Por
Hernando Uribe Castro
Investigador CIER – Magíster en Sociología
Existe una relación entre crisis ambiental y corrupción. Los efectos tanto del periodo de
lluvias intensas como el periodo de mucho calor en Colombia, nos invita a
pensar dos cosas: primero, que tanto las fuertes lluvias como el intenso calor
están afectando de manera clara el sistema de cuencas hidrográficas en donde
está la población urbana y rural, pero que además, esto efectos también son
producidos por el modelo de desarrollo económico y político que se instaló
sobre estos lugares. Un modelo extractivo que acaba con bosques, cobertura
vegetal protectora del suelo y que impulsa la expansión ganadera, la minería,
la tala y quema de bosques, el desplazamiento de personas, entre otros.
Segundo, que esta crisis socio ambiental, producida
por las actividades humanas, conlleva a un incremento en la producción de
desastres como inundaciones en el campo y la ciudad, afectación de infraestructuras
(carreteras, vías), así como también incendios forestales, sequía,
envenenamiento del agua, la tierra y el aire. Frente a esto, el gobierno
colombiano responde activando las alarmas por emergencia y hace anuncios de importantes ayudas para
atender estos eventos. El problema es que a la crisis socio ambiental se le
suma una catástrofe que es perversa porque es intencionada y está arraigada en
las prácticas políticas: la corrupción.
Ya lo anunciaba el periódico El País del viernes 11 de
febrero: “Se hicieron ‘agua’ los dineros de ola invernal en el Valle del Cauca:
El Valle del Cauca es el departamento que registra el mayor número de
irregularidades por obras del programa Colombia Humanitaria que aún no inician
o presentan grandes retrasos”. Solo un seguimiento atento a los medios
periodísticos daría cuenta de los muchos anuncios de apoyos, recursos y dineros
que se anuncian pero no tienen seguimiento. No se sabe si efectivamente esos
recursos se concretan o llegan a quienes lo necesitan realmente. Por ejemplo,
en el municipio de Roldanillo tumbaron un puente para hacer otro similar con el
único propósito de contratar.[2]
El Informe Mundial de Corrupción 2011 señala que en
los países donde precisamente existían dineros que se giraban a la atención de
los problemas por riesgos por desastres naturales o medioambientales, se
evidenciaba incremento de la corrupción[3]. Hoy en día
los presupuestos nacionales incluyen recursos para atender desastres y eventos
de calamidad, pero como estos eventos son procesos de largo plazo, los
controles administrativos casi que son imposibles y muchos grupos de poder,
líderes y gamonales, se están beneficiando de esta crisis socio ambiental.
Debe el Gobierno de Santos, en representación del
Estado, activar todos los dispositivos y equipamientos para atender, favorecer
y defender a los ciudadanos que se encuentran dispersos a lo largo y ancho del
territorio nacional afectados por las crisis socio ambientales, pero también
llamar la atención de los organismos de control, Procuraduría y Contraloría,
para vigilar la función pública, en especial lo que tiene que ver con la
efectiva y eficiente administración de cuantiosos recursos fiscales, que
deslegitiman al Estado y naturalizan la corrupción.
[1] Este
artículo fue publicado por El Pueblo, sábado 23 de febrero de 2013.
[2] “Informe:
los puentes ‘voladores’ que no han logrado convencer en Roldanillo. El Valle del Cauca es el departamento que
registra el mayor número de irregularidades por obras del programa Colombia Humanitaria
que aún no inician o presentan grandes retrasos.” El País, 8 de febrero de
2013.
[3] Informe
Mundial de Corrupción “Cambio Climático”. Estados Unidos: Transparency International, 2011.
