Por
Hernando Uribe Castro
Magíster en Sociología
El domingo 28 de julio, los pobladores del Municipio de Piedras en el
Departamento del Tolima participaron de una consulta popular sobre si estaban o
no de acuerdo con la operación de la compañía canadiense Anglogold Ashanti. La
pregunta fue: “Está de acuerdo, como habitante del
municipio de Piedras, Tolima, que se realicen en nuestra jurisdicción
actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación,
transporte, lavado de materiales, provenientes de las actividades de
explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de
materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el
cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas
actividades y se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro
municipio en dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que
pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo
humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio.”
El resultado fue contundente: ganó el “no” con un total de 2.971 ciudadanos, mientras que el “sí”
obtuvo solo 24 votos, para un total de 3.007 votantes.[1] Este hecho no puede pasar
desapercibido en tanto expresa la protección que los habitantes hacen de su
territorio.
Hoy en día, nos abocamos a evidenciar cómo se da la transformación de los
territorios nacionales en espacios nacionales de la economía internacional, debido
a que algunos lugares poseen cualidades importantes, por su riqueza y
diversidad, para explotación y extracción de estos recursos por parte de compañías
globales que tiene el poder y la capacidad de instalarse en los territorios
locales. Este hecho despertó
el rechazo de las comunidad local, quienes confrontan con estos resultados de
la consulta popular no solo la política nacional de desarrollo jalonada por el
actual gobierno del presidentes Santos, sino que interponen primero el valor
ambiental, social y cultural de la tierra como bien colectivo para garantizar
la tranquilidad y el buen vivir comunitario. Es una acción que permite protegerse
de un desastre ambiental a causa del envenenamiento de los ríos y ataques a la
vida de cada ser humano.
Qué buen ejemplo el que nos ha dado la gente del Municipio de Piedras. Con
acciones como estas se confronta la fuerza de un modelo económico que sólo
pretende ver rentabilidad económica ahí donde existe la vida.
[1] “El pueblo que se niega a la explotación minera”. En Revista
Semana. Lunes 29 de 2013. http://www.semana.com/nacion/articulo/el-pueblo-niega-explotacion-minera/352450-3
