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miércoles, 6 de noviembre de 2013

ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN EN COLOMBIA

Acumulación por desposesión en Colombia

Por
Hernando Uribe Castro
Magíster en Sociología, estudiante del Doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle y profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente.

Para los agentes del capitalismo impulsores del modelo extractivista en América Latina y Colombia, los elementos de la naturaleza como el agua, la tierra, el subsuelo, el aire y el oxígeno, son recursos que poseen una valoración económica al ser convertidos en materia prima. Pero estos mismos agentes no realizan una valoración en términos de lo que significa hacer uso de estos elementos de la naturaleza y de los impactos que puedan ocasionar al cambio climático y a la variabilidad climática en los territorios locales. Existe, así, una paradoja en la relación capital y naturaleza.

En Colombia, esta paradoja se evidencia de manera muy clara, cuando se plantea la necesidad de conservar y proteger los espacios biodiversos, pero al mismo tiempo, los planes de desarrollo nacional, como lo ha sido en Colombia el Plan “Prosperidad para todos” del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, impulsan megaproyectos extractivos con impactos en las condiciones ambientales y sociales de muchos lugares del país con agricultura extensiva como la caña de azúcar, represas y proyectos hidroeléctricos (Urra 1, Anchicayá, Sogamoso, Quimbo, Pescadero Ituango, Salvajina), extracción de minería como lomitas en el Cesar (carbón), minería de oro en Marmato y Zaragoza, entre otros de los muchos casos existentes a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Proyectos que vinculan al Estado que actúa como promotor y fiscalizador aportando dineros del presupuesto nacional y las Corporaciones globales con intereses privados, de la que también se benefician las organizaciones globales del sistema financiero. Repercusiones que van a expresarse en las condiciones de miseria y pobreza para millones de colombianos así como la destrucción del todo el ecosistema natural. Estas son las borrosas fronteras del Estado y los grupos privados.

Aquí es importante el concepto la acumulación por desposesión propuesto por David Harvey en su libro “El nuevo imperialismo” (2003) : “la mercantilización y privatización de las tierras y la expulsión por fuerza de las poblaciones campesinas; la conversión de varios tipos de derecho de propiedad (comunal, colectiva, estatal etc.) en derechos de propiedad privada exclusivos; la supresión del acceso a bienes comunales; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas (indígenas) de producción y consumo; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de bienes (incluido los recursos naturales); la monetización del intercambio y los impuestos, en particular sobre la tierra; la trata de esclavos; y la usura, la deuda nacional y más recientemente el sistema de crédito.”

En Colombia esto se traduce en la ola de privatizaciones y todo tipo de megaobras como hidroeléctricas, embalses, autopistas, sobre los territorios locales y comunitarios, ahora convertidos en enclaves por parte de las empresas y corporaciones para su explotación, con impactos severos por las condiciones de despojo de comunidades y las dinámicas del desplazamiento promovidas, no solo por el conflicto armado, sino también promovido en nombre del “desarrollo”.

Frente a esta situación, existen reacciones sociales, en forma de protesta y movilización social motivada por organizaciones sociales, algunas de ellas, vinculadas a movimientos sociales. Protestas muy recientes contra la privatización de la educación, la salud, los servicios básicos (energía, acueducto, alcantarillado, entre otros), así como su oposición a la crisis de la seguridad alimentaria, a las hidroeléctricas, la extranjerización de tierras y a la monopolización de la tierra y la producción. Todas estas protestas realizadas por los campesinos, grupos indígenas, comunidades afrodescendientes, estudiantes, empleados del servicio de salud y profesores oficiales entre otros actores sociales, muchas veces son criminalizadas. Algunos líderes sociales han sido asesinados y otros amenazados o desterrados. 

La sociedad civil, la academia y la comunidad en general tenemos una obligación no solo de ser interlocutores ante el gobierno sino de seguir pensando alternativas y expresando nuestra inconformidad con estos gobiernos cuyas decisiones atentan contra el buen vivir de la gente y su ambiente.

      

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Columna de opinión publicada por EL PUEBLO, el 3 de noviembre de 2013

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