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lunes, 3 de diciembre de 2012

CRISIS AMBIENTAL, GOBIERNO Y CORRUPCIÓN EN COLOMBIA


Crisis ambiental, gobierno y corrupción en Colombia

Por
Hernando Uribe castro
Magíster en Sociología

Tanto los hechos  presentados durante el periodo de lluvias intensas, denominadas como la “ola invernal”, como los hechos enmarcados durante el periodo de sequía y calor, y que se expresaron de modo especial en problemas de abastecimiento de agua e incendios forestales sobre zonas de ladera, han demostrado que el Gobierno (local y nacional) se queda corto para atender estas situaciones de emergencia ambiental. Hechos que también demuestran que el modelo de desarrollo económico de tipo extractivo está causando estragos irreversibles en zonas estratégicas y frágiles de los ecosistemas colombianos como los páramos.

El gobierno se queda corto, no solo porque es ineficiente su acción directa en términos de prevención y atención de estos desastres, también porque existen incoherencias y contradicciones en sus discursos. Por un lado, se dirige a alentar una necesaria relación amigable y de respeto con el medio ambiente, pero, por otro, sus acciones se han enfocado a fortalecer y  poner en marcha las locomotoras del desarrollo, dispuestas desde los Planes de Desarrollo Nacional, como  el caso propuesto por el gobierno del presidente Santos, cuyos impactos en territorios que deberían ser protegidos, son desastrosos, pero lucrativos para las multinacionales que se encuentran detrás de  estas actividades mineras.

Son visibles estas contradicciones. A la que se suman por ejemplo, incongruencias con los datos de los supuestos aportes y/o apoyos en términos de dineros girados, subsidios, a familias afectadas, e incluso apoyo a los propios municipios. Anuncios y anuncios de dineros a los que nunca se les hacen ningún tipo de control. No se sabe si efectivamente esos recursos se concretan. No se sabe nada de ese control y seguimiento. Por tanto se debe exigir una gobernabilidad climática.

En un informe sobre corrupción mundial y cambio climático, se señalaba que uno de los campos en los que más se evidenciaban altos niveles de corrupción era precisamente los dineros que se giraban a la atención de los problemas por riesgos por desastres naturales o medioambientales[1]. Como el problema es mayúsculo, los presupuestos nacionales tenderán a concentrarse en estos aspectos, pero como son procesos de largo plazo, los controles administrativos casi que son imprecisos e imposibles. De esto ya se ha venido observando en Colombia.

Se teje así una relación que parece invisible: crisis ambiental, gobierno y corrupción, de la que muchos grupos de poder se benefician. Como siempre, es la población más pobre y marginal la que resulta afectada y haciendo peticiones y no exigencias al gobierno nacional, como si se tratara de un favor y no de un derecho,  cuando debe  ser el Gobierno en representación del Estado quien ponga en marcha todos los dispositivos y equipamientos para atender, favorecer y defender a los ciudadanos que se encuentran dispersos a lo largo y ancho del territorio nacional afectados por las crisis socioambientales.




[1] Informe Mundial de Corrupción “Cambio Climático”. Estados Unidos: Transparency International, 2011.

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