Comunidades despojadas y “descampesinizadas”
Por:
Hernando Uribe Castro
Doctor en Ciencias Ambientales
 |
| Hernando Uribe Castro |
En la segunda mitad
del siglo XX y lo que ha corrido del siglo XXI, la ciudad de Cali se convirtió
en foco de llegada de población despojada y desplazada por motivos tales como:
conflicto armado (Caso en el Macizo Colombiano y todo el Pacífico), desarrollo
de megaproyectos agenciados por el Estado (casos represas de Salvajina y
Anchicayá), actividades extractivas legales e ilegales (casos río Dagua y
Departamentos del Cauca y Chocó), eventos por desastres (caso Tumaco),
narcotráfico (todo el suroccidente y zona cafetera desde el Departamento de Antioquia
hasta la frontera con Ecuador), agresiones-persecución y muerte a líderes y
lideresas (provenientes de todo Colombia), entre otros.
Por sólo citar algunos
datos recientes (para el caso concreto del Pacifico colombiano) y aportados por
la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), “Entre
2010 y 2017, han ocurrido por lo menos 576 eventos de desplazamiento masivo[1] y
múltiple, lo que corresponde al 71% del total eventos en el país 170.000
personas que equivale al 81% total de las víctimas identificadas en el
monitoreo”[2].
Esta población,
en su mayoría campesina, afrodescendiente e indígena, enfrenta la situación de despojo
y desplazamiento forzoso y se ve obligada a salir de sus tierras para llegar a centros urbanos como la ciudad de Cali. En
este lugar, las familias víctimas enfrentan la vida urbana en espacios que son
marginalizados y segregados como sucede con los asentamientos informales, muchos
de ellos considerados por los agentes del Estado como “invasores”. Fueron víctimas
por el despojo en su lugar de origen y, una vez en la ciudad, revictimizadas
como “invasores”.
Es un hecho que
los asentamientos informales en Cali siguen en aumento. Cada día, aparecen noticias
sobre los intentos realizados por grupos de población por tomar tierras mediante
vías de hecho en zonas de alto riesgo para construir sus viviendas, incluso
enfrentando la fuerza pública. Según se anuncia, “En las 133 invasiones que hay
actualmente en Cali habitan 150.000 personas, de las cuales al menos un 40 % se
encuentran en zonas de alto riesgo no mitigable, es decir, cerca de 62.000
personas”[3]
Históricamente, las
autoridades locales utilizan diferentes repertorios de acción para enfrentar la proliferación de estos asentamientos, los cuales van desde: el
uso de la fuerza pública (para atender
los nuevos casos de intentos de formación de asentamientos humanos informales),
la ejecución de políticas de relocalización
(para la población que viven en asentamientos que llevan décadas de existencia
y que se perciben en riesgo por ubicarse en zonas de alto riesgo) y para una
gran mayoría de casos, se produce la “formalización”
y “regularización” de los asentamientos,
sobre todo cuando no son atendidos o no se les ha prestado la atención debida.
Para el caso de
los asentamientos informales ya establecidos desde hace algunos años y que se
encuentran en zonas consideradas como de alto riesgo -como sucede con los
existentes en el jarillón, Charco Azul, Pondaje o en algunas zonas de ladera-, las
soluciones planteadas están enfocadas a las políticas de relocalización y reagrupamiento; es
decir, se producen políticas de relocalización de familias que viven de modo informal
en diferentes zonas de la ciudad, en su mayoría de origen campesino, y se
reagrupan en zonas de urbanización conformadas por casas o apartamentos entre 28 y 35 m². Todo ello, como
parte de las políticas públicas de vivienda que albergan a la población
sin acompañamiento de parte de las instituciones del Estado y confinadas a
vivir en estos lugares reproduciendo, en algunos casos, la segregación, la
marginalidad, la miseria, la violencia y la criminalidad.
Un caso claro de reagrupamiento de población confinada a vivir en una zona de urbanización catalogada hoy como una de las más violentas de la ciudad es la Urbanización "Potrero Grande" en el oriente de Cali. Se trata de una población que continúa siendo marginalizada, estigmatizada y confinada por las autoridades, física y simbólicamente, a realizar sus vidas en estos lugares. Lugares sobre los que se ejerce, lo que hemos denominado en otros momento, un “encerramiento simbólico”, a pesar de que no existe una malla o reja que la separe de los demás lugares de la ciudad[4].
Esto es, en
otras palabras, un proceso de urbanización de familias campesinas cuya condición
de vida expresa, como lo dice Garay, “serios problemas de exclusión y marginalidad”[5]. Fíjese
que no son políticas de retorno a sus lugares de origen, o políticas que
refuercen la restitución de tierras. Es sabido que en Colombia, han existido
dificultades para hacer posible el cumplimiento de la Ley de Victimas y
Restitución de Tierras. Todavía se dan pasos lentos en este sentido, y los
resultados no han sido los esperados ni los proyectados por la complejidad de
lo que significa el retorno de los campesinos al campo en un país donde los
espacios rurales continúan cooptados por nuevos grupos delincuenciales, neoparamilitares,
disidencias y redes criminales.
Con un
agravante, y es que conociendo el ambiente que rodeará al nuevo gobierno
nacional elegido el 17 de junio del 2018, y cuya meta anunciada fue “hacer
trizas el Acuerdo de Paz”, se prevé un escenario en el que el proceso de paz ingresará
en su peor crisis. Proceso del que depende la convivencia en el campo, el
retorno de los campesinos y la implementación de todas las políticas que
favorecen a las víctimas, las comunidades y sus territorios. Por lo visto, el
aumento en número de comunidades “despojadas”, campesinos “descampesinizados” y
“proletarizados” y reagrupados en zonas de urbanización en las ciudades en
Colombia será parte del diario vivir.
A pesar de
ello, en Colombia, todavía existen familias, grupos y comunidades campesinas,
indígenas y afrodescendientes que se resisten a dejar sus tierras, sus
pertenencias, su lugar de vida; a dar la luchar por lo que son y a defender el
terruño para resistir los embates de un modelo de sociedad arrasadora y "descampesinizadora", de unas
políticas agresivas y lesionarías y unas redes criminales que van por sus
pertenencias, sus fuentes productivas y sus bienes de la naturaleza.
[1] "De acuerdo con
el Decreto 2569 de 2000, se entiende por desplazamiento masivo un evento en el
que se desplazan por lo menos 10 familias o 50 personas, por las mismas
circunstancias. De acuerdo con la metodología de CODHES, un desplazamiento
múltiple, es todo aquel que supera las 10 personas, pero no alcanza a ser
masivo." (Codhes, 2017).
[2] CODHES, (2017).
Boletín CODHES, no. 93. Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento. Bogotá, noviembre de 2017. p. 2.
[3]
[4] Uribe-Castro, H., Holguín, C. J., & Ayala-Osorio,
G. (2016). De “invasores” a población urbanizada: encerramiento simbólico de
los habitantes de Potrero Grande en Cali-Colombia. PROSPECTIVA. Revista de
Trabajo Social e Intervención Social, (21), 181-211.
[5]
