Por: Hernando Uribe Castro
Magíster en Sociología
Candidato a Doctor en Ciencias Ambientales
Profesor Universidad Autónoma de Occidente
La constante expansión de Cali, desborda continuamente el perímetro
urbano reconocido oficialmente, este proceso expansivo, a veces incesante y
descontrolado, se lleva a cabo sobre áreas inapropiadas para la urbanización.
Las administraciones municipales de los últimos 25 años, se han comprometido
con atender este fenómeno, pero ninguna de ellas ha logrado darle una solución
estructural.
La más reciente propuesta liderada por el exalcalde Rodrigo Guerrero
frente al jarillón del río Cauca no cumplió con su meta. Y no lo logró
porque la propuesta fue formulada desde el escritorio por tecnócratas y no se
hizo en el terreno, de la mano con las propias comunidades. Eso puede sucederle
al actual alcalde Maurice Armitage, si toma la postura del “alcalde autista”
que no escucha las propuestas que hace la comunidad, e incluso la academia.
La solución integral al fenómeno del jarillón debe superar la visión
tecnocráctica de los funcionarios que creen que ofreciendo casas subsidiadas
(nunca gratis) van a solucionar esta situación. ´Urbanizar´ los hogares
campesinos que han sido víctimas del modelo de desarrollo, del desplazamiento
por conflicto armado, megaproyectos o bandas criminales, entregándoles casas de
28m2, como aconteció con la urbanización Potrero Grande, no es la solución. Así
como tampoco el uso de la fuerza pública como aconteció en el sector Las Vegas
y Venecia en febrero y junio de 2015.
La Alcaldía de Cali en el 2005 había identificado en el jarillón del río
Cauca 10 asentamientos informales, con 5.925 viviendas y con una población de
35.778 (promedio de personas por vivienda 6)[2], hoy en
día, 10 años después, el Informe Seguimiento al Plan Jarillón de Cali PJC, de
la Procuraduría General de la Nación y de la Personería Municipal de Santiago
de Cali, señala que existen 26 asentamientos informales con aproximadamente
8.777 viviendas. Es decir, hoy hay más del doble de asentamientos y un
48% más de viviendas, que de mantenerse el promedio de 6 personas
por hogar, el número de habitantes se aproximaría a 52.662 habitantes. En 10
años han llegado, por lo menos 16.884 nuevos habitantes, es decir 2.814
hogares.
Esta simple operación mental matemática, nos pone a pensar que contrario
a lo esperado, el fenómeno de expansión se complejiza porque faltan soluciones
estructurales de parte del gobierno municipal. Y sobre todo, porque las
pocas acciones de reasentamientos, como por ejemplo el caso de la urbanización
Potrero Grande, han sido infructuosas como solución de parte del Estado, y lo
que han producido ha sido más problemáticas sociales, principalmente porque no
se ha involucrado la participación de la comunidad.
Se requieren de soluciones creativas, inteligentes y participativas que
den respuesta a las necesidades de los habitantes, que se respete, por un lado
la vida y la dignidad de los hogares asentados en el jarillón (puesto que son
familias revictimizadas por la sociedad), y por otro lado, que se logre
la seguridad ambiental de la ciudad. En estos casos, son importantes los
diálogos directos entre el señor Alcalde con las comunidades y la participación
de la Academia y demás actores de la sociedad civil sensibles a la
problemática.
[1] Publicado por El País, 3 de febrero de 2016.