra ecosistemas naturales a través de la voladura  del oleoducto Caño Limón- Coveñas y/o el derrame de petróleo directamente de tracto camiones previamente retenidos por frentes guerrilleros.

Veamos el caso de las Farc. La no consistencia entre el discurso aparentemente ambientalista de las Farc y sus acciones bélicas puede responder a que como organización no exhibe una unidad de mando, es decir, que las Farc no es una estructura monolítica[7]. Germán Andrade señala que:

“Es muy posible que antes de 1988 las Farc no hubieran hecho pronunciamientos explícitos sobre temas ambientales. En el proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur Cuartas y las Farc, en la zona del Caguán, al principio en la perspectiva de las Farc lo ambiental era visto como un discurso burgués y el Inderena, entidad que en cabeza de Margarita Moreno de Botero se oponía a la sustracción de la reserva forestal, era una . Mediante la participación  de funcionarios y técnicos en el proceso de negociación para el levantamiento de la reserva forestal, y del diálogo directo, algunos insurgentes vieron con mejores ojos las propuestas que incluían la zonificación para uso múltiple, áreas comunitarias para uso de recursos, áreas para titulación individual, reservas, etc. A partir de ese momento y, ya de nuevo en medio del conflicto armado, se conoció la regulación del uso de recursos naturales en La Macarena (caza, explotación del cedro, por ejemplo). Durante el proceso con el gobierno de Andrés Pastrana se produjeron algunas manifestaciones sobre la posición de las Farc en temas ambientales, a saber: El Gobierno  Nacional y las Farc coincidimos en la importancia estratégica de trabajar en la protección y recuperación del medio ambiente. La política agraria establecerá una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja las reservas del ecosistema”[8].

Con todo y lo anterior, el componente y/o variable ambiental poca relevancia se le reconoce a pesar de las afectaciones ambientales[9] que dejan tanto las acciones bélicas ejecutadas por los actores armados[10], como la instalación permanente o flotante de los grupos armados enfrentados en territorios que ofrecen condiciones ecológicas que los hacen poco propicios para el desarrollo de actividades humanas, en especial aquellas relacionadas con la guerra[11]. Incluso por las acciones que desde el mismo Estado y las fuerzas armadas impulsaron en proyectos de lucha contra el narcotráfico como lo fue el Plan Colombia, donde se atacaban los cultivos de uso ilícito a través de aspersiones con químicos (glifosato) que afectaban los territorios, cultivos asociados y flora en general, y claro está, la salud de las personas que habitan en ellos.

El origen agrario del conflicto colombiano no ha sido suficiente para integrar lo ambiental en las acciones[12] que el Estado colombiano ha emprendido para tratar de consolidarse como orden político. Por el contrario, ese carácter agrario ha servido, en el contexto de la guerra interna, para aupar el desarrollo de actividades agropecuarias, agroindustriales y mineras, entre otras, que de manera clara tocan los intereses de los actores armados ilegales, así como a los de actores económicos legales.

Aunque no se trata de una lucha territorial por el acceso de unos recursos como agua y/o el control de bosques, como podría darse en guerras entre Estados, la ocupación de selvas por parte de las guerrillas ha tenido más un sentido geoestratégico para la defensa y el ataque a través de la modalidad guerra de guerrillas. Con el paso del tiempo, la ocupación de territorios cambió y de un tiempo para acá las guerrillas optaron por el desarrollo económico[13] de ciertas zonas, a través de la cooptación de las rentas del Estado, con la siembra de coca, marihuana y amapola y el control de la producción de la droga[14] a través del procesamiento químico de dichos cultivos de uso ilícito. Incluso se ha establecido que muchas de las actividades mineras denominadas ilegales le pertenecen a estos grupos insurgentes.

De igual manera, las guerrillas, las fuerzas paramilitares y las propias fuerzas estatales tienen hoy una relación distinta con los territorios, hasta el punto de que consideran de especial valor los usos y costumbres de las comunidades asentadas en los territorios “colonizados” y en disputa, en la medida en que reconocen la presencia de disímiles formas de apropiación territorial (territorialidades). Ganarse a la población civil suele ser una prioridad para los actores enfrentados; pero cuando las comunidades difieren profundamente de los objetivos y las maneras de proceder de unos de los actores armados, el desplazamiento forzado y la muerte de sus líderes hacen parte de las acciones de respuesta de los ejércitos enfrentados; lo que demuestra la vulnerabilidad de la población civil ante las dinámicas del conflicto armado interno y los marcos cognitivos de comprensión diferenciados, que los diversos actores tienen alrededor de asuntos como el medio ambiente y la guerra, dejando a la población civil desprotegida y a merced de las decisiones no siempre racionales de los actores armados en contienda.

Es claro que en la ocupación de territorios y la consolidación de territorialidades el Estado colombiano ha sido un débil referente de orden social, cultural y político, circunstancia esta que ha permitido que poderosos grupos privados compitan con comunidades  y grupos étnicos por la apropiación de territorios de acuerdo con sus tradiciones, usos y costumbres y los intereses económicos. Esas dinámicas autónomas han permitido que los cuidados ambientales y las consideraciones de ese tipo hayan estado soportadas más en las cosmovisiones de grupos afrocolombianos y comunidades indígenas, en clara confrontación con las formas de ocupación, aprovechamiento y explotación sustentable de los recursos dispuestos en determinados territorios, por agentes privados con poder económico y político.  Lo anterior confluye y/o toma sentido en la siguiente sentencia:

“Colombia ha sido un país con mucho más  territorio que Estado. Esta precariedad de las instituciones del Estado frente a la dimensión del territorio ha hecho posible fenómenos como la colonización espontánea y no regulada, y el asentamiento de grupos insurgentes en amplias zonas del país”[15].

Los estudios y la comprensión del conflicto armado interno gravitan, históricamente,  sobre las dimensiones y los ámbitos de la política, la guerra, lo sociocultural y de la economía. La tradición académica muy poco ha mirado las afectaciones socioambientales que la guerra interna produce en zonas biodiversas, protegidas, y las cobijadas bajo la figura de Parque Nacional Natural, en donde hacen presencia permanente o pasajera (flotante) los actores armados y se desarrollan acciones bélicas de mediana y gran envergadura.  

De hecho, las primeras movilizaciones ambientales en este país no se dieron por implicaciones del conflicto armado, sino por procesos de modernización a través de la construcción de vías que afectaban ecosistemas y de todo tipo de infraestructuras como canales, diques y desecamiento de pantanos, como aconteció en la ciudad de Cali, y a lo largo del todo el valle geográfico del río Cauca. Aún hoy, a pesar de que hay mayor conocimiento y gracias a la prensa, poco se discute, por ejemplo, de los efectos ambientales que deja el bombardeo de campamentos que hace la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, y la aviación del Ejército, con el claro propósito de eliminar a los cabecillas de las guerrillas.

No tener en cuenta la variable ambiental se explica por el lugar secundario que ésta ha tenido en la consolidación del Estado y de la sociedad. Es claro que la sociedad colombiana adolece de una formación ciudadana y académica[16] que considere, valore, respete y aprecie las ventajas comparativas que ofrece ser un país biodiverso. Esta circunstancia contextual, cultural e histórica, facilitó y facilita aún que particulares e incluso el mismo Estado desarrollen actividades productivas que no consideran medidas de mitigación por daños ambientales provocados por dichas actividades. Incluso que mediante políticas de Estado como los Planes de Desarrollo Nacional se impulsen actividades económicas, que como la minería, la agricultura extensiva sobre zonas de ladera en las cuencas hidrográficas, resultan nocivas para los ecosistemas y los componentes básicos de la naturaleza, por los tipos de perturbaciones ambientales y/o afectaciones socio ambientales que han puesto a prueba la resiliencia de los ecosistemas sociales y ambientales. En general puede afirmarse que a la par con la propia debilidad del Estado, nos enfrentamos a una sociedad civil atomizada, fragmentada y con escasos ejemplos de resignificación frente a los embates de la guerra -piénsese en las escasas movilizaciones sobre el medio ambiente-.

A la debilidad del propio Estado como conjunto de poder para controlar sus fronteras internas y someter a aquellos grupos que se levantaron en armas en los años 60 (imperio de la ley), se suma la precariedad de los organismos de control, Contraloría y Ministerio Público en general y el propio Ministerio del Medio Ambiente, circunstancias estas que han facilitado la  depredación de ecosistemas y la puesta en riesgo de especies vegetales y animales por parte de los particulares, empresarios medianos y grandes, así como por actores armados que hacen presencia a lo largo y ancho del territorio nacional, en especial en zonas de Parques Nacionales Naturales[17] y/o reservas privadas.

Muchas de las negociaciones internacionales con grupos o potencias económicas impulsadas por el gobierno nacional a través de tratados de libre comercio, dan vía libre a la explotación incesante y, a veces incontrolada de los recursos naturales de las comunidades. Los choques de grupos indígenas, campesinos y afrodescendientes contra multinacionales petroleras como la Oxy[18], carboneras como la Drummond, y explotadoras de oro como la Anglo Gold Ashanti, son solo algunos ejemplos.

Lo anterior se confirma y adquiere sentido con el Plan de Desarrollo Nacional, “Prosperidad para todos” del gobierno de Juan Manuel Santos que aboga por una intervención excesiva de las fuerzas del mercado en la explotación y aprovechamiento de la naturaleza y su potencial biodiverso, política que ha sido fuertemente rechazada por las propias comunidades indígenas, negras y campesinas y por algunas universidades. No olvidemos que la guerra también tiene su propio mercado y está afectada e incluso regulada por las fuerzas de la oferta y la demanda. Si hay conflictos bélicos, habrá oferta de empresas que fabrican armas y pertrechos para la guerra.

La problemática, entonces, pasa por el cruce de discursos. Claramente el discurso economicista guía y somete a los discursos políticos y ambientales, en el contexto de un modelo de desarrollo extractivo y de una guerra degradada de más de 50 años que no sólo deja víctimas humanas, sino que los ecosistemas naturales también resultan afectados por las dinámicas de conflicto armado interno.

Tal como lo ha señalado el exministro de medio ambiente, Manuel Rodríguez Becerra[19], si bien el discurso ambiental se fortaleció entre los años 80 y 90, de manera abrupta dicho posicionamiento fue golpeado por la llegada y la entronización del discurso antiterrorista agenciado por los Estados Unidos de Norteamérica y aplicado en Colombia de manera discrecional por el Gobierno de Uribe Vélez a partir de los hechos del 9/11 y  a través de su Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática (PPDSD). Uribe no sólo desconoció la existencia del conflicto armado, sino que impuso la idea de que en Colombia lo que había era una amenaza terrorista. Un claro correlato del discurso antiterrorista promovido por los Estados Unidos después de los episodios del 9/11.

2.    Conflicto, paz y posconflicto

Lo cierto es que en medio de un desarrollo desigual, el conflicto armado interno jamás alcanzó un carácter nacional y una dimensión de guerra generalizada que pusiera en crisis el Establecimiento[20]. Por el contrario, la guerra irregular se ubicó y se entronizó en territorios en donde el Estado históricamente ha brillado por su ausencia y terminó por afianzar prácticas políticas y económicas con las que una reducida élite bogotana y sus “espejos” regionales lograron legitimarse hacia adentro y hacia fuera, al tiempo que las guerrillas perdían apoyo popular por las transformaciones internas[21] y por los cambios internacionales que se dieron, especialmente en la adopción indiscutida de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos[22] y su lucha contra el terrorismo.
En la actual coyuntura del proceso de paz que se celebra en La Habana, y las posibilidades que se abren para pensar el diseño de escenarios de posconflicto, es urgente que el tema ambiental alcance la dimensión que históricamente la política y la cultura le han negado. En esa medida, cuando se habla de reparar a las víctimas del conflicto armado, en este texto se propone pensar en reparar los ecosistemas que han sido afectados de manera directa e indirecta por las acciones de guerra[23].

Reparar a las víctimas del conflicto armado interno, sin duda, es una prioridad. Ello no tiene discusión y el Estado y la sociedad deben hacer todo para que ello se dé, no sólo en términos económicos, sino en lo que corresponde a la reconstrucción identitaria y moral de las víctimas de los actores armados enfrentados en este largo conflicto armado interno.

Pero poco se habla de reparar los ecosistemas naturales afectados por las dinámicas del conflicto armado interno, entre ellos, por los bombardeos de las fuerzas estatales sobre campamentos guerrilleros, la depredación de bosques[24] por la construcción de campamentos, móviles y fijos de las Farc y el ELN y por la presencia de los cultivos de amapola y coca; y por supuesto, por la fumigación con glifosato de zonas de parques naturales (Plan Colombia[25]) y de zonas de cultivos de pan coger de afros, indígenas, campesinos y colonos.

De igual forma, los efectos negativos que deja la construcción de laboratorios para el procesamiento de alcaloides, manejados por narcos, paras, bandas criminales y guerrilleros, así como la destrucción de los mismos por parte de las autoridades cuando deciden quemarlos. Y a ello se suman los efectos socio ambientales que viene dejando la explotación de oro a lo largo y ancho del territorio colombiano.

Así entonces, como país biodiverso, Colombia debe hablar más duro de reparación al medio ambiente, de una biodiversidad frágil que además de soportar un modelo de desarrollo social y ambientalmente insostenible, y la extracción incontrolada de recursos del suelo y del subsuelo, sufre las consecuencias de una guerra interna en la que los actores armados depredan bosques y contaminan fuentes de agua.

Por la debilidad del Estado, por la cooptación privada y mafiosa de sus instituciones y de los recursos públicos, y por la inexistencia de un pensamiento ambiental acorde con las circunstancias y mayores responsabilidades que impone ser un país biodiverso, Colombia crece económicamente bajo un modelo de desarrollo que depreda y pone en riesgo la vida de futuras generaciones y el acceso a recursos vitales como el agua e incluso, para el disfrute estético de los ecosistemas.

Mientras tanto, en los diálogos de paz que adelantan el Gobierno de Santos y la dirigencia de las Farc,  el tema de la reparación ambiental no aparece en la agenda. El tema ambiental sigue siendo un asunto marginal, una externalidad. Y es claro que las Farc es un grupo armado ilegal que, sin duda, ha depredado y violentado frágiles ecosistemas. No olvidemos que las Farc han construido carreteras y campamentos en zonas de Páramo y cazan y capturan animales sin mayores consideraciones. Este debate político y social aún está por darse, al margen de que se considere o no como un asunto clave en la agenda del actual proceso de paz. Agenda que por lo que se prevé quedará para futuros gobiernos donde el tema ambiental sea un asunto estratégico y no marginal como se advierte en la actualidad.

Los efectos que la guerra interna deja hasta el momento en el medio ambiente deberían de ser considerados no sólo por los negociadores, sino por la Academia y actores de la sociedad civil, en especial ONG ambientales, de cara a la construcción de escenarios de posconflicto en los que el medio ambiente por fin sea un asunto transversal y nuclear para la sociedad colombiana de la posguerra[26] y del posconflicto.

El asunto no es menor. Por el contrario, reviste la mayor importancia. Pero se requiere, además de una coherente conciencia ambiental, un pensamiento ambiental que guíe la discusión no sólo de cómo cuantificar los daños ambientales dejados por los actores armados, legales e ilegales, sino del tiempo, los costos y las condiciones que demandará la reparación de frágiles ecosistemas sometidos a los fragores de una guerra sucia y degradada.

Esta tarea bien la puede asumir el Sistema de Cuentas Ambientales, eso sí, ampliando sus alcances, que según Gloria Cecilia Vélez Arboleda y Paula Andrea Cárdenas Henao,  están para

conocer y cuantificar las riquezas naturales que posee y además corregir los impactos que genera la producción económica sobre los recursos naturales y el medio ambiente, es decir, en el Sistema de Cuentas Ambientales se involucran los recursos naturales y el medio ambiente como activos que, incorporados a la actividad económica, incrementan o disminuyen su capacidad de crecimiento actual y futuro. De esta forma, los recursos naturales ya no son tratados como bienes libres y de oferta ilimitada, sino que adquieren la característica de bienes escasos que al asignarles la categoría de activos, deben ser valorados como tales en términos monetarios y se debe proceder a calcular tos costos de su agotamiento y degradación”[27].

Es hora de repensar las relaciones que de tiempo atrás venimos sosteniendo con la Naturaleza. Relaciones que vienen dejando serios problemas socio ambientales que ameritan la revisión del modelo de desarrollo económico extractivo, así como el tipo de sociedad que hacia futuro queremos, en el contexto de un país que se ha construido de espaldas y en detrimento de las condiciones contextuales de una biodiversidad mal administrada.

Antes de que sea tarde, deberíamos de mirar los modelos y los planes de vida de indígenas y afrocolombianos con los cuales estas comunidades han interactuado con la Naturaleza y han logrado procesos y dinámicas de vida que concilian variables y asuntos propios del  medio ambiente, procesos sociales, económicos y políticos.  


3.    Conflicto, cambio climático y corrupción

Existe una relación entre los perjuicios ambientales del conflicto armado, el cambio climático como proceso estructural y la corrupción.

Las críticas y difíciles condiciones en las que los ecosistemas naturales actúan desde sus lógicas internas, tendientes al logro del equilibrio, en medio de perturbaciones externas, se deben sólo a las dinámicas del conflicto armado interno, sino por las consecuencias de un modelo extractor de recursos naturales y transformador de paisajes boscosos a llanuras limpias de vegetación y montañas erosionadas por la pérdida de la cobertura vegetal. Además de estas acciones humanas, la cuestión se torna más difícil cuando a ello se suman las implicaciones del cambio climático y su expresión en el territorio nacional. Y claro está, si a lo anterior se suma la corrupción y el clientelismo como prácticas políticas de funcionarios públicos y por autoridades ambientales que deben hacer cumplir las normas ambientales, profusas en la Carta Política de 1991.

Esta crisis socio ambiental, producida por las actividades humanas, conlleva a un incremento en la producción de desastres como inundaciones en el campo y la ciudad, afectación de infraestructuras (carreteras, vías), así como también incendios forestales, sequía, envenenamiento del agua, la tierra y el aire. Frente a esto, disímiles gobiernos responden activando las alarmas por emergencia y hacen anuncios de importantes ayudas para atender estos eventos. El problema es que a la crisis socio ambiental se le suma una catástrofe que es perversa porque es intencionada y está arraigada en las prácticas políticas: la corrupción.

Ya lo anunciaba el periódico El País del viernes 11 de febrero: “Se hicieron ‘agua’ los dineros de ola invernal en el Valle del Cauca: el Valle del Cauca es el departamento que registra el mayor número de irregularidades por obras del programa Colombia Humanitaria que aún no inician o presentan grandes retrasos”. Solo un seguimiento atento a los medios periodísticos daría cuenta de los muchos anuncios de apoyos, recursos y dineros que se anuncian, pero a los cuales no se les hace atento seguimiento. No se sabe si efectivamente esos recursos se concretan o llegan a quienes lo necesitan realmente. Por ejemplo, en el municipio de Roldanillo tumbaron un puente para hacer otro similar con el único propósito de contratar[28]. Es de imaginar lo que va a pasa cuando, en un eventual y esperado posconflicto, se ofrezcan y se asignen recursos económicos para reparar los ecosistemas naturales que han sufrido afectaciones por cuenta de las dinámicas y las acciones de guerra.

El Informe Mundial de Corrupción 2011 señala que en los países donde precisamente existían dineros que se giraban a la atención de los problemas por riesgos por desastres naturales o medioambientales, se evidenciaba incremento de la corrupción[29]. En Colombia los recursos girados son por afectaciones de ola invernal o sequía, pero no se sabe de presupuestos para atender las crisis por implicaciones de los enfrentamientos por actores armados. Este es un asunto que hoy poco se discute en la academia, en La Habana e incluso, dentro de las propias instituciones estatales, tanto las ambientales como las de control. Así, estamos ante un asunto pendiente en la agenda pública del actual y los gobiernos de turno venideros, así como en las discusiones de actores tanto públicos como privados que trabajan de manera directa o indirecta con asuntos de carácter ambiental.   

Recientemente, una de las tantas acciones guerrilleras fue contra carro tanques que transportaban petróleo. Los guerrilleros detuvieron los camiones y derramaron todo el petróleo sobre una ladera que daba a uno de los ríos que alimentaban un acueducto municipal. La cuestión es que la solución a estas afectaciones no son de momento, sino que las consecuencias son sistémicas y a largo plazo. ¿Quién valora económica, social y ecológicamente el acto demencial del grupo armado ilegal? Es posible reparar el daño o debemos esperar a que la resiliencia de los ecosistemas naturales afectados por el derrame del crudo haga su trabajo. Este debate público aún está por darse e infortunadamente está lejos de ser un asunto de debate en la agenda pública  gubernamental.

Hoy en día los presupuestos nacionales incluyen recursos para atender desastres y eventos de calamidad, pero como estos eventos son procesos de largo plazo, los controles administrativos casi que son imposibles y muchos grupos de poder, líderes y gamonales, se están beneficiando de esta crisis socio ambiental. También es claro que por las implicaciones políticas y económicas muchos gobernantes deciden hacerle el quite al problema y más bien dejarlo a la  siguiente administración, la cual a su vez, en la mayoría de los casos actúa bajo la misma óptica, generando una especie de espiral sin salida.


4.    El ambiente en el posconflicto: una atención necesaria

El conflicto armado en Colombia es multidimensional y con repercusiones en el ambiente.  De esto no hay duda, puesto que las acciones armadas no se dan en el aire sino en territorios concretos, con huellas y efectos en el sistema viviente. Tal como se había comentado, las actividades de erradicación de los cultivos ilícitos por aspersión de químicos sobre los suelos llevadas a cabo por el gobierno nacional por más de una década, han contaminado el agua, la tierra, las plantas, los animales y las personas. De igual modo afectan los bombardeos, la toma de pueblos, la avanzada paramilitar, los derrames de petróleo, los campos de cultivos de uso ilícito, la quema de bosques, el desarrollo de actividades extractivas con las que se financian los grupos ilegales y organizaciones criminales, así como las confrontaciones directas en el territorio entre actores armados.  Incluso la corrupción de agentes en instituciones del Estado por acción u omisión.

El que los tecnócratas y agentes no determinen los costos de los daños ambientales a través de las fumigaciones o por medio de bombardeos, ataques y confrontaciones armadas en zonas estratégicas, no significa que la vida y el ambiente, ahí existentes, no se afecten. Llama la atención que hasta el presente momento no se ha hecho una evaluación del costo por desastre ambiental ocasionado por la guerra, y de modo, lo que ha costado ambientalmente la lucha contra el narcotráfico[30].

Por ejemplo, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas ha señalado que 128 mil hectáreas anuales se han fumigado en todo el territorio nacional, destacándose el año 2006, con 170 mil hectáreas). Detrás de las aspersiones se encuentran firmas como DynCorp de Estados Unidos. Las fumigaciones han provocado protestas de muchas comunidades, como las de Tarasá en Antioquia, que ven la afectación tanto en la salud humana como en el suelo, deforestado y con altos niveles de contaminación de las fuentes de agua y de los cultivos.

La experiencia colombiana ha demostrado que la guerra se valora primero en términos económicos, y luego sociales. Pero hasta ahora no existe una valoración ambiental del daño causado. Fuentes de agua destruidas, extracción minera que arrasa con cuencas hidrográficas, confrontaciones entre bandos que desplazan las comunidades de sus habitas ancestrales y que son guardianas de los ecosistemas.

Desplazar una comunidad indígena o campesina de su lugar, es desplazar también ese saber ambiental y ese conocimiento que existe en ellos. El territorio rural está quedando deshabitado y presa fácil de intereses privados, a veces promotores de la guerra, para monopolizar y tener control sobre amplios territorios, como aconteció en Urabá.

Una guerra que al desplazar poblaciones promovió el ingreso de multinacionales para desarrollar actividades extractivas de minerales y recursos, dejando la zona deforestada. El tapón selvático del Darién en el territorio Colombiano, ya no es un tapón natural, puesto que hoy es una zona desértica.

En el contexto del conflicto armado, y sobre todo en un momento crucial como el de la agenda de negociación, se hace necesario comprender el ambiente de modo distinto. El que en el proceso de negociación se plantee el problema ambiental -aunque no necesariamente el tema de la reparación ambiental-, ya es un paso muy significativo. En el punto tres sobre “solución al problema de drogas ilícitas” en el marco de Acuerdo General entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, se expresa que se requiere una recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos, así como el cierre a la frontera agrícola la recuperación de ecosistemas y el desarrollo sostenible. Estos elementos son importantes y se requiere importantes reflexiones y debates.

Frente a una guerra que fortalece el modelo económico extractivo se debe reivindicar el valor del ambiente como un sistema que integra la naturaleza y la sociedad. Implica un camino hacia la plena conciencia de que los problemas del conflicto armado siendo económicos y sociales, lo son también ambientales.

Lo dicho hasta el momento permite acercarse a hechos, fenómenos y circunstancias que de manera clara exponen la relación interdisciplinar entre medio ambiente y guerra. En términos metodológicos proponemos las siguientes preguntas orientadoras, con miras a establecer análisis sistémicos, holísticos e interdisciplinares:

¿Cómo era el territorio y los ecosistemas antes de la llegada de los actores armados? ¿Quiénes los habitaban y de qué modo? ¿Qué actores llegaron y cuándo llegaron? ¿Cuáles son las dinámicas de la guerra, bombardeos, establecimiento de campamentos, captura y caza de animales ¿Qué hicieron los actores y cómo lo hicieron?, ¿Entre quiénes se enfrentaron y de qué modo?, ¿Cómo afectaron la naturaleza y la sociedad?, ¿Cómo están los socio ecosistemas hoy? ¿Cuál es su estado actual? Estas son solo algunas preguntas que sugerimos.

Las metodologías deben contener las definiciones de los lugares seleccionados, pueden hacerse combinaciones de enfoques cualitativos y cuantitativos, abordar el conocimiento popular y las narraciones y testimonios de los habitantes de los territorios para reconstruir no solo sus historias de vida en contexto de conflicto, sino también la historia de vida del territorio. Hacer uso de cartografías sociales para la reconstrucción de la memoria histórica y de metodologías complementarias que permitan abordar los asuntos socio ambientales desde otras perspectivas alternativas e incluyentes. Será clave la participación de la Academia y del Estado para valorar los ecosistemas y cuantificar los costos de las reparaciones a las que deben someterse los ecosistemas afectados por las acciones bélicas. Se necesitará de un trabajo interdisciplinar y colaborativo, que puede incluir a los mismos actores armados, en su obligación de reparar los ecosistemas socio ambientales.

Como escenario de futuro, y con gran sentido utópico, el posconflicto no sólo debe conllevar la desmovilización de las guerrillas, la firma de un armisticio, la participación política y el fortalecimiento de la democracia, sino que amerita cambios profundos en el modelo de desarrollo y las maneras como nos venimos relacionando con el medio ambiente.

El profesor Germán Andrade se pregunta:

¿Cómo sería el país en sus aspectos ambientales, en una etapa de posconflicto? Una parte de la respuesta incompleta podría esbozarse en el planteamiento de los impactos ambientales  acumulativos y crecientes, los cuales dibujan  desde ya una sociedad que deberá enfrentarse  a la realidad de un país que hereda una estructura ecológica empobrecida y una sociedad con retos de reconstrucción más complejos. Es decir, un conflicto que compromete opciones de futuro. También ese futuro podría leerse entre líneas, en el discurso que refleja la conciencia ambiental (o la falta de ella) de los actores involucrados. [31]






Bibliografía

-   Becerra, Manuel. ¿Hacer más verde al Estado Colombiano?. En: Revista de Estudios Sociales No. 32, abril de 2009: Pp. 272.
-   Informe Mundial de Corrupción “Cambio Climático”. Estados Unidos: Transparency International, 2011.
-   Rangel Suárez, Alfredo. Naturaleza y dinámica de la guerra e Colombia. En: Guerra, sociedad y medio ambiente. Foro Nacional Ambiental. Fundación Alejandro Ángel Escobar. Universidad de los Andes. Ecofondo. Tropenbos Internacional Colombia. GTZ. Fescol. Martha Cárdenas  y Manuel Rodríguez Becerra, editores. 2004. p. 49.
-   Sánchez Gómez, Gonzalo. Colombia: violencia y democracia. Comisión de Estudios sobre la violencia. La Carreta Política. Iepri. 5ª edición. 2009. p. 18.


[1] Magíster en Estudios políticos, Docente y director del grupo de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Occidente.
[2] Magíster en Sociología, Docente y director del grupo de investigación: “Conflictos y Organizaciones” de la Universidad Autónoma de Occidente.
[3] Magíster en Políticas Públicas, grupo de investigación: “Conflictos y Organizaciones” de la Universidad Autónoma de Occidente.
[4] Por ambiente entendemos la interrelación entre la naturaleza y la sociedad. A partir de este encuentro,  emerge el ambiente, que incluye entonces los elementos de la naturaleza (bióticos y abióticos) y los elementos humanos (de su cultural material y de su cultura espiritual) en integración mutua.
[6] G. Andrade. Selvas sin ley. En: Guerra, sociedad y medio ambiente. p. 128.
[7] Igual puede suceder en las filas de las Fuerzas Armadas. Habrá casos de unidades militares que respetan el medio ambiente en sus actividades de patrullaje, pero cuando se producen bombardeos, en estos casos la conciencia ambiental pasa a un segundo plano, porque lo que se busca es golpear el enemigo, eliminando a sus cabezas más visibles.
[8] G. Andrade. Selvas sin ley. Págs 155-156.
[9] Por ejemplo, los actores armados, incluyendo al Estado, pueden ser responsables de procesos de de defaunación de especies de fauna, especialmente, sobreexplotadas por los ejércitos que de manera sistemática ejercen actividades de caza sobre ciertos animales que les proveen alimento. Se suma a los procesos de defaunación provocados por los actores armados, la caza de comunidades indígenas y cazadores furtivos. Germán Andrade, citando a Kent Redfort, señala que “el autor mostró que en las selvas tropicales americanas la caza frecuentemente  elimina la fauna  mayor, compuesta por animales que cumplen funciones ecológicas vitales. La defaunación  además se presenta en áreas habitadas por colonos e indígenas, y la preferencia de presas entre estos grupos produce resultados diferentes. Según el mismo autor, las selvas pueden ser destruidas desde afuera por deforestación y desde adentro, por defaunación”. (Selvas sin ley, G. Andrade. p. 118).
[10] Hay evidencias de que algunos frentes guerrilleros exhiben un discurso ambiental proclive a respetar los ecosistemas naturales, así muchos de esos grupos armados ilegales continúen perpetrando ataques contra la infraestructura petrolera, provocando el derrame de petróleo. Los procesos de paz han sido escenarios en donde el tema ambiental ha emergido. Rodríguez Becerra así lo confirma: “La posición de las guerrillas a favor de la ejecución  del Plan Verde (de reforestación de varias zonas en el país) fue, en algunos casos, reflejo  de su discurso ambientalista. No existe una posición oficial de las Farc o del Eln en relación con el medio ambiente. Pero el tema se incluyó  como uno de los puntos prioritarios en la agenda de negociaciones  para la paz acordada entre el gobierno del presidente Pastrana y las Farc. Existía  un acuerdo entre las dos partes sobre los avances que se podrían hacer en ese campo. Entre los puntos de importancia para el gobierno en esta materia siempre ha estado  el tema de los atentados dinamiteros a los oleoductos, una actividad originada por el Eln, responsable de la mayor parte de ellos, y que las Farc incorporó en su estrategia ofensiva desde mediados de los noventa… Algunos de los frentes de las Farc cuentan con un discurso a favor de la protección ambiental, entre los cuales se identifican los ubicados en la región compuesta por Páramo de Sumapaz, vecino de Bogotá y los tres parques nacionales naturales Macarena, los Picachos y Tinigua…” p. 224- 225.
[11] Por ejemplo, la construcción de túneles y la construcción de campamentos sin mayotas consideraciones ambientales, así como el minado y la siembra de cultivos de uso ilícito, son actividades, entre otras, que afectan ecosistemas frágiles y ponen el riesgo de especies de fauna sobre explotadas por los combatientes y/o afectadas por el bombardeo aéreo de las fuerzas estatales.

[12] Intentos de reformas agrarias, decisiones económicas y la declaración de zonas de reserva campesina, entre otras acciones, dan cuenta de lo complejo del problema agrario y de su importancia estratégica para resolver el conflicto armado a través de la negociación y el diálogo político.

[13] Véase Guerra, sociedad y medio ambiente. Editores Martha Cárdenas y Manuel Rodríguez Becerra.
[14] Manuel Rodríguez Becerra señala que “desde principios  de los ochenta los cultivos ilícitos fueron adquiriendo una importancia paulatina hasta convertirse, a nivel nacional, en la fuente predominante de financiación de la guerrilla, y, en época más reciente, de los paramilitares”. Reforestación  comunitaria y conflicto.  p. 214. Reforestación comunitaria y conflicto.
[15] Rangel Suárez, Alfredo. Naturaleza y dinámica de la guerra e Colombia. En: Guerra, sociedad y medio ambiente. Foro Nacional Ambiental. Fundación Alejandro Ángel Escobar. Universidad de los Andes. Ecofondo. Tropenbos Internacional Colombia. GTZ. Fescol. Martha Cárdenas  y Manuel Rodríguez Becerra, editores. 2004. p. 49.

[16] No se ha dado un pensamiento ambiental que, con pretensiones sociales de universalización, permita que todos los ciudadanos valoren, con compartidos criterios, el ser un país biodiverso. Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2013/12/hay-pensamiento-ambiental-en-colombia.html
[17] El desarrollo de acciones bélicas deja considerables afectaciones ambientales.  Por ejemplo, la fumigación de cultivos de uso ilícito con glifosato representa una evidente subvaloración del valor ambiental de ecosistemas hídricos, entre otros, que resultan afectados por el herbicida.
[18] Occidental de Colombia.
[19] Becerra, Manuel. ¿Hacer más verde al Estado Colombiano?. En: Revista de Estudios Sociales No. 32, abril de 2009: Pp. 272.
[20] Por el contrario, el Establecimiento se ha fortalecido gracias a la presencia de las guerrillas que terminaron haciéndole el juego a las fuerzas políticas y a las élites que siguen sosteniendo un régimen de poder excluyente, violento y profundamente centralista.
[21] Crisis de liderazgo, cansancio en las filas por la dificultad de alcanzar el poder, lo que terminó por convertir el proyecto armado y pretendidamente revolucionario, en un modus vivendi para cientos de guerrilleros jóvenes que vieron en la ‘lucha amada’ la oportunidad para ‘progresar’. La llegada del narcotráfico también aportó negativamente a la consolidación del proyecto liberador de las guerrillas.  En el informe Pacificar la paz se lee que “el narcotráfico ha operado como un canal de ascenso individual, sustituto del reformismo social. Se pone en evidencia cómo el movimiento guerrillero  se ha vuelto co partícipe  y víctima del narcotráfico unas veces,  y cómo en otras los guerrilleros han jugado el papel de ilusos inyectores de <> a los narcotraficantes, estos nuevos y agresivos colonizadores de la política y de la sociedad. Empero, creyendo <> al narcotráfico, la guerrilla ha resultado a menudo colonizada por él”. Tomado de Sánchez Gómez, Gonzalo. Colombia: violencia y democracia. Comisión de Estudios sobre la violencia. La Carreta Política. Iepri. 5ª edición. 2009. p. 18.
[22] Ejemplo de ello, constituye el discurso y la lucha antiterrorista proclamados por los EE.UU después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Dicho discurso fue recogido y adoptado como propio por el Presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien diseñó y aplicó, bajo esos parámetros ideológicos y políticos su Política de Defensa y Seguridad Democrática (PPDSD), con la que combatió a las guerrillas, en especial a las Farc. Como parte del cambio de orientación, el conflicto armado interno desapareció del discurso estatal y fue remplazado por la idea de amenaza terrorista. Durante ochos años el conflicto armado interno y las guerrillas perdieron el estatus y las condiciones políticas que históricamente gobiernos, la academia y la sociedad en general les había conferido o reconocido.
[23] Bombardeos de la fuerza estatal, construcción de campamentos fijos y móviles de las guerrillas y de las fuerzas armadas; la explosión de minas antipersonales, la depredación de bosques, el consumo de especies animales por parte de los guerreros, las fumigaciones con glifosato.
[24] En cuanto a planes de reforestación como el Plan Verde,  Rodríguez Becerra explica que “la puesta en marcha  del Plan (Verde) en zonas de conflicto significó una acción proactiva de las CAR en relación con los grupos armados. Entre las actividades que debieron realizar se mencionan los procesos de persuasión directa realizados por los funcionarios con los comandantes de los frentes. En muchos casos los propios  directores de las CAR se vieron en la necesidad de contactar y hablar directamente con aquellos. Desde un punto de vista formal, se supone que tales procesos no deberían darse, puesto que en últimas se trata de funcionarios  de la autoridad ambiental en búsqueda de la anuencia de grupos subversivos para adelantar planes  y programas gubernamentales”.  Reforestación comunitaria y conflicto. p. 221.
[25] Las fumigaciones con glifosato implementadas por el Estado colombiano en zonas de frontera, motivó la demanda internacional del Gobierno de Rafael Correa contra Colombia, por los efectos negativos producidos por las fumigaciones tanto en ecosistemas naturales, como en la vida de comunidades asentadas en las zonas de frontera en territorio ecuatoriano.
[26] Se entiende la posguerra como el escenario aquel en donde las hostilidades han cesado de manera definitiva a través de la firma de un armisticio. Se distingue del posconflicto en la medida en que en éste de manera clara no sólo se busca la superación de las razones y de las circunstancias que originaron el conflicto, sino que apunta a la reconstrucción social, económica, cultural y política de la sociedad y de las comunidades que más sufrieron los efectos de la guerra interna.
[27] Tomado de Las Cuentas Ambientales como parte de las Cuentas Nacionales. http://www.bdigital.unal.edu.co/5584/1/gloriaceciliavelez.2001.pdf

[28] “Informe: los puentes ‘voladores’ que no han logrado convencer en Roldanillo.  El Valle del Cauca es el departamento que registra el mayor número de irregularidades por obras del programa Colombia Humanitaria que aún no inician o presentan grandes retrasos.” El País, 8 de febrero de 2013.

[29] Informe Mundial de Corrupción “Cambio Climático”. Estados Unidos: Transparency International, 2011.
[30] Una propuesta muy replicada hace un par de años era que así como Estados Unidos y la Unión Europea habían financiado la guerra en Colombia, del mismo modo estos actores internacionales deben aportar a financiar el posconflicto, entre el que se incluye la necesaria justicia ambiental para los pueblos y la naturaleza.
[31] G. Andrade. Selvas sin ley. p. 155.