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viernes, 8 de abril de 2016

DESTRUCCIÓN DEL CAPITAL SIMBÓLICO EN CALI

Destrucción del Capital Simbólico en Cali, Colombia*

Por
Hernando Uribe Castro
Prof. Universidad Autónoma de Occidente
Magíster en Sociología. Candidato a Doctor en Ciencias Ambientales
Universidad del Valle

En Cali, a medida que se destruye el capital simbólico urbano heredado de su largo proceso histórico, los agentes del capital comercial global van imponiendo su propio modelo de ciudad. Este hecho se ve reflejado a partir de varias situaciones.

Primero, cuando se destruye su centro histórico -aquel que poseía expresiones arquitectónicas y vestigios de su época indígena, colonial y republicana-, para imponer en el paisaje urbano las construcciones “modernas” que funcionan como sedes de entidades financieras, bancarias y una que otra institución del Estado. De su escenario histórico y herencia cultural tan solo quedan relictos en el “diminuto centro histórico”, monumentos religiosos y en barrios como San Antonio y San Cayetano. Hoy, el espacio social y de socialibilidad se teje en la caótica ciudad entre los centros comerciales conectados por la ineficaz red de transporte público masivo.

Segundo, cuando al ser atrapada por la lógica de la rentabilidad de la tierra acaparada por unas elites políticas y económicas locales, terminó desbordada, y sin ningún tipo de planeamiento, control o visión futura. Las obras de jarillón construidas sobre el curso del río Cauca, beneficiaron a terratenientes que dinamizaron el mercado de tierra en el oriente, produciendo una ciudad tan grande, como grandes sus actuales problemas socioespaciales. Un oriente de Cali, que confinó a familias que fueron empobrecidas y que las resignó a vivir en esas condiciones de necesidades insatisfechas. El mercado de tierras se extiende hoy hacia el sur, por ello el gran afán de expandir e integrar zonas ejidales al mercado del suelo.

Tercero, cuando con los discursos modernizadores promovidos mediante los eventos globales, como por ejemplo, los juegos panamericanos de 1971 y otros más recientes, se construyen e invierten sumas grandes de dinero para construir o remodelar infraestructuras apropiadas para estos eventos, los cuales se consideran como claves para la “modernización” urbana y el “progreso” de la ciudad, pero a los que casi nunca se les menciona sus efectos que en términos del incremento de la calidad de vida, el acaparamiento de tierras, las plusvalías esfumadas por la corrupción y los impactos ambientales que tienen estas obras.

Cuarto, cuando pone en crisis y en detrimento sus favorables condiciones ambientales por el negocio rentable de la Tierra, la expansión urbana y el turismo, como por ejemplo: la urbanización en el río Pance y en las zonas de laderas, la propuesta de desecación de humedales (La Babilla o Panamericano) para construir o ampliar carreteras,  la canalización del río Cañaveralejo, las urbanizaciones en el sector del Valle del Lili sobre antiguas zonas de inundación y próximas al antiguo basuro de Navarro con efectos para la vida de quienes residen en esos lugares.

Quinto, cuando privatizó el espacio para incorporar zonas residenciales en conjuntos cerrados de bloques de apartamentos de cinco y veinte pisos. Conjuntos cerrados al modo de encarcelamientos con rejas, mallas, tapias y sistemas de seguridad en detrimento de los barrios con antejardines y solares. Urbanizaciones y conjuntos cerrados rentables cuyos promotores reproducen el discurso de que la ciudad es peligrosa y el conjunto cerrado seguro, como principal argumento para incrementar el negocio. Conjuntos cerrados, amontonados, en una ciudad con temperaturas promedio a los 28 grados centígrados.

Sexto, cuando no volvió a construir museos, parques, zonas de bosque y plazas públicas. Monumentos y obras de arte se encuentran desgastados y olvidados. Solo basta ver los monumentos y obras de arte que están debajo del terrible y mal hecho puente de la calle 26 con autopista. O por ejemplo, el debate que hubo sobre el monumento a Jovita Feijoo en la estación Santa Librada.

Una ciudad que para realizar eventos como la Feria de Cali que era la fiesta del pueblo desde los años cincuenta, donde todos participaban, ahora está privatizada. Esta es una feria que para poder realizarse, las autoridades tienen que cerrar y encerrar vías públicas y montar tarimas junto a los canales de aguas residuales de la principal “autopista” para las caravanas y desfiles. Y todo ello para cobrar, pues la feria ahora es para los privados y no para la comunidad. El cerramiento y encerramiento producen más congestión que se suma a la congestión continua de todos los días a todas horas del año.

Una ciudad donde las autoridades y los inversionistas privados, aniquilaron el transporte público de buses para construir un sistema de transporte masivo, modelo que también se replicó en otros lugares del país y de américa latina, con el argumento de que este tipo de transporte resolvería el problema de movilidad. Hoy los ciudadanos no solo deben dedicar más tiempo para movilizarse de un lugar a otro, haciendo transbordos, sino también de caminar largos y enredados trayectos para acceder a alguna de las estaciones. Muchos ciudadanos para evitarse estos problemas, optaron por el transporte pirata: taxis, autos particulares y los famosos “motoratones” (que es el transporte pirata en motocicletas). Cali era de las pocas ciudades en Colombia, donde el transporte pirata no tenía fuerza,  pero hoy esta ciudad se ve el aumento de este tipo de servicio.

Pareciera que todos estos esfuerzos de destrucción del capital simbólico urbano caleño se hicieran con la firme intención de fortalecer el capital financiero y comercial. Es decir, hacer difícil, caótica, peligrosa, insegura y detestable la ciudad, para que los ciudadanos se refugien en sus casas y los centros comerciales, templos del capital financiero y del consumo. El miedo es muy rentable en la sociedad de consumo.


En general, Cali es un claro ejemplo de extractivismo urbano que implica hacer de la expansión y del crecimiento de la ciudad fuente de plusvalía urbana, apropiadas por las elites de poder e inversionistas, que no solo se adueñan de esta plusvalía sino que además mercantilizan con el capital físico y simbólico urbano, aquel capital del que ha participado los habitantes urbanos sin recibir ninguna retribución. Una inequidad e irracionalidad del modo como se da la participación de plusvalía urbana donde toda la ventaja es para los privados en detrimento de la participación del Estado. Se destruye su capital simbólico heredado para imponer el capital del mercado global urbano.

*Publicado por El Pueblo, 9 de abril de 2016. 

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