Asentamientos en el jarillón del río Cauca,
Cali*
Hernando Uribe Castro, Germán Ayala Osorio y Carmen
Jimena Holguín
Profesores Universidad Autónoma de Occidente
El 25 de agosto de 2012 los medios de comunicación anunciaron que la
Alcaldía de Cali y el Fondo Nacional de Adaptación firmaron un convenio por
$1,3 billones para las obras de reforzamiento del dique del río Cauca. Los medios mencionan
que la directora de este Fondo, Cecilia Álvarez, indicó que “este convenio permitirá definir las
intervenciones necesarias para reducir el riesgo de fracturas del jarillón del
río Cauca y adicionalmente definir un plan de gestión social con las familias
que invadieron el dique”. (EL PAIS, 25-08-2012, A2). Frente a este anuncio
hacemos algunas precisiones con base en los hallazgos de una investigación que
los arriba firmantes, vienen trabajando con algunas comunidades del jarillón
del río Cauca:
·
Anuncios
como éste se han dado a lo largo de los últimos años. Ha sido reiterativo que
la administración de la ciudad informe de la inversión de importantes sumas de
dinero para este tipo de situación. Hasta el momento no se ven los resultados,
como claramente sucedió con pasadas temporadas invernales. Inversiones sobre
las que no se ejerce, al parecer, control alguno por parte de los órganos de
control.
·
No
todas las familias asentadas sobre estos lugares pueden catalogarse como
invasoras, pues algunas llegaron al dique con la anuencia de agencias del
Estado mediante contratos. Esto significa que la gente no se ubicó en el lugar
a la fuerza, sino que fueron instalados por las mismas entidades del Estado.
Los habitantes de Samanes del Cauca tienen pruebas.
·
Expresar
que las familias son invasoras demuestra de modo claro que las decisiones que
se están tomando se hacen desde
escritorios de funcionarios que desconocen realidades y que sólo
replican los discursos homogéneos, construidos y divulgados por alcaldes,
funcionarios de las entidades comprometidas y por la propia prensa. Desconocer
este hecho, ya genera desinformación que puede ser nefasta a la hora de tomar
decisiones. El Alcalde debe realizar un estudio profundo, hablar con la gente,
escuchar sus demandas, denuncias y propuestas. Algunas de estas comunidades
pagan energía, agua, alumbrado público, catastro, y además, cuentan con juntas
de acción comunal.
·
1.3
billones es una cuantía importante, pero no necesariamente cubre el costo de
eventuales traslados. Los asentamientos están dispersos por toda el área urbana
y rural de Cali.
·
El
Estado es responsable de la eficiente y clara inversión de los anunciados
dineros y para ello, es importante la presencia de los organismos de control
municipal, regional y nacional, con el fin de vigilar la ejecución de obras y
la adopción de medidas.
Hay que pensar en una solución que beneficie
a la ciudad, sin afectar los derechos adquiridos por quienes ocupan el jarillón
con autorización de entidades del Estado, tal y como sucede con varias
comunidades. Lo anterior amerita que el Estado en sus distintos niveles territoriales
trabaje articuladamente de mano con las comunidades, en la agencia de políticas
públicas, que más allá de un periodo de gobierno, permitan atender el fenómeno
de manera estructural. Es decir, lo que se debe apostar es a políticas públicas
de Estado que garanticen en el mediano y largo plazo respuestas efectivas, más
allá de los mismos repertorios que el administrador de turno y medios de
comunicación vienen registrando sobre el fenómeno.
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* Columna de opinión publicada por el periódico El País, el 28 de septiembre de 2012. A2.
