Este es un espacio que propone reflexiones y debates sobre la inter-retro-conexión sociedad en la Naturaleza y la Naturaleza en la sociedad.

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lunes, 17 de diciembre de 2018

GRANDES EVENTOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO


Grandes eventos sobre cambio climático

Por
Hernando Uribe Castro
Doctor en Ciencias Ambientales

Llama profundamente la atención que a pesar de la lucha contra el cambio climático en diferentes partes del mundo, los resultados demuestren que las cosas en este tema cada día son más preocupantes. Lucha que se ha materializado especialmente con los eventos globales denominados Conferencia sobre Cambio Climático promovidos por la ONU.  El más reciente de ellos realizado en diciembre de 2018 en Polonia.

Organismos como Intergovernmental Panel on Climate ChangeIPCC- ponen en evidencia que las emisiones de dióxido de carbono no se detienen, en países como China (4,755) y Estados Unidos (2,5%) y que se espera que en este camino, entre los años 2032 y 2052, se supere el tope de la temperatura mundial por encima de 1.5 grados [1].

Surge la pregunta si ¿son suficientes estos eventos para ir hacia un rumbo distinto que impida el camino  hacia la destrucción? Este ha sido un espacio en el que convergen todos los países en espera de avanzar, no solo hacia un entendimiento del problema, sino a la búsqueda de soluciones y alternativas. Pero por lo visto, estos intentos quedan insuficientes debido a la indiferencia de agentes corporativos frente a estos temas, así como por el tipo de discurso “elevado” y muy “técnico” con el que se trata la profundidad del cambio climático  que no alcanza a ser comprendido por los ciudadanos.

En el presente, existe un flujo de grandes capitales económicos avalados por decisiones políticas que deben invertirse en la lucha global contra el calentamiento global, pero también es evidente que parte de esas grandes inversiones quedan en las redes de corrupción y de las clientelas políticas en los diferentes países. Corrupción que se manifiesta en las diferentes dimensiones: manejo de recursos públicos, obras mal diseñadas y construidas, sobornos a agentes, construcción de políticas nocivas para la naturaleza, toma de decisiones gubernamentales que afectan los intereses comunitarios, pago a redes criminales, políticas que avalan actividades extractivistas, entre otras. El agua se convirtió en un negocio y no un derecho. La tala aumenta y la desertificación no se detiene.

Pienso que los agentes dinamizadores del mercado que toman las decisiones estructurales de los negocios globales, así como muchos gobiernos, aún no han interiorizado –y no tienen interés alguno en que les llegue a interesar-, la preocupante situación de planeta en términos de los factores que producen los gases de efecto de invernadero y la contaminación de todos los ecosistemas del mundo a pesar de todas las evidencias ya existentes.

Aún se percibe una marcada prioridad de los agentes del mercado por la acumulación del capital a partir de la explotación incesante de los elementos de la naturaleza y de la explotación de la mano de obra humana de masas de poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad en los países más pobres, que no solo ven sus recursos explotados, sino que quedan con sus territorios destruidos.

En América latina, el viraje hacia gobiernos de extrema derecha como en Brasil, Argentina y Colombia, es de una inmensa preocupación no solo por los efectos sociales sino también para los ecosistemas estratégicos. Y estos virajes afectan la disposición que se tiene en la lucha contra el cambio climático. Gobiernos preocupados más por los negocios, las redes comerciales, los tratados internacionales, la forma de hacer más dinero, que por el bienestar de la población y del ambiente natural.

Se percibe también un inmensa brecha entre los hallazgos producidos desde el mundo científico por los temas ambientales -que están en sintonía con las demandas y denuncias que hacen los pueblos ancestrales y las comunidades locales que sienten en carne viva los efectos de la destrucción de la vida en el planeta-, frente a los espacios del mundo político donde se toman las decisiones estructurales de los países y los espacios de las grandes organizaciones corporativas, muchas de ellas más poderosas que los mismos Estados en el mundo.

La sociedad civil, las organizaciones sociales de bases y los movimientos sociales ambientalistas y ecologistas, continúan su trabajo de defensa y protección. A veces con altos costos humanos en el sentido de que muchos líderes son asesinados y desparecidos. No obstante, existe también una gran masa de ciudadanos que aparece con un actor negligente y poco interesado.

Panorama preocupante y a veces desolador.






[1] Según el IPCC “Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate.” (IPCC, 2018, p. 6).

martes, 16 de octubre de 2018

Hernando Uribe Castro en la Feria del Libro de Cali, 2018.
"La Laguna de Agua Grande: conflicto ambiental en la Laguna de Sonso"

martes, 25 de septiembre de 2018

LA LAGUNA DE AGUA GRANDE: CONFLICTO AMBIENTAL EN LA LAGUNA DE SONSO EN COLOMBIA



Libro: La laguna de agua grande. Autor: Hernando Uribe Castro

Narran los historiadores, que cuando los conquistadores españoles llegaron al valle geográfico del río Cauca, se toparon con la Laguna de aguas grandes, lugar en donde las comunidades indígenas realizaban actividades de pesca, y cuyo paisaje era de una belleza incomparable. En el siglo XX, el proceso de modernización del Valle del Cauca, la construcción de vías, la expansión cañera y otras actividades afectaron este importante ecosistema de humedal y a las comunidades que habitaban en él. Desde hace cinco décadas, los pescadores, pequeños agricultores y habitantes, así como las universidades e instituciones educativas, agencias del Estado y entes internacionales, han tratado de protegerla, defenderla y cuidarla de los daños producidos por la avaricia de agentes privados. Ella se ha convertido en símbolo de la biodiversidad, de la huella de un pasado rico en flora y fauna y de la resistencia de las comunidades por la defensa del territorio. La Laguna de Sonso es belleza, es diversidad, conservación y naturaleza, es educación y sustentabilidad (Uribe, 2018).

viernes, 3 de agosto de 2018

CONFLICTO AMBIENTAL DEL HUMEDAL EL CORTIJO, CALI - COLOMBIA.


Conflicto ambiental del Humedal El Cortijo, Cali-Colombia

Por
Hernando Uribe Castro
Doctor en Ciencias Ambientales

Las políticas y estrategias que promueven los procesos de modernización para la ciudad de Cali (capital del Valle del Cauca), han estado enfocadas en la construcción de infraestructuras y megaproyectos, así como en la ampliación del espacio urbano, que poco a poco, absorbe antiguas zonas rurales, caracterizadas por poseer diversos tipos de ecosistemas de gran fragilidad e importancia para la sustentabilidad de la vida.

La geofagia urbanizadora en el sur de Cali, promovida por los agentes del Estado, las Corporaciones, así como por las empresas inmobiliarias y constructoras, han afectado directamente el sistema ecológico de la zona. Solo basta observar los efectos de la canalización de los ríos Cañaveralejo, Meléndez y Lilí por parte de las instituciones del Estado hacia finales del siglo XX, para evidenciar el alto costo ambiental de esta intervención humana sobre la plataforma ambiental.

Un proceso expansivo y destructor de naturaleza que, desde entonces, no se detiene, e incluso, se percibe en aumento, materializado en el conjunto de construcciones de nuevas urbanizaciones, condominios, obras e infraestructuras para la ampliación de vías y proyectos urbanos. Poco a poco se abre el espacio para el mercado del suelo y su transformación de renta rural a renta urbana.

Estas políticas de desarrollo, lideradas desde la Administración Municipal de Santiago de Cali, desconocen la importancia de la conservación y protección de estas áreas que son sensibles ecológicamente y, que además, cumplen funciones especiales para la plataforma ambiental del territorio. Políticas que van en contravía a lo estipulado por la Convención Marco sobre el Cambio Climático, así como con la Política de Protección Jurídica de Humedales (Ley 99/1993, o por ejemplo, la Resolución VI.18 de la COP de la Convención Ramsar, entre otras).

No se pude olvidar que los humedales son ecosistemas que poseen diversidad de flora y fauna, y desempeñan funciones hidrológicas, climáticas y de regulación microclimática. El Humedal El Cortijo se ubica junto al río Lilí en el sur de Cali. Sobre este escenario, se lleva a cabo un Megaproyecto  de infraestructura (Un “Complejo de Servicio de Transporte” que incluye la Terminal del MIO y, que seguramente involucrará también, una Terminal del Transporte Intermunicipal e Interdepartamental), obra que degrada este preciado ecosistema, el cual hace parte de todo el sistema hidrológico del río Lilí y de la cuenca del Alto Cauca. Un humedal que aporta a la conservación de la fauna y flora existente en esta parte del territorio, así como a la regulación de las aguas del río Lilí. Incluso, es una zona con un potencial arqueológico, pues sobre este lugar habitaron comunidades indígenas prehispánicas.

Frente a este megaproyecto, las comunidades y organizaciones de vecinos del sector del Valle del Lili se han dado en la lucha por la defensa de éste humedal y su entorno, a través de distintos repertorios de acción colectiva como por ejemplo, la lucha jurídica por la defensa del humedal, así como por otras vías como la protesta social ambiental (marchas, bloqueos de vías para evitar el ingreso de maquinaria, las concentraciones, etc.) y la movilización de la opinión pública (las asambleas, los afiches informativos y las entrevistas en medios noticiosos locales).

La lucha de las comunidades vecinas, y grupos sensibles, en defensa del humedal, continúa día a día. Y más aún, cuando de forma organizada, trabajan con argumentos jurídicos y políticos. Incluso, estableciendo alianzas estratégicas con otros actores sensibles a estas problemáticas como organizaciones de ambientalistas, universidades, veedurías ciudadanas y juntas de acción comunal.

La obligación de las agencias del Estado es controlar y ordenar todo este proceso. No se entiende qué papel ha cumplido la política de ordenamiento territorial en cuanto a la conservación de estos ecosistemas estratégicos. Se percibe unas instituciones del Estado que impulsan políticas extractivas de ecosistemas y recursos, en beneficio de los proyectos de desarrollo, megaobras y todo tipo de infraestructuras insustentables e insostenibles. Obras, que como muchas otras realizadas en el país, seguramente benefician las arcas privadas de los inversionistas privados y corporativos, en detrimento de los elementos de la naturaleza y la diversidad de la vida.

El pensamiento y la acción ambiental y ecologista actual, ayudan a comprender propuestas y rumbos de acción, para transformar realidades adversas, y contrarrestar los efectos negativos de una humanidad egoísta y con inclinaciones a la destrucción de su nicho planetario.


jueves, 21 de junio de 2018

COMUNIDADES DESPOJADAS Y "DESCAMPESINIZADAS"


Comunidades despojadas y “descampesinizadas”

Por:
Hernando Uribe Castro
Doctor en Ciencias Ambientales

Hernando Uribe Castro
En la segunda mitad del siglo XX y lo que ha corrido del siglo XXI, la ciudad de Cali se convirtió en foco de llegada de población despojada y desplazada por motivos tales como: conflicto armado (Caso en el Macizo Colombiano y todo el Pacífico), desarrollo de megaproyectos agenciados por el Estado (casos represas de Salvajina y Anchicayá), actividades extractivas legales e ilegales (casos río Dagua y Departamentos del Cauca y Chocó), eventos por desastres (caso Tumaco), narcotráfico (todo el suroccidente y zona cafetera desde el Departamento de Antioquia hasta la frontera con Ecuador), agresiones-persecución y muerte a líderes y lideresas (provenientes de todo Colombia), entre otros.

Por sólo citar algunos datos recientes (para el caso concreto del Pacifico colombiano) y aportados por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), “Entre 2010 y 2017, han ocurrido por lo menos 576 eventos de desplazamiento masivo[1] y múltiple, lo que corresponde al 71% del total eventos en el país 170.000 personas que equivale al 81% total de las víctimas identificadas en el monitoreo”[2].

Esta población, en su mayoría campesina, afrodescendiente e indígena, enfrenta la situación de despojo y desplazamiento forzoso y se ve obligada a salir de sus tierras para llegar a  centros urbanos como la ciudad de Cali. En este lugar, las familias víctimas enfrentan la vida urbana en espacios que son marginalizados y segregados como sucede con los asentamientos informales, muchos de ellos considerados por los agentes del Estado como “invasores”. Fueron víctimas por el despojo en su lugar de origen y, una vez en la ciudad, revictimizadas como “invasores”.

Es un hecho que los asentamientos informales en Cali siguen en aumento. Cada día, aparecen noticias sobre los intentos realizados por grupos de población por tomar tierras mediante vías de hecho en zonas de alto riesgo para construir sus viviendas, incluso enfrentando la fuerza pública. Según se anuncia, “En las 133 invasiones que hay actualmente en Cali habitan 150.000 personas, de las cuales al menos un 40 % se encuentran en zonas de alto riesgo no mitigable, es decir, cerca de 62.000 personas”[3]

Históricamente, las autoridades locales utilizan diferentes repertorios de acción para enfrentar la proliferación de estos asentamientos, los cuales van desde: el uso de la fuerza pública (para atender los nuevos casos de intentos de formación de asentamientos humanos informales), la ejecución de políticas de relocalización (para la población que viven en asentamientos que llevan décadas de existencia y que se perciben en riesgo por ubicarse en zonas de alto riesgo) y para una gran mayoría de casos, se produce la “formalización” y “regularización” de los asentamientos, sobre todo cuando no son atendidos o no se les ha prestado la atención debida.

Para el caso de los asentamientos informales ya establecidos desde hace algunos años y que se encuentran en zonas consideradas como de alto riesgo -como sucede con los existentes en el jarillón, Charco Azul, Pondaje o en algunas zonas de ladera-, las soluciones planteadas están enfocadas a las políticas de relocalización y reagrupamiento; es decir, se producen políticas de relocalización de familias que viven de modo informal en diferentes zonas de la ciudad, en su mayoría de origen campesino, y se reagrupan en zonas de urbanización conformadas por casas o apartamentos entre 28 y 35 m². Todo ello, como parte de las políticas públicas de vivienda que albergan a la población sin acompañamiento de parte de las instituciones del Estado y confinadas a vivir en estos lugares reproduciendo, en algunos casos, la segregación, la marginalidad, la miseria, la violencia y la criminalidad.

Un caso claro de reagrupamiento de población confinada a vivir en una zona de urbanización catalogada hoy como una de las más violentas de la ciudad es la Urbanización "Potrero Grande" en el oriente de Cali. Se trata de una población que continúa siendo marginalizada, estigmatizada y confinada por las autoridades, física y simbólicamente, a realizar sus vidas en estos lugares. Lugares sobre los que se ejerce, lo que hemos denominado en otros momento, un “encerramiento simbólico”, a pesar de que no existe una malla o reja que la separe de los demás lugares de la ciudad[4].

Esto es, en otras palabras, un proceso de urbanización de familias campesinas cuya condición de vida expresa, como lo dice Garay, “serios problemas de exclusión y marginalidad”[5]. Fíjese que no son políticas de retorno a sus lugares de origen, o políticas que refuercen la restitución de tierras. Es sabido que en Colombia, han existido dificultades para hacer posible el cumplimiento de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Todavía se dan pasos lentos en este sentido, y los resultados no han sido los esperados ni los proyectados por la complejidad de lo que significa el retorno de los campesinos al campo en un país donde los espacios rurales continúan cooptados por nuevos grupos delincuenciales, neoparamilitares, disidencias y redes criminales.

Con un agravante, y es que conociendo el ambiente que rodeará al nuevo gobierno nacional elegido el 17 de junio del 2018, y cuya meta anunciada fue “hacer trizas el Acuerdo de Paz”, se prevé un escenario en el que el proceso de paz ingresará en su peor crisis. Proceso del que depende la convivencia en el campo, el retorno de los campesinos y la implementación de todas las políticas que favorecen a las víctimas, las comunidades y sus territorios. Por lo visto, el aumento en número de comunidades “despojadas”, campesinos “descampesinizados” y “proletarizados” y reagrupados en zonas de urbanización en las ciudades en Colombia será parte del diario vivir.

A pesar de ello, en Colombia, todavía existen familias, grupos y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que se resisten a dejar sus tierras, sus pertenencias, su lugar de vida; a dar la luchar por lo que son y a defender el terruño para resistir los embates de un modelo de sociedad arrasadora y "descampesinizadora", de unas políticas agresivas y lesionarías y unas redes criminales que van por sus pertenencias, sus fuentes productivas y sus bienes de la naturaleza.



[1] "De acuerdo con el Decreto 2569 de 2000, se entiende por desplazamiento masivo un evento en el que se desplazan por lo menos 10 familias o 50 personas, por las mismas circunstancias. De acuerdo con la metodología de CODHES, un desplazamiento múltiple, es todo aquel que supera las 10 personas, pero no alcanza a ser masivo." (Codhes, 2017).
[2] CODHES, (2017). Boletín CODHES, no. 93. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Bogotá, noviembre de 2017. p. 2.
[3] El País, (2018). 62 mil personas que viven en invasiones de Cali están en alto riesgo. Junio 12 de 2018.
[4] Uribe-Castro, H., Holguín, C. J., & Ayala-Osorio, G. (2016). De “invasores” a población urbanizada: encerramiento simbólico de los habitantes de Potrero Grande en Cali-Colombia. PROSPECTIVA. Revista de Trabajo Social e Intervención Social, (21), 181-211.
[5]  Garay, L. J. (2009). El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: reparar de manera integral el despojo de tierras y bienes. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, Bogotá. p. 74.

martes, 8 de mayo de 2018

EL MERCADO DEL MIEDO


El MERCADO DEL MIEDO

Por
Hernando Uribe Castro
Doctor en Ciencias Ambientales

E. Galeano (1998), afirmaba que “muchos de los grandes negocios promueven el crimen y del crimen viven”.  No es raro entonces que gobiernos, corporaciones, entes del control y autoridades, estén interesados en la producción y reproducción de los miedos. Los espacios de la vida están saturados de todo tipo de mecanismos, aparatos o sistemas de control y vigilancia producidos, distribuidos, comercializados y consumidos por todos los lugares del mundo. Están en el subsuelo, la superficie terrestre y el espacio exterior. No hay dimensión planetaria en donde no estén presentes.

Y esta situación ha sido de gran beneficio lucrativo tanto para las multinacionales especializadas en el negocio de la vigilancia privada, como para las corporaciones globales que abastecen al mundo de armamento y artefactos de guerra. En calles, plazas, espacios privados y públicos, la vida cotidiana está rodeada de circuitos cerrados de televisión, alarmas por monitores, cámaras de seguridad que controlan a la población, sistemas satelitales de vigilancia, dispositivos móviles vigilados, seguimiento a llamadas y uso de internet y  todo tipo de avance tecnológicos. ¿Seguridad o libertad? es la paradoja reflexiva sobre la que orbita el pensamiento de Foucault.

El geógrafo R. Méndez (1997), había señalado hace veinte años atrás que la tercera revolución puede caracterizarse por el desarrollo de “la técnica para el diseño y producción de circuitos electrónicos en miniatura mediante el uso de elementos semiconductores, su rápido desarrollo en las últimas décadas tiene como punto de partida el descubrimiento del transistor (1947), para atravesar una serie de etapas sucesivas marcadas por la aparición del circuito integrado (1957), el procesador planar (1959) y el microprocesador (1971)” (Méndez, 1997, p. 164)

En este contexto de civilización, sobre cada ser humano recae la sospecha. No existe espacio que no esté vigilado, controlado, manipulado por sistemas de información y vigilancia. Estructura social de la vigilancia que opera en la estructura mental y cognitiva de los individuos. Controles y autocontroles operan como complementos. Monitores, cámaras ocultas, pantallas y espejos como paredes, software de escaneo de cuerpos con rayos que traspasan la piel y los órganos, rejas eléctricas y electrónicas operadas por computadores o vigilantes que afinan el ojo para captar a los intrusos, los expías, los suspicaces e “indeseados”.

Miedos, in-seguridades, desconfianzas que pesan sobre los cuerpos de cada habitante.  Cada ser viviente que se moviliza, que respira, que suspira, que se comunica, y que posee su propia historial,  es reconocido y se convierte en objeto de vigilancia, en “cosa” a la que se le debe prestar toda la atención. Como lo he manifestado en varias oportunidades, se ha llevado al extremo de hacer pensar y sentir que “todo ciudadano es potencialmente culpable de algo” y por tanto es una potencial amenaza. 

Galeano nos evoca una frase de empresario “Nuestra mejor publicidad son los noticieros de la televisión” (Galeano, 1998, p. 108). Noticieros que in-forman hechos noticiosos todos los días sobre el dolor de la gente, el crimen formal e informal, la guerra “embellecida” con sonidos de sirenas, misiles que caen sobre pueblos como estrellas fugaces que se descuelgan del cielo, luces de ambulancias que iluminan las oscuras calles urbanas, agentes militares, de policía y autoridades que atrapan, encarcelan y exigen orden. El mercado lingüístico socializado por gobiernos y medios masivos que se encargan de reproducir cotidianamente el miedo y la in-seguridad, así como del control y la vigilancia han aumentado.

Sin duda alguna, las corporaciones globales y nacionales, el mercado de la in-seguridad y el oficio guerrerista en todo el mundo están ampliando sus arcas y ganancias porque con la construcción social del miedo se logra excedentes de rentabilidad, dividendos que representan gigantescos capitales. No es extraño entonces que entre más vigilancia, más inspección, más autoridades policiacas y militares, aumente exponencialmente el miedo y la in-seguridad. La sociedad se arma, el Estado se arma, las corporaciones se arman. Galeano nos recuerda en este sentido que, “el miedo es la materia prima de las prósperas industrias de seguridad y del control social” (1998, p. 107). Así como el miedo puede aproximarnos, también puede producir la destrucción de la solidaridad, la confianza y la palabra.

Sin duda alguna, la construcción del miedo, que es social y ambiental, está abarcando todas las dimensiones de nuestra existencia. Miedos que al estar incorporados en nuestros cuerpos y nuestras almas no permite que los miedos del exterior nos reduzcan a migajas y polvo.


viernes, 16 de marzo de 2018

CALI Y SU SOSTENIBILIDAD DÉBIL

Cali y su sostenibilidad débil

Por: Hernando Uribe Castro
Doctor en Ciencias Ambientales


A lo largo de las últimas décadas en la ciudad de Cali -así como en muchos otros lugares de Colombia, América Latina y el mundo-, los gobiernos locales y nacionales, organizaciones internacionales y Corporaciones globales han puesto en el discurso del Desarrollo Sostenible una profunda confianza que -como fundamento de las agendas del desarrollo, como instrumento político y económico, como medidas, mecanismos y prácticas sociales-, conducirá hacia unos escenarios más ecológicos y responsables ambientalmente. 

A pesar de ello, en lo concerniente a la sostenibilidad urbana, las evidencias muestran claramente que la expansión urbana y la dinámica de la ciudad no solo son insostenibles, sino que además caminan, vía a la profundización de la insostenibilidad. No solo porque a lo largo de su historia, el denominado desarrollo urbano produjo efectos irreversibles sobre aquellos ecosistemas sobre los que se asentó la ciudad, sino también porque esta urbe que se construye hoy en día, evidencia escenarios poco ecológicos y ambientalmente más insustentables.

La expansión urbana sobre antiguas zonas de humedal (conflicto Humedal El Cortijo), la creciente urbanización sobre las zonas de ladera de los ríos (El caso de la urbanización en el sector de Pance), la transformación del paisaje boscoso por patrones de asentamiento de fincas de veraneo (En las zonas del río Cali y Aguacatal, así como el sector de La Buitrera), la canalización de los ríos (como el río Cañaveralejo) y el incontenible mercado del suelo hacia el sur de la ciudad en conexión con la urbanización en Jamundí, son muestras claras de todo este proceso.

Es evidente todavía que, ni las instituciones, ni sus agentes-, tienen claridad sobre la importancia de los principios de responsabilidad ambiental. La sostenibilidad es usada por agentes e instituciones como un concepto más que adorna los proyectos planteados, como para cumplir con las demandas exigidas por las agencias globales ambientales, pero en la práctica, su sentido se desvanece.

No basta con dejar unas cuantas zonas verdes, limpiar calles, sembrar algunos árboles. La responsabilidad ambiental es un proceso más profundo que tiene que ver con un cambio sincero y genuino de una estructura social, mental y cognitiva por un ambiente sano y seguro. Unas políticas genuinas que contemplen la importancia de los elementos de la naturaleza (el agua, la tierra, el aire, la diversidad de especies) para la sustentabilidad de la vida de humanos y de las demás especies.

Antes de responder cómo hacer de Cali una ciudad sostenible, es necesario pensarse porqué prevalecen las prácticas de insostenibilidad e insustentabilidad. Infortunadamente, la organización del sistema político, de la administración local, departamental y nacional del Estado está elaborada sobre bases de fragmentación y departamentalización que hacen de sus acciones limitadas cuando tienen que hacer frente a la resolución de problemas y conflictos. Resoluciones que también son respuestas fragmentadas, descontextualizadas y segregadas. A veces corroídas por la corrupción, el oportunismo y el clientelismo.

Y esta fragmentación no solo existe en la acción política institucional sino que se evidencia también en la mente de todos aquellos agentes que tienen el ejercicio del poder y de la toma de decisión. Hace falta pensar la integridad, la ciudad como un sistema que integra elementos ecológicos y sociales. La ciudad, lo urbano, no solo son cuestiones relacionadas con un sistema de objetos, sino que estos están en plena interacción con un sistema de acciones.

El ordenamiento del territorio no se debe dejar solo a los políticos y a las empresas inmobilitarias. Pensar un territorio es una tarea conjunta de todos los actores y agentes de la sociedad. No es para un club selecto que se dice profesional y sobre los que recae la vida de millones personas y de toda la trama de la vida existente en los territorios.  

¿Cómo frenar esta insustentabilidad? ¿Cómo comprometer a todos los agentes y actores sociales en el camino de la responsabilidad ambiental y con la vida? ¿Es posible un modelo urbano distinto y que ponga contrapeso a la injerencia de los especuladores, corruptos, clientelistas y depredadores de la naturaleza? ¿Cómo transitar de la sostenibilidad débil y de papel mojado a una sustentabilidad fuerte y profunda?