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viernes, 17 de mayo de 2013

¿BUROCRACIA CRIMINAL? LAS EPS EN EL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA


¿Burocracia criminal? Las EPS en el Sistema de Salud en Colombia

Por
Hernando Uribe Castro
Magíster en Sociología

El martes 29 de abril de 2013, en el Hospital Santa Clara de Bogotá, muere Paula Sofía Lesmes de 9 meses de edad, a causa de un paro cardiorrespiratorio, no atendido de manera oportuna por la entidad prestadora del servicio. El agente interventor de la EPS Solsalud, pidió perdón por este hecho[1]. Pero Paula Sofía se suma a otros tantos colombianos(as) que mueren por falta de atención de estas entidades, como fue el caso de José Angel en diciembre de 2012[2] a quién se definió como el símbolo del caos de las EPS. Pero estos no sólo representan el caso de personas que llegan con vida a las EPS y mueren por la nefasta atención sino que en estas empresas prestadoras de salud en el 2002 se denunciaba que los muertos nunca morían, por lo menos en sus bases de datos. En ese año existieron denuncias con respecto a que en las bases de datos de las EPS se encontraban 65 mil afiliados que ya habían muerto: “Luego de encontrar que las EPS están cobrando al Estado aportes cercanos a los 1.500 millones de pesos mensuales por más de 65 mil personas que aparecen como fallecidas en los archivos de la Registraduría General, el Ministerio de Salud les ordenó aclarar de inmediato sus cuentas[3].

Son estos casos muestras claras de un sistema de salud que hizo de la enfermedad y de la muerte de los colombianos un fortín para los intereses privados y empresariales que están detrás de las EPS, que han terminado por asegurar una atención indigna, ineficiente y de pésima calidad. Toda una desatención en el sistema de salud cuyas “empresas macabras” y “empresas del terror” hacen las veces de verdugos. Estamos en un contexto de sociedad donde lo administrativo es más importante que la vida de los colombianos. Las intervenciones que hace la Superintendencia de Salud sobre EPS como humana vivir, es porque la crisis administrativa y financiera pone en riesgo ni siquiera la salud, sino la vida misma de las personas que dependen de las redes hospitalarias.

Interesante este fenómeno porque una de las tesis del psicoanalista Anthony Sampson, a quien presencié en una conferencia muy reciente sobre violencia, es, precisamente, que en el marco del sistema mundo moderno capitalista, no solo existen las mentes criminales que utilizan el poder para ejercer sus programas de violencia, sino que se acompaña de un sistema burocrático en el que participan funcionarios y empleados que sin poseer cuadros de psicópatas o criminales, y en función de sus labores, actúan, cumplen su tarea y obedecen según los cuadros administrativos de sus empresas. Acciones y tareas, que por ejemplo como lo es no atender por falta de una firma en un formato, orden o carta para autorizar una cirugía, no hacen la atención debida porque si incumplen los protocolos y procesos, pueden perder su empleo. O el médico(a) que sabiendo que presta una mala atención porque así lo exige el cuadro administrativo de la clínica o entidad en la que trabaja, mantiene y resguarda su empleo. Como pesa más el proceso y protocolo administrativo, la atención del ciudadano es caótica y nefasta. ¿De quién o quienes es entonces la responsabilidad de tremendos actos? Funcionarios, instituciones, de las empresas privadas y, de modo particular, del Estado que desprotegió y dejó a sus ciudadanos sin un buen servicio de atención y prevención en salud, en manos de los intereses empresariales que ven la vida como una mercancía, un objeto más o un dato más en un cuadro de Excell.

A pesar que la Defensoría del Pueblo interpone denuncias penales, los casos de personas muertas en las salas de atención de muchas de estas empresas es permanente y continúa. Preguntas y más preguntas: ¿Cuántos colombianos dependemos de estas empresas y nos vemos expuestos a estos mismos tratos y servicios? Y más interesante aún ¿Quiénes son los políticos que también son dueños o accionistas de dichas empresas?

El debate público y las acciones oportunas por parte del Estado es un asunto que merece ser tenido en cuenta por medios de comunicación, organizaciones sociales, entidades de control y por la ciudadanía misma que se ve abocada a tan nefastos servicios. La salud es un derecho fundamental y no un negocio del cual deben lucrarse las empresas dedicadas a mercantilizar la salud de los colombianos.




[1] El Tiempo, La pequeña Paula Sofía nació condenada a morir, 30 de abril de 2013.
[3] El tiempo, “Los muertos de la EPS”,  16 de febrero de 2002.

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