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lunes, 29 de abril de 2013

PROTESTA SOCIAL Y SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO EN CALI


PROTESTA SOCIAL Y SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO EN CALI[1]

Hernando Uribe Castro
Magíster en Sociología
Miembro del Centro Interdisciplinario de la Región Pacífico Colombiana, CIER
Universidad Autónoma de Occidente

La mañana del miércoles 20 de marzo marcharon por la vía al mar hacia la Alcaldía, 250 habitantes de la Comuna 1 en Cali. Lo hacían con pancartas y mensajes que expresaban la inconformidad por la falta de atención e incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Alcalde, con la comunidad y por el grave problema de movilidad y de conexión entre sus barrios con el resto de la ciudad, a raíz del funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo, MÍO. Pero esta protesta es sólo una de las otras tantas que se han presentado desde que el sistema entró en operación: las primeras manifestaciones fueron promovidas por los transportadores de servicio público en agosto de 2012. La protesta del 8 de febrero en las estaciones de San Pascual y San Bosco por la falta de buses hacia el oriente y norte de Cali; las tomas de estaciones del 13 de febrero donde 50 personas bloquearon la estación Andrés Sanín por la ineficiencia en el servicio. Las tomas de vías del 28 de febrero del 2013 por el mal servicio del transporte y por la cancelación de rutas de la empresa Coomoepal, en la que participaron colectivos cívicos, algunos estudiantes del colegio Santa Librada, vecinos y comerciantes.

Estas protestas y sus diferentes repertorios contra el MÍO, evidencia la inconformidad de una sociedad con un sistema que fue impuesto sin tener en cuenta las características particulares de la ciudad y de su población. Si bien, un sector de usuarios expresa aspectos positivos como el cambio estético de algunos lugares, limpieza y comodidad, otras comunidades expresan efectos negativos en términos de: a) incrementó en el tiempo de movilidad y de transbordos para ir de un lugar a otro; b) incrementó en el presupuesto familiar por pago de más pasajes; c) población que, excluidos de la red de transporte, hacen uso del transporte pirata; d) un sistema que no garantiza seguridad, buen trato y confort; e) una cultura ciudadana distante para el usuario. La respuesta más común de las autoridades a estas manifestaciones se expresa en acciones represivas con el Smad, lo que hace que la comunidad exclame: "somos usuarios, no agitadores".

La primera década del siglo XXI se caracteriza por el negociazo que, inversionistas privados en alianza con alcaldes, hicieron con la implementación de este mismo sistema en diferentes ciudades (Bogotá, Medellín, Manizales y Barranquilla, otras), haciendo creer que ese era la solución al problema de movilidad de las ciudades colombianas. ¿Acaso cada ciudad no es particular en términos de su configuración urbana y de sus necesidades de movilidad, para que, de un momento a otro, todas tengan la misma solución de transporte?

Sin entrar a señalar los aspectos técnicos que especialistas en el tema han expresado, es evidente que además de los problemas de planeación del sistema, primó más el interés de los inversionistas por producir ganancias, que por brindar solución a los problemas de movilidad de la ciudad.  El argumento más poderoso que demuestra esto es la falta de participación comunitaria en el proceso de diseño, implementación y, en general, en su puesta en marcha. No hubo un proceso de apropiación cultural dado que el sistema masivo necesariamente implica un cambio de la vida urbana cotidiana. Y a todo ello se suman, las implicaciones económicas y de tiempo para el usuario e incluso, para el subsistema productivo de una ciudad cuyos trabajadores se movilizan en bus.  

Evidencia este fenómeno, la neoliberalización de la ciudad como forma de reproducción de una sociedad dominada por las leyes y demandas del mercado y unos grupos que, aliados con gobernantes locales, ven en la ciudad el mejor lugar para incrementar sus capitales.





[1] Publicado por semanario El Pueblo. 27 de abril de 2013.

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