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jueves, 21 de junio de 2018

COMUNIDADES DESPOJADAS Y "DESCAMPESINIZADAS"


Comunidades despojadas y “descampesinizadas”

Por:
Hernando Uribe Castro
Doctor en Ciencias Ambientales

Hernando Uribe Castro
En la segunda mitad del siglo XX y lo que ha corrido del siglo XXI, la ciudad de Cali se convirtió en foco de llegada de población despojada y desplazada por motivos tales como: conflicto armado (Caso en el Macizo Colombiano y todo el Pacífico), desarrollo de megaproyectos agenciados por el Estado (casos represas de Salvajina y Anchicayá), actividades extractivas legales e ilegales (casos río Dagua y Departamentos del Cauca y Chocó), eventos por desastres (caso Tumaco), narcotráfico (todo el suroccidente y zona cafetera desde el Departamento de Antioquia hasta la frontera con Ecuador), agresiones-persecución y muerte a líderes y lideresas (provenientes de todo Colombia), entre otros.

Por sólo citar algunos datos recientes (para el caso concreto del Pacifico colombiano) y aportados por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), “Entre 2010 y 2017, han ocurrido por lo menos 576 eventos de desplazamiento masivo[1] y múltiple, lo que corresponde al 71% del total eventos en el país 170.000 personas que equivale al 81% total de las víctimas identificadas en el monitoreo”[2].

Esta población, en su mayoría campesina, afrodescendiente e indígena, enfrenta la situación de despojo y desplazamiento forzoso y se ve obligada a salir de sus tierras para llegar a  centros urbanos como la ciudad de Cali. En este lugar, las familias víctimas enfrentan la vida urbana en espacios que son marginalizados y segregados como sucede con los asentamientos informales, muchos de ellos considerados por los agentes del Estado como “invasores”. Fueron víctimas por el despojo en su lugar de origen y, una vez en la ciudad, revictimizadas como “invasores”.

Es un hecho que los asentamientos informales en Cali siguen en aumento. Cada día, aparecen noticias sobre los intentos realizados por grupos de población por tomar tierras mediante vías de hecho en zonas de alto riesgo para construir sus viviendas, incluso enfrentando la fuerza pública. Según se anuncia, “En las 133 invasiones que hay actualmente en Cali habitan 150.000 personas, de las cuales al menos un 40 % se encuentran en zonas de alto riesgo no mitigable, es decir, cerca de 62.000 personas”[3]

Históricamente, las autoridades locales utilizan diferentes repertorios de acción para enfrentar la proliferación de estos asentamientos, los cuales van desde: el uso de la fuerza pública (para atender los nuevos casos de intentos de formación de asentamientos humanos informales), la ejecución de políticas de relocalización (para la población que viven en asentamientos que llevan décadas de existencia y que se perciben en riesgo por ubicarse en zonas de alto riesgo) y para una gran mayoría de casos, se produce la “formalización” y “regularización” de los asentamientos, sobre todo cuando no son atendidos o no se les ha prestado la atención debida.

Para el caso de los asentamientos informales ya establecidos desde hace algunos años y que se encuentran en zonas consideradas como de alto riesgo -como sucede con los existentes en el jarillón, Charco Azul, Pondaje o en algunas zonas de ladera-, las soluciones planteadas están enfocadas a las políticas de relocalización y reagrupamiento; es decir, se producen políticas de relocalización de familias que viven de modo informal en diferentes zonas de la ciudad, en su mayoría de origen campesino, y se reagrupan en zonas de urbanización conformadas por casas o apartamentos entre 28 y 35 m². Todo ello, como parte de las políticas públicas de vivienda que albergan a la población sin acompañamiento de parte de las instituciones del Estado y confinadas a vivir en estos lugares reproduciendo, en algunos casos, la segregación, la marginalidad, la miseria, la violencia y la criminalidad.

Un caso claro de reagrupamiento de población confinada a vivir en una zona de urbanización catalogada hoy como una de las más violentas de la ciudad es la Urbanización "Potrero Grande" en el oriente de Cali. Se trata de una población que continúa siendo marginalizada, estigmatizada y confinada por las autoridades, física y simbólicamente, a realizar sus vidas en estos lugares. Lugares sobre los que se ejerce, lo que hemos denominado en otros momento, un “encerramiento simbólico”, a pesar de que no existe una malla o reja que la separe de los demás lugares de la ciudad[4].

Esto es, en otras palabras, un proceso de urbanización de familias campesinas cuya condición de vida expresa, como lo dice Garay, “serios problemas de exclusión y marginalidad”[5]. Fíjese que no son políticas de retorno a sus lugares de origen, o políticas que refuercen la restitución de tierras. Es sabido que en Colombia, han existido dificultades para hacer posible el cumplimiento de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Todavía se dan pasos lentos en este sentido, y los resultados no han sido los esperados ni los proyectados por la complejidad de lo que significa el retorno de los campesinos al campo en un país donde los espacios rurales continúan cooptados por nuevos grupos delincuenciales, neoparamilitares, disidencias y redes criminales.

Con un agravante, y es que conociendo el ambiente que rodeará al nuevo gobierno nacional elegido el 17 de junio del 2018, y cuya meta anunciada fue “hacer trizas el Acuerdo de Paz”, se prevé un escenario en el que el proceso de paz ingresará en su peor crisis. Proceso del que depende la convivencia en el campo, el retorno de los campesinos y la implementación de todas las políticas que favorecen a las víctimas, las comunidades y sus territorios. Por lo visto, el aumento en número de comunidades “despojadas”, campesinos “descampesinizados” y “proletarizados” y reagrupados en zonas de urbanización en las ciudades en Colombia será parte del diario vivir.

A pesar de ello, en Colombia, todavía existen familias, grupos y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que se resisten a dejar sus tierras, sus pertenencias, su lugar de vida; a dar la luchar por lo que son y a defender el terruño para resistir los embates de un modelo de sociedad arrasadora y "descampesinizadora", de unas políticas agresivas y lesionarías y unas redes criminales que van por sus pertenencias, sus fuentes productivas y sus bienes de la naturaleza.



[1] "De acuerdo con el Decreto 2569 de 2000, se entiende por desplazamiento masivo un evento en el que se desplazan por lo menos 10 familias o 50 personas, por las mismas circunstancias. De acuerdo con la metodología de CODHES, un desplazamiento múltiple, es todo aquel que supera las 10 personas, pero no alcanza a ser masivo." (Codhes, 2017).
[2] CODHES, (2017). Boletín CODHES, no. 93. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Bogotá, noviembre de 2017. p. 2.
[3] El País, (2018). 62 mil personas que viven en invasiones de Cali están en alto riesgo. Junio 12 de 2018.
[4] Uribe-Castro, H., Holguín, C. J., & Ayala-Osorio, G. (2016). De “invasores” a población urbanizada: encerramiento simbólico de los habitantes de Potrero Grande en Cali-Colombia. PROSPECTIVA. Revista de Trabajo Social e Intervención Social, (21), 181-211.
[5]  Garay, L. J. (2009). El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: reparar de manera integral el despojo de tierras y bienes. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, Bogotá. p. 74.

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