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domingo, 1 de febrero de 2015

DESALOJADOS Y REUBICADOS DEL JARILLON EN CALI

Desalojados y reubicados del jarillón en Cali

Por: 
Hernando Uribe Castro, Magíster en Sociología
Estudiante del Doctorado en Ciencias Ambientales, Univalle
Profesor Universidad Autónoma de Occidente

Lo primero que deseo señalar es que el fenómeno de ocupación del dique (jarillón) del río Cauca es muy complejo. Porque es un fenómeno, que si bien, inicia hacia finales de la década de los años setenta, sus verdaderas raíces provienen de los planes “modernizadores” llevados a cabo por la élite política local, por allá, en las décadas de los años cuarenta y cincuenta, cuando la élite, los inversionistas extranjeros y los propietarios con poder (terratenientes) pensaron esta región como un territorio diseñado del que se podría sacar mucho beneficio por sus ventajas geográficas comparativas y competitivas.

Promovieron un proyecto de diseño regional con inversiones del Estado y extranjeras, a partir de obras como diques para recuperar áreas de las inundaciones, embalses, canales, todo ello para favorecer la expansión de la caña de azúcar y, sobre todo, el negocio de la tierra, con repercusiones graves para los ecosistemas y las comunidades asentadas sobre la zona plana.

A esto se sumó las ineficientes políticas urbanas que siempre fueron desbordas por el crecimiento de la ciudad y que nunca pudieron atinarle a los verdaderos problemas que se debían resolver. 

También porque los encargados de la diferentes administraciones municipales a lo largo de la historia de la ciudad le dieron la espalda a este fenómeno y no lo evitaron desde un principio, porque para ellos, esta población repercutía en importantes número de votantes para acceder a los cargos públicos. Entre más comunidades pobres, mejor para ellos porque las podían dominar, controlar y, sobre todo, ilusionar a cambio de votos.

Por ello, este fenómeno de ocupación se debe entenderse en el contexto de producción de la producción de la ciudad Cali y toda la dinámica regional que sobre ella recae. Por ejemplo, durante los años sesenta y setenta la característica fue el caso de las olas migratorias y de desplazamiento de población de regiones próximas y lejanas por violencia, eventos naturales, desplazamiento por el conflicto armado, búsqueda de oportunidades que conllevaron a que emergiera lo que hoy se conoce como el Distrito de Aguablanca y los asentamientos sobre las zonas de ladera.

Hoy Cali, es una expresión clara de lo que en geografía y sociología urbana se conoce como la segregación socioespacial.

Entonces, con este antecedente,  la ocupación del dique es un fenómeno urbano de tal magnitud cuya solución no podría plantearse únicamente desde una perspectiva técnica-instrumental, como precisamente percibo, se está llevando a cabo por los tecnócratas que de vez en cuando salen a dar declaraciones espantosas en nombre del Estado y señalando sin distinción que todos pobladores del jarillón son unos “invasores”.

El dique no es una línea de ocupación homogénea. En él, habitan comunidades que aparecieron en distintas épocas y bajo condiciones diversas, con intereses diversos y diferentes motivaciones. No es lo mismo “Nuevo Amanecer” a “Floralia” o a “Navarro”. Tampoco lo era en su momento “Villa moscas” con “Los Samanes del Cauca”. Cada asentamiento es muy particular y cada asentamiento tiene su propia estructuración. Una solución que pretende como tábula rasa, arrasar con todo, sería una solución fallida como ejercicio de una violencia del Estado.

En casos como Los Samanes del Cauca, fue la misma agencia del Estado quién ubico las primeras familias ahí con contratos y pago de arriendo. ¿Cómo es posible entonces que ahora se diga que son invasores? Los mismos agentes del Estado produjeron la ocupación.

El fenómeno de ocupación del jarillón requiere, por tanto, de una solución integral e integradora que involucra e involucre muchas dimensiones, que percibo, no se han tenido en cuenta por parte de la Administración. Pienso entonces, que el proceso de desocupación del jarillón no es solo de desalojar las familias (5 más personas por hogar) y reubicarlas en viviendas de 35mts2. Esa es la salida más patética, facilista e irresponsable, cuando se ha negado la multidmensionalidad de lo que verdaderamente implica una solución.

Tratar a estas comunidades como "invasoras" es expresión dañina que estigmatiza la dignidad de las persona asentadas (que son seres humanos), generaliza una idea confusa de lo que ha sido la historia de la ciudad y construye una representación en la opinión pública errónea y que ahora recae sobre estas comunidades como seres “indeseables” que afean y afectan la ciudad. Lo que quiero decir es que el discurso aquel que señala a estas familias como “invasoras” es un discurso verdaderamente falso. 

En los casos que he estudiado -y lo expreso con total responsabilidad, convecinimiento y conocimiento de causa porque he estado en las zonas, conozco las personas y se lo que son -, las comunidades siempre han manifestado que están dispuestas a colaborar con las soluciones que plantee el Estado, siempre y cuando, se hagan dentro de los espacios legítimos de participación, de respeto y defensa de los derechos, así como de  concertación, escucha y construcción colectiva con la comunidad. 

Incluso, algunas comunidades tienen como propuestas de solución modelos de viviendas agroecológicas, planes y proyectos a la espera que las administración municipal les escuche para dárselos a conocer. Las comunidades no se han negado a colaborar con una solución efectiva de esta situación.

Creo que el fenómeno de ocupación y desocupación del dique deja ver de modo claro los problemas de un Estado colombiano, cuyas agencias y agentes, a veces inoperantes para resolver de modo inteligente los problemas de la sociedad, terminan reproduciendo no solo la violencia física y simbólica, sino acrecentando el problema. El caso de Potrero Grande es un excelente ejemplo.

En jarillón, expresión clara del abandono de parte de las administraciones municipales que eran las responsables junto con otras agencias del Estado, encontramos campesinos, microempresas, negocios, zoológicos, granjas, viveros, residencias, empresas de plástico y todo lo que Usted se pueda imaginar. Incluso en el Corregimiento de Navarro, la escuela, la policía y el centro de salud, que son instituciones del Estado, que fueron construidas por el Estado, están ubicadas sobre la línea del jarillón, precisamente, sobre la zona de inundación del río. ¿Son la escuela, la policía y el centro de salud invasores también?

Finalmente, deseo expresar que es patético escuchar y leer lo que muchas personas dicen sobre estas comunidades tratándolas de la peor forma como por ejemplo: "invasores", "chusma forastera", "plagas bíblicas", "malviventes" entre otras denominaciones y señalamientos lamentables; y lo hacen desde sus lugares confortables siendo ignorantes, patéticos, total desconocedores e ingenuos de lo que ha sido la historia de la ciudad en la que viven. Dicen por decir, sin criterio y de modo irresponsable. Son personas que terminan repitiendo lo que repiten los medios, porque no son capaces de crear su propio criterio. Terminan siendo como muñecos de ventrílocuo de circo.

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