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lunes, 10 de marzo de 2014

Naturaleza, conflicto y posconflicto

Naturaleza, conflicto y posconflicto

                                                                       Por                                                                      
Hernando Uribe Castro

Desde una perspectiva sistémica, el conflicto armado en Colombia es también un conflicto socioambiental. De esto no hay duda, puesto que las acciones armadas no se dan en el aire sino en territorios concretos, con huellas y efectos en los seres vivos y en la naturaleza. Por ejemplo, las actividades de erradicación de los cultivos ilícitos mediante la aspersión de químicos sobre los suelos, contaminan el agua, la tierra, las plantas, los animales y las personas. De igual modo afectan los bombardeos, las tomas de pueblos y las confrontaciones entre actores armados.

El que los tecnócratas no determinen los costos de los daños ambientales a través de las fumigaciones o por medio de bombardeos a zonas estratégicas, no significa que la vida y el ambiente, ahí existentes, no se afecten. Llama la atención que hasta el presente momento no se ha hecho una evaluación del costo por desastre ambiental ocasionado por la guerra, y de modo, especial por programas como Plan Colombia puesto en marcha desde el año 2000, cuyo eje central era la erradicación de los cultivos ilícitos.

Por ejemplo, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas ha señalado que 128 mil hectáreas anuales se han fumigado en todo el territorio nacional, destacándose el año 2006, con 170 mil hectáreas). Detrás de las aspersiones se encuentran firmas como DynCorp de Estados Unidos. Las fumigaciones han provocado protestas de muchas comunidades, como las de Tarasá en Antioquia, que ven la afectación tanto en la salud humana como en el suelo, deforestado y con altos niveles de contaminación de las fuentes de agua y de los cultivos.

La experiencia colombiana ha demostrado que la guerra se valora primero en términos económicos, y luego sociales. Pero hasta ahora no existe una valoración ambiental del daño causado. Fuentes de agua destruidas, extracción minera que arrasa con cuencas hidrográficas, confrontaciones entre bandos que desplazan las comunidades de sus habitas ancestrales y que son guardianas de los ecosistemas. Desplazar una comunidad indígena o campesina de su lugar, es desplazar también ese saber ambiental y ese conocimiento que existe en ellos. Y lo tenaz es que quedando deshabitadas las tierras, son fácil presa de intereses privados, a veces promotores de la guerra, para monopolizar y tener control sobre amplios territorios, como aconteció en Urabá. Una guerra que al  desplazar poblaciones promovió el ingreso de multinacionales para desarrollar actividades extractivas de minerales.

Considero que en un contexto como el colombiano de conflicto armado, y sobre todo en un posible camino hacia el posconflicto, se hace necesario comprender el ambiente de modo distinto.

Frente a una guerra que fortalece el modelo económico extractivo se debe reivindicar el valor del ambiente como un sistema que integra la naturaleza y la sociedad. Implica un camino hacia la plena conciencia de que los problemas del conflicto armado siendo económicos y sociales, lo son también ambientales.

¿Es posconflicto cuando el territorio tiene presencia de inversores privados que sacan todo el provecho posible a la naturaleza como materia prima arruinando los ecosistemas? ¿Impulsando las actividades extractivistas y, en algunos casos, motivando y atizando el fuego de la guerra para promover el fenómeno del desplazamiento de comunidades para liberar la tierra de sus dueños legítimos?


Que el posconflicto no se constituya en un discurso ideológico de este gobierno, promovido desde las corporaciones globales, y al que falsamente le juegan los actores armados, para legitimar el modelo de desarrollo existente que extermina la grandeza de este territorio, tanto en su biodiversidad natural como en su diversidad cultural. 

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