Conflicto ambiental del Humedal El
Cortijo, Cali-Colombia
Por
Hernando Uribe Castro
Doctor en Ciencias Ambientales
Las políticas y estrategias que promueven los procesos de
modernización para la ciudad de Cali (capital del Valle del Cauca), han estado enfocadas en la construcción de
infraestructuras y megaproyectos, así como en la ampliación del espacio urbano, que
poco a poco, absorbe antiguas zonas
rurales, caracterizadas por poseer diversos tipos de ecosistemas de gran
fragilidad e importancia para la sustentabilidad de la vida.
La geofagia urbanizadora en el sur de Cali, promovida por
los agentes del Estado, las Corporaciones, así como por las empresas inmobiliarias y constructoras,
han afectado directamente el sistema ecológico de la zona. Solo basta
observar los efectos de la canalización de los ríos Cañaveralejo, Meléndez y
Lilí por parte de las instituciones del Estado hacia finales del siglo XX, para evidenciar el alto costo ambiental de esta intervención humana sobre la plataforma ambiental.
Un proceso expansivo y destructor de naturaleza que, desde entonces, no se detiene, e incluso, se percibe en aumento, materializado en el conjunto de construcciones de nuevas urbanizaciones, condominios, obras e infraestructuras para la ampliación de vías y proyectos urbanos. Poco a poco se abre el espacio para el mercado del suelo y su transformación de renta rural a renta urbana.
Un proceso expansivo y destructor de naturaleza que, desde entonces, no se detiene, e incluso, se percibe en aumento, materializado en el conjunto de construcciones de nuevas urbanizaciones, condominios, obras e infraestructuras para la ampliación de vías y proyectos urbanos. Poco a poco se abre el espacio para el mercado del suelo y su transformación de renta rural a renta urbana.
Estas políticas de desarrollo, lideradas desde la Administración
Municipal de Santiago de Cali, desconocen la importancia de la
conservación y protección de estas áreas que son sensibles ecológicamente y, que además, cumplen funciones especiales para la plataforma ambiental del
territorio. Políticas que van en contravía a lo estipulado por la
Convención Marco sobre el Cambio Climático, así como con la Política de
Protección Jurídica de Humedales (Ley 99/1993, o por ejemplo, la Resolución
VI.18 de la COP de la Convención Ramsar, entre otras).
No se pude olvidar que los humedales son ecosistemas que poseen
diversidad de flora y fauna, y desempeñan funciones hidrológicas, climáticas y de
regulación microclimática. El Humedal El Cortijo se ubica junto al río Lilí en el sur de Cali.
Sobre este escenario, se lleva a cabo un Megaproyecto de infraestructura (Un “Complejo de Servicio
de Transporte” que incluye la Terminal del MIO y, que seguramente involucrará
también, una Terminal del Transporte Intermunicipal e Interdepartamental), obra
que degrada este preciado ecosistema, el cual hace parte de todo el
sistema hidrológico del río Lilí y de la cuenca del Alto Cauca. Un humedal que aporta a la conservación de la fauna
y flora existente en esta parte del territorio, así como a la regulación de las
aguas del río Lilí. Incluso, es una zona con un potencial arqueológico, pues sobre este lugar habitaron comunidades indígenas prehispánicas.
Frente a este megaproyecto, las comunidades y organizaciones de vecinos del sector del Valle
del Lili se han dado en la lucha por la defensa de éste humedal y su entorno, a
través de distintos repertorios de acción colectiva como por ejemplo, la lucha
jurídica por la defensa del humedal, así como por otras vías como la protesta
social ambiental (marchas, bloqueos de vías para evitar el ingreso de maquinaria, las concentraciones, etc.) y la movilización de la opinión pública (las asambleas, los afiches
informativos y las entrevistas en medios noticiosos locales).
La lucha de las comunidades vecinas, y grupos sensibles, en defensa
del humedal, continúa día a día. Y más aún, cuando de forma organizada, trabajan con
argumentos jurídicos y políticos. Incluso, estableciendo alianzas estratégicas con
otros actores sensibles a estas problemáticas como organizaciones de
ambientalistas, universidades, veedurías ciudadanas y juntas de acción comunal.
La obligación de las agencias del Estado es controlar y ordenar
todo este proceso. No se entiende qué papel ha cumplido la política de
ordenamiento territorial en cuanto a la conservación de estos ecosistemas
estratégicos. Se percibe unas instituciones del Estado que impulsan políticas extractivas
de ecosistemas y recursos, en beneficio de los proyectos de desarrollo,
megaobras y todo tipo de infraestructuras insustentables e insostenibles. Obras,
que como muchas otras realizadas en el país, seguramente benefician las arcas
privadas de los inversionistas privados y corporativos, en detrimento de los elementos de la naturaleza y la diversidad de la vida.
El pensamiento y la acción ambiental y ecologista actual, ayudan a
comprender propuestas y rumbos de acción, para transformar realidades adversas,
y contrarrestar los efectos negativos de una humanidad egoísta y con
inclinaciones a la destrucción de su nicho planetario.
