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viernes, 22 de abril de 2022
viernes, 23 de agosto de 2013
PROTESTA SOCIAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MODELO NEOLIBERAL
Protesta social,
seguridad alimentaria y modelo neoliberal
Por
Hernando Uribe Castro
Magíster en Sociología
En la carretera que va de Bogotá a Tunja algunas comunidades campesinas realizaban en horas de la noche, del 8 de mayo, una protesta con bloqueos de vías y enfrentamientos con las autoridades de policía. La vía en el kilómetros 77 fue bloqueada por los campesinos con neumáticos encendidos, piedras y árboles. A estas protestas se suman otros colombianos, de sectores como el de transporte, mineros, arroceros, paneleros y lecheros en diferentes partes del país.
Si
bien las protestas se dirigen contra las consecuencias que vienen dejando la
firma de varios tratados de libre comercio (TLC), la indignación es más
estructural y tiene que ver con un rechazo contra el modelo de apertura
económica impulsada por los gobiernos neoliberales de las últimas décadas. Uno de
los líderes de las protestas expresaba en mayo de 2013 que “estamos solicitando
el cese de las importaciones de papa, que el gobierno establezca precios de
sustentación".[1] Luego, en agosto, otro
líder expresaba: “Dos veces les hemos creído (al Gobierno). El primer paro lo hicimos
el 16 de noviembre de 2011 y el segundo fue ahorita el 7 y 8 de mayo, cuando
nos dijeron: levanten los bloqueos y negociamos. Les hicimos caso y levantamos
los bloqueos. Y qué nos han hecho: simplemente unas actas y debaten el tema.
Pueden pasar años y no va a haber resultados”[2].
El
reciente panorama nacional es una expresión más de los embates de un modelo
económico neoliberal que viene incidiendo en el desmantelamiento de la
seguridad alimentaria local campesina, para imponer el mercado de alimentos de consumo
global. Esto implica de inmediato retirar al campesino de la cadena de
producción de alimentos y su expulsión física de las áreas rurales del país,
mediante mecanismos de desplazamiento.
Las
protestas de paperos, cafeteros, cacaoteros, lecheros y arroceros y sus
reivindicaciones y exigencias, son importantes para comprender el riesgo en el
que se encuentra la seguridad alimentaria nacional. Frente a esto, la respuesta
del gobierno de Santos, como la de otros gobiernos anteriores, ha sido, por una
parte, la falta de atención, escucha y reacción tardía para entablar diálogos y
negociaciones certeras y de impacto inmediato y, por otra parte, la represión y
criminalización de los campesinos.
A
esto se suma la apatía que el ciudadano del común citadino tiene con respecto a
estos acontecimientos. Apatía que se corresponde a esa fractura construida
entre lo urbano y lo rural. El escenario principal de estas protestas
campesinas es el espacio rural y sus vías principales que conectan centros urbanos
del país. Estas vías son espacios de encuentro para las diferentes comunidades
y veredas cercanas. No es una protesta que tenga como principal escenario la
ciudad. Por lo que para el citadino esta situación no tiene afectación sobre su
vida diaria, postura de indiferencia por supuesta errónea, puesto que esto
hechos inciden en aspectos como alza en la canasta familiar, combustibles,
desabastecimiento de productos básicos en plazas de mercado, entre otros
aspectos. Apatía que también se traduce
en los otros escenarios como gobiernos locales, municipales y autoridades
civiles, militares y eclesiásticas.
[2]
“No
vamos a ceder con el bloqueo de vías: vocero dignidad papera.” El Tiempo, 23 de Agosto del 2013
lunes, 15 de julio de 2013
SEGURIDAD ALIMENTARIA DESDE EL VALLE DEL CAUCA
SEGURIDAD ALIMENTARIA DESDE EL VALLE
DEL CAUCA[1]
Por:
Hernando Uribe Castro
Magíster en Sociología
Miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios de la
Región Pacífico Colombiana, CIER
Universidad Autónoma de Occidente
Cuando
se hace referencia al Valle del Cauca, de modo regular, se olvida que este
Departamento no solo es plano, sino que además posee vertientes montañosas y
una planillura sobre las costas del Océano Pacífico. Por tanto se tiene un
departamento diverso en paisajes, culturas y recursos.
Lo
que no se logra comprender es cómo en ésta región con suelos altamente
productivos se logró imponer, durante todo el siglo XX y hasta el presente, un
modelo agrícola monopolizado por la producción de caña de azúcar. Según datos
del Anuario Estadístico[2] en 2009 se sembraron
201.098,5 hectáreas de caña de 312.714
hectáreas que tiene el área plana del
valle geográfico, es decir, el 64% de la tierra monopolizada.
No
es coherente que existiendo una Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca, CVC, encargada del bienestar socioambiental de toda la región desde
mediados del siglo XX, haya permitido la expansión exagerada de este
monocultivo desde Santander de Quilichao hasta algo más allá de Cartago al norte
del Valle. Pareciera que contrariamente, la CVC logró incidir en este repunte
del desarrollo sectorial cañero que se pretende mostrar como desarrollo
regional, con todos los efectos sociales, ambientales y de inequidad que tuvo
la ampliación de la frontera de la caña de azúcar en la región. En el Valle del
Cauca, por ejemplo, los cultivos que aportaban a la seguridad alimentaria se
desplazaron hacia las zonas de ladera, pero su reducción se vio afectada por las
políticas neoliberales de apertura económica e ingreso de alimentos
industriales a través de hiper y supermercados a los hogares. Los problemas del
campo colombiano en la actualidad evidencian el descuido de los gobiernos y su
atención a estos aspectos. Datos demuestran que durante los primeros años (1990
al 2000) de la apertura económica, en el Valle se presentó una disminución del
14% en hectáreas sembradas y cosechadas.[3]
La
riqueza de suelos del valle geográfico del río Cauca es apta para la producción
de variados cultivos, productos agrícolas y agropecuarios. Con un uso apropiado
y diferente que se puede hacer con estas tierras, este Departamento debería ser
un gran abastecedor de alimentos para todo el territorio nacional. Un territorio
que puede garantizar la seguridad alimentaria nacional.
Un
proyecto de tal envergadura implica, necesariamente, un modelo de distribución
de tierras que aboque a una justicia social y a la equidad territorial. Implica
el retorno de los campesinos a la tierra agrícola de la zona plana del Valle dedicados
a la producción de comida. En otrora, los cronistas de marras, como Cieza de
León y el propio Bonilla Aragón describían la inmensa despensa frutícola que
fue desapareciendo ante el avasallador paso de una agro industria
ambientalmente insostenible. Una redistribución de la tierra, más el retorno
del campesino a la amplia zona plana, no solo tendrá efectos positivos para
ajustar economías campesinas y para la seguridad alimentaria del país, sino que
también implicaría una nueva relación con las condiciones ambientales de toda
esta región. Una forma diferente de uso del suelo acorde a sus potencialidades
y posibilidades ambientales.
El
hecho de esta propuesta es que confronta los intereses privados de la elite
política y económica que han impuesto sus intereses particulares sobre los
derechos colectivos de los pueblos.
Es
la sociedad civil, la academia y sus grupos de investigación, quienes deben
poner en juicio y confrontar desde ya y con argumentos científicos y sociales, las
implicaciones negativas para la sociedad y el medio ambiente de este modelo
monopolizador de las ricas tierras del valle geográfico del río Cauca.
Pensar
una Colombia en posconflicto involucra esos otros actores que de una u otra
forma han aportado a atizar la violencia física y simbólica, los destierros y
la inequidad en la distribución de la tierra. Esos otros actores que usaron
otras armas más sutiles pero no menos letales como lo son las armas del
capitalismo extractivista que desgarra pueblos, territorios, recursos y medio
ambiente. Recuperar y reparar el territorio, hoy en proceso de desertización es
tarea urgente y necesaria para lograr la paz.
Esta
cuestión no es sólo del valle del Cauca, es del Estado Colombiano, de sus
gobiernos y de la nación. Decisión política que en escenarios de posconflicto
deben incluirse como parte de solución de la inequidad y la desigualdad
socioeconómica regional. Y frente a ello, la Universidad no puede seguir
callada frente a esta realidad y develar estas inequidades socio-territoriales.
[2]
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, et
al. Plan Frutícula Nacional. Valle del Cauca tierra de frutas. Gobernación del
Valle del Cauca, Cali, noviembre de 2006.
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