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martes, 28 de julio de 2015

LADERAS DE CALI: DESTRUCCIÓN ECOLÓGICA Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Laderas de Cali: destrucción ecológica y degradación ambiental*

Por:
Hernando Uribe Castro
Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER
Profesor de la Universidad Autónoma de Occidente
Estudiante del Doctorado en Ciencias Ambientales, Universidad del Valle

Una de las atracciones naturales más hermosas que poseía Santiago de Cali en el pasado era, precisamente, el paisaje cordillerano boscoso que sobresalía sobre los Farallones de Cali y sus variadas tonalidades de verde. Un lugar que con el paso del tiempo se va destiñendo y transformándose por los diferentes impactos de las actividades humanas.

Hoy en día, se presencian los fuertes impactos causados por los asentamientos humanos (legales, ilegales e informales), así como por las diferentes actividades agrícolas, mineras y de explotación maderera. Todo un proceso de destrucción ecológica y transformación paisajística por quemas, tala de bosque e incendios. Desde el mirador de la Iglesia de San Ignacio de Loyola en Terrón Colorado con vista hacia el cerro de las Tres Cruces, el panorama es desalentador, pues la actividad extractiva destroza este cerro.

Actividad extractiva sobre la cuenca del río Cali. Frente a la Iglesia San Ignacio de Loya
Carretera vía al mar - Cali. Fuente: Google Earth.

De este modo, el impacto no solo tiene que ver con el agotamiento y la contaminación del agua, el aire y la erosión del suelo, sino también con los conflictos sociales relacionados con las actividades legales e ilegales producidos por la extracción de los elementos de la naturaleza y por el mercado de tierras para procesos de urbanización.

Pero no basta únicamente con percibir el daño, es necesario llevar a cabo las investigaciones académicas y legales para determinar responsables, impactos y problemáticas relacionadas con el conjunto de estas actividades.

Mientras que las comunidades han alertado sobre la situación delicada que se está dando con respecto a la extracción de minerales, de roca y vegetación sobre la cuenca del río Cali y Aguacatal, las autoridades ambientales y la fuerza pública poco hacen por impedir que en estos sectores se continúe destruyendo la naturaleza. Algunos ejemplos son: el caso de la minería en Peñas Blancas, en el lugar conocido como Minas del Socorro, El Alto del Buey y las canteras en Normandía.

Con respecto al primero, en un reportaje de mayo del presente año, el periódico El País en entrevista al director Territorial Pacífico de Parques Nacionales, expresaba que: existían 622 hectáreas afectadas, Uno de los ecosistemas más diezmados es el de bosque alto andino, rico en especies vegetales como el roble y el encenillo y todo tipo de aves que ven amenazada su hábitat.” (El País, 14 de mayo de 2015). La actividad ilegal ha llegado, incluso, a cambiar el cauce de la quebrada del Socorro que es afluente del río Cali por medio de un  túnel artificial de 30 metros de largo que transporta estas aguas hacia el río Anchicayá en la vertiente Pacífico.

Con respecto al segundo caso es el Alto del Buey, ecosistema de páramo y bosque andino en el que existen evidencias de campamentos para la extracción minera. Sobre este hecho escasea la información. Acceder al lugar es todavía mucho más riesgoso.

El tercero de los casos, es el de las canteras en Normandía. En informe de prensa de 2008, El Tiempo, titulaba “Cierran minas en las tres cruces” y se informaba que: “Las canteras fueron cerradas por la Administración municipal después de que el Juzgado 14 Administrativo del Circuito de Cali ordenara al alcalde Jorge Iván Ospina suspender la explotación ilegal a raíz de una acción popular instaurada por un grupo de ambientalistas contra el municipio. Las canteras de altos de Normandía eran explotadas por 60 personas. La inspectora de Policía, Olga Lucía Becerra, dijo que debía respetarse los derechos de estas personas que dependían de este trabajo, pero aclaró que de por medio estaba un derecho colectivo por un ambiente sano. Becerra dijo que la explotación se hacía de manera ilegal, generando muchos inconvenientes para el sector.” (El Tiempo, 23 de octubre de 2008).

En 2011, sobre este mismo caso, el periódico Occidente titulaba "Mina de Piedra Laja en Altos de Normandía será cerrada definivamente". En este reporte informaba que la Secretaria de Gobierno de Cali, Ingeominas y CVC, habían realizado visitas técnicas y habían logrado evidenciar el daño ecológico por la explotación de piedra laja. La Fundación Biodiversidad había realizado una acción popular para detener estas actividades y el cierre definitivo de estas canteras y se dispuso del cierre de caminos y senderos que conducen a este lugar y la instalación de un puesto de policía ambiental. (Occidente, 30 de septiembre de 2011)

Un vistazo hoy en día a todos estos hechos, Minas del Socorro, Alto del Buey, por solo nombrar algunos casos, permite establecer que las actividades continúan. De inmediato nos surgen interrogantes:

¿Qué está sucediendo en las laderas de Cali? ¿Si existe una normatividad legal ambiental, por qué no se hace cumplir? ¿Por qué los agentes del Estado prolongan en el tiempo las acciones que debieron de ejercerse hace tiempo? ¿Por qué, y a pesar, de que el Plan de Desarrollo de Cali se considera el más ambiental, se continúa sin ejercer el control sobre estas zonas para evitar la presencia de estas actividades destructoras de las cuencas hídricas? ¿Existen personas, grupos y/o organizaciones ya identificadas y judicializadas por estas actividades? ¿Por qué, conociéndose estos hechos, el proceso de destrucción continúa? ¿Dónde están los agentes del Estado encargados y responsabilizados por estos hechos? ¿Por qué se atacan algunos casos como el de jarillón y por qué otros se callan e invisibilizan?

Y peor aún, ¿Acaso empresarios, políticos o agentes privados con mucho poder en los espacios de decisión local, están detrás de estos intereses económicos y actividades extractivas ilegales?

* Publicado por El Pueblo, 1 de agosto de 2015.


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